Clima, desigualdad y derechos:¿Qué significa hablar de justicia climática?
Noticias Clima, desigualdad y derechos: ¿Qué significa hablar de justicia climática? Lisbeth Camacho, gerente de transición energética justa y justicia climática Florencia García, analista en transición energética justa y justicia climática Miriam Silva, analista en transición energética justa y justicia climática Durante años usamos el concepto de calentamiento global para describir el aumento sostenido de la temperatura promedio del planeta. Más adelante comenzamos a utilizar el término cambio climático, que permitió comprender que el problema no se limita al incremento de la temperatura, sino que implica transformaciones profundas del sistema climático: alteraciones en los patrones de lluvia, fenómenos extremos como huracanes más intensos, sequías prolongadas y olas de calor más frecuentes. Estas alteraciones provienen de un modelo energético y productivo basado en la quema de combustibles fósiles, que ha incrementado de manera sostenida la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera. Sus efectos impactan de manera desigual a personas y ecosistemas, alterando ciclos naturales y poniendo en riesgo a múltiples especies. Por eso, hablar únicamente de cambio climático ya no es suficiente para entender la complejidad del fenómeno. Hoy el concepto de crisis climática nos permite comprender que estos fenómenos rebasan lo ambiental. No estamos ante un episodio aislado, sino ante las consecuencias acumuladas de decisiones económicas y políticas que siguen sosteniendo un modelo de desarrollo que concentra beneficios y distribuye riesgos de manera desigual. No se trata únicamente de reducir toneladas de carbono, sino de preguntarnos quién se benefició del modelo de desarrollo y quién está pagando sus consecuencias. Pero entender la crisis climática sin la variable de justicia, también resulta incompleto. La justicia climática reconoce que, dentro de esta crisis, no todas las personas han contribuido de la misma manera a la acumulación histórica de emisiones ni cuentan con la misma capacidad para enfrentar sus impactos. Quienes menos han emitido suelen ser quienes más sufren: pierden su vivienda ante un huracán, su cosecha ante la sequía o su salud ante el calor extremo. Además, reconoce que la crisis deteriora bienes comunes: bosques que regulan el agua, manglares que protegen las costas, suelos fértiles que sostienen la producción de alimentos y mares cuya biodiversidad garantiza equilibrio ecológico y sustento para comunidades enteras. Cuando la biodiversidad se erosiona, no solo desaparecen especies, se debilitan las redes que sostienen la vida y las economías locales. La dimensión de género no puede ignorarse. Hablamos de justicia climática cuando comprendemos que lo que está en juego no es sólo la temperatura promedio del planeta, sino la posibilidad real de ejercer derechos fundamentales para sostener la vida. El derecho a la vivienda se debilita cuando los eventos extremos se intensifican; el derecho al agua se tensiona cuando las sequías se prolongan; el derecho a la salud se compromete ante olas de calor cada vez más frecuentes. El derecho a un medio ambiente sano se pone en riesgo cuando los ecosistemas pierden su capacidad de regenerarse. La vulneración de estos derechos no depende solo de la intensidad de los fenómenos, sino de las condiciones sociales y económicas de cada persona. Esto marca la diferencia entre recuperarse en meses o quedar en precariedad durante años. La dimensión de género no puede ignorarse. En contextos de escasez o desastre, son con frecuencia las mujeres quienes asumen mayores cargas de cuidado y sostienen la reconstrucción comunitaria. Sin embargo, su trabajo sigue sin reconocerse y sus voces permanecen subrepresentadas en los espacios de decisión. Desde una perspectiva interseccional, también es necesario reconocer que pueblos originarios y comunidades afromexicanas han sido sistemáticamente desplazados de estas decisiones, mientras sus saberes se invisibilizan y sus territorios se convierten en escenario de proyectos que no siempre les benefician ni respetan su autonomía. Precisamente porque la crisis se vive de forma desigual y se entrecruza con múltiples vulnerabilidades, la respuesta debe ser integral y de largo plazo. Se requieren políticas que reduzcan emisiones de manera planificada, sin trasladar los costos de la transición a quienes ya enfrentan mayores desventajas, y que garanticen la participación vinculante de las comunidades más impactadas en las decisiones sobre su territorio. Democratizar la política climática es condición para que las soluciones sean legítimas y efectivas, y para fortalecer la organización colectiva y la voz de quienes históricamente han sido excluidos. Ante este panorama, debemos repensar el modelo de desarrollo. No es sostenible medir el éxito únicamente en términos de crecimiento económico cuando ese crecimiento depende de actividades que profundizan la crisis climática, amplían las brechas sociales y deterioran los sistemas naturales que hacen posible la vida. Las decisiones para el desarrollo deben alinearse con la protección de la vida, la equidad y el bienestar colectivo. Y aunque el reto es enorme, también lo es la capacidad de respuesta social. La esperanza no está en promesas vacías, sino en lo que ya ocurre en muchos territorios: organización colectiva que permite la defensa del agua, el cuidado de los ecosistemas y respuestas solidarias ante los riesgos. Si esa fuerza se acompaña de decisión institucional y de una inversión clara en alternativas sostenibles, podemos reducir emisiones, fortalecer la resiliencia y construir un futuro más digno para todas y todos. Texto publicado en: Animal Político, 26 de febrero de 2026, https://grupoanimal.mx/opinion/clima-desigualdad-derechos-justicia-climatica Facebook Twitter LinkedIn
Transporte limpio: un reto institucional y normativo con múltiples beneficios
Noticias Transporte limpio: un reto institucional y normativo con múltiples beneficios Carlos Mir, gerente de electromovilidad, Iniciativa Climática de México La descarbonización del transporte en México ya no es una aspiración lejana: es una necesidad inmediata. En un contexto en el que el país ha actualizado recientemente sus compromisos climáticos a través de la NDC 3.0, el sector transporte, aunque presenta grandes retos, ofrece también una de las mayores oportunidades para reducir emisiones de gases de efecto invernadero, de las que es actualmente el principal causante. La electromovilidad, en particular, surge como una pieza clave, no solo por los beneficios ambientales que puede generar, sino por sus posibles impactos positivos para la sociedad y la economía. Sin embargo, avanzar hacia un sistema de transporte de cero emisiones no depende únicamente de la disponibilidad de vehículos eléctricos. Requiere, sobre todo, de decisiones públicas bien articuladas, marcos normativos coherentes y una coordinación efectiva entre actores. La transición no solo es tecnológica: es institucional. La NDC 3.0 reconoce este desafío y plantea la necesidad de acelerar el paso hacia la implementación. Existe una brecha entre las promesas y la acción, que solo puede cerrarse mediante políticas públicas robustas, legislación adecuada y una visión integral del sistema de transporte, entendida como la articulación entre quienes tienen poder de decisión en los temas relativos a la movilidad de personas y mercancías, la infraestructura de carga, el sistema eléctrico, la planeación urbana y el desarrollo territorial. La electromovilidad tiene relevancia estratégica. Contribuye a reducir emisiones y tiene impactos positivos en la calidad del aire, la salud pública y la competitividad económica. Su despliegue efectivo depende de múltiples factores: desde la planeación del sistema eléctrico hasta el diseño urbano, pasando por incentivos fiscales, regulación de emisiones y acceso a infraestructura de carga. Coordinación institucional al centro La transición hacia la electromovilidad no puede abordarse de manera aislada desde un solo sector. Requiere coherencia entre políticas de energía, transporte, desarrollo urbano y cambio climático. La planeación territorial, por ejemplo, define patrones de movilidad; el desarrollo urbano condiciona la demanda de transporte; y la transición energética determina la capacidad del sistema eléctrico para soportar una flota electrificada. Sin esta alineación, cualquier esfuerzo será fragmentado e insuficiente. De igual forma, el marco jurídico desempeña un papel habilitador clave. Las leyes generales y la legislación estatal tienen el potencial de traducir los compromisos climáticos en acciones concretas. Desde la integración de la electromovilidad en leyes de movilidad hasta el diseño de incentivos fiscales o esquemas de financiamiento, el marco normativo puede acelerar —o frenar— la transición. La experiencia internacional lo demuestra: en Noruega, la claridad regulatoria y la planeación de largo plazo han dado certidumbre a fabricantes y al ecosistema industrial para escalar la oferta de vehículos eléctricos, logrando que más del 95% de los vehículos que se venden anualmente sean cero emisiones. En Costa Rica, por dar otro ejemplo, un marco legal adecuado ha facilitado el desarrollo de capacidades institucionales y de mercado para la introducción sostenida de estas tecnologías. Sin embargo, más allá de los instrumentos, lo que define el rumbo es la corresponsabilidad en la toma de decisiones, especialmente con la participación de actores diversos. Las organizaciones de la sociedad civil han sido fundamentales para posicionar la agenda climática y generar evidencia técnica. El sector público, por su parte, tiene la responsabilidad de traducir esa evidencia en política pública. Y dentro de este sector, tanto las autoridades federales como los gobiernos subnacionales y los órganos legislativos tienen un rol determinante. Parlamento Abierto sobre electromovilidad Es particularmente relevante el papel de los legisladores, quienes pueden impulsar reformas, crear marcos habilitadores y asignar recursos. La transición hacia la electromovilidad no ocurrirá sin decisiones legislativas que integren este tema entre las prioridades nacionales y locales. En ese sentido, los espacios de diálogo entre tomadores de decisión, expertos y sociedad civil son más necesarios que nunca. Desde la sociedad civil damos la bienvenida, el próximo 23 de abril, al Parlamento Abierto sobre electromovilidad, que se realizará en el Palacio Legislativo de San Lázaro. Este encuentro representa una oportunidad clave para avanzar en esta importante agenda. Esperamos que este espacio sirva para construir consensos, identificar barreras y, sobre todo, generar propuestas concretas desde el ámbito legislativo, social y técnico. La relevancia de este tipo de ejercicios radica en su capacidad para coordinar agendas. La movilidad, la energía, el desarrollo urbano y el cambio climático no se pueden tratar de manera aislada. La electromovilidad ofrece un punto de convergencia que obliga a trabajar de manera coordinada entre los distintos sectores. Sin embargo, más allá de los instrumentos, lo que define el rumbo es la corresponsabilidad en la toma de decisiones, especialmente con la participación de actores diversos. Las organizaciones de la sociedad civil han sido fundamentales para posicionar la agenda climática y generar evidencia técnica. El sector público, por su parte, tiene la responsabilidad de traducir esa evidencia en política pública. Y dentro de este sector, tanto las autoridades federales como los gobiernos subnacionales y los órganos legislativos tienen un rol determinante. Para que México cumpla con sus compromisos climáticos, es necesario acelerar la descarbonización del sector transporte. Esto no depende únicamente de la disponibilidad tecnológica, sino de la existencia de instituciones coordinadas, marcos normativos coherentes y mecanismos de decisión participativos y efectivos que permitan implementar la transición de manera estructurada. Texto publicado en: Forbes, 7 de mayo de 2026, https://forbes.com.mx/transporte-limpio-un-reto-institucional-y-normativo-con-multiples-beneficios/ Facebook Twitter LinkedIn
Restaurando bosques, cerrando brechas
Noticias Restaurando bosques, cerrando brechas Emilia Amezcua, investigadora en temas de movilidad y calidad del aire, ICM José R. Morales, gerente de cambio climático y biodiveresidad, ICM Cuando se habla de bosques suele hacerse desde el pasado, desde la elegía: el bosque que desaparece, el bosque que ardió, el bosque que alguna vez estuvo ahí. Ursula K. Le Guin, nunca errada, escribió que el nombre del mundo es bosque. La idea es radical: poco es paisaje, más bien es lo que contiene, organiza y hace posible la vida sobre la tierra. El 21 de marzo, Día Internacional de los Bosques, es una fecha para recordar e inundar todo espacio de las múltiples razones por las que estos ecosistemas son fundamentales: capturan carbono, regulan el ciclo del agua, protegen la biodiversidad. En otras palabras, sostienen nuestra existencia. En el contexto de la actual triple crisis planetaria (contaminación, pérdida de biodiversidad y cambio climático) donde los bosques se degradan, y a la vez, son compañeros fundamentales para mitigarla, el camino se bifurca entre la conservación y la restauración. Sin embargo, al poco tiempo ambos caminos convergen, pues estas acciones no ocurren en el vacío ni en espacios aislados, se desarrollan en territorios habitados por comunidades y pueblos que deciden quién y cómo se interactúa con los ecosistemas. La restauración de los bosques y de otros ecosistemas tiene un papel relevante por su impacto en la agenda de cambio climático y en la conservación de la biodiversidad. México, como parte de sus compromisos de acción climática, incluyó la restauración en la actualización de su Contribución Determinada a Nivel Nacional y, en 2025, publicó el Programa Nacional de Restauración Ambiental. En este renovado impulso y fervor político por restaurar los ecosistemas, es fundamental asegurar que las intervenciones en el territorio no profundicen las brechas históricas asociadas a la desigualdad de género en las comunidades. En México, entre hombres y mujeres persiste una brecha importante en la titularidad de los derechos agrarios, pues las mujeres poseen apenas el 27.47% de los derechos agrarios. Además, solo el 19.1 % de las unidades de producción agropecuaria están a cargo de mujeres. Más allá de datos estadísticos, estas son barreras estructurales: aunque las mujeres participan activamente en la producción de alimentos, en el manejo cotidiano de los recursos naturales y en las labores de restauración en campo, su contribución suele concentrarse en tareas no remuneradas o de bajo reconocimiento. En tanto, los beneficios económicos, el control de los recursos y el liderazgo formal permanecen mayoritariamente en manos de los varones. Cuando las mujeres no poseen la tierra de manera formal, quedan excluidas de incentivos gubernamentales, de apoyos para la restauración y de los espacios de toma de decisiones en ejidos y comunidades. Implica reconocer a las mujeres como guardianas de conocimientos sobre las especies en los ecosistemas, y que esos saberes deben formar parte de la base de cualquier intervención. Tradicionalmente, los proyectos de restauración se han diseñado bajo una supuesta «neutralidad de género», asumiendo que estas acciones benefician por igual a toda la comunidad. La realidad muestra lo contrario, si no se consideran las desigualdades estructurales, las medidas de mitigación corren el riesgo de ampliar las brechas existentes, sobrecargando a las mujeres con trabajo no remunerado y profundizando su ausencia en los espacios de decisión. Por ello, la restauración forestal debe concebirse como una medida transformadora de género. Esto significa que los proyectos no sólo tienen el potencial de recuperar ecosistemas por una agenda de carbono o biodiversidad, sino también de transformar las relaciones entre las personas y su vínculo con la naturaleza. Implica reconocer a las mujeres como guardianas de conocimientos sobre las especies en los ecosistemas, y que esos saberes deben formar parte de la base de cualquier intervención. Lograrlo no será sencillo. Los proyectos deben enfrentarse al menos a dos grandes retos. El primero es la desigualdad estructural, muchas mujeres trabajan parcelas que no están a su nombre y, por lo tanto, no pueden acceder a los beneficios económicos de la restauración. El segundo reto es la necesidad de incorporar presupuestos y mecanismos específicos con perspectiva de género en una medida que, por sí misma, ya resulta costosa de implementar de manera efectiva. Sin embargo, cuando las mujeres cuentan con autonomía económica y liderazgo técnico, la supervivencia y biodiversidad de las especies plantadas aumenta y la cohesión social se fortalece. Restaurar un ecosistema es un acto de justicia, en el cual se devuelve la vida a la tierra y, al mismo tiempo, se cuestionan las relaciones de poder que llevaron a su degradación, se recuperan saberes y procesos de memoria que ponen en el centro el cuidado del territorio, e integra a las mujeres rurales en la acción climática. Es importante recordar que la acción climática no es solo una cuestión de CO₂, sino también de derechos humanos. Las medidas que se implementen no deben —y no pueden— profundizar las desigualdades existentes en el territorio. Integrar la perspectiva de género en la restauración forestal es una condición necesaria para enfrentar uno de los mayores desafíos de nuestro tiempo, pues necesitamos que todas las vidas, humanas y no humanas, participen en la reimaginación y reelaboración de nuestro sistema planetario. El nombre del mundo es bosque porque ahí, entre robles, cedros y el canto de todas las aves, es posible encontrar relatos de cómo deberíamos ordenarnos para que la tierra y sus ciclos no nos sean ajenos. Que este 21 de marzo sea un punto de partida para que los bosques no sólo cuenten por sus árboles, sino también por su igualdad y justicia social. Texto publicado en: Greentology, 14 de abril de 2026, https://greentology.life/edicion-digital-gt/greentology-edicion-no-48-abril-2026-ciudades-y-territorios-sistemas-urbanos-para-la-sociedad-del-futuro/ Facebook Twitter LinkedIn
El desafío de llevar la NDC a la práctica y las posibilidades que abren las Plataformas País
Noticias El desafío de llevar la NDC a la práctica y las posibilidades que abren las Plataformas País Dylan Furszyfer, gerente de política energética, Iniciativa Climática de México En 2015, en el marco de la consolidación del Acuerdo de París para combatir el cambio climático, México fue el primer país en desarrollo en presentar sus Contribuciones Determinadas a nivel Nacional (NDC). Desde entonces, nuestro país ha propuesto objetivos climáticos más ambiciosos. Por ejemplo, en la actualización de su NDC presentada en 2025, México se comprometió a abatir alrededor de 140 millones de toneladas de CO₂e para el 2030 y definió metas absolutas de mitigación para 2035, alineadas con el objetivo de cero emisiones netas para mediados de siglo. Estos compromisos plantean un reto central en materia de financiamiento: ¿cómo movilizar los recursos necesarios para cumplirlos en el corto y mediano plazo? La Estrategia de Movilización de Financiamiento Sostenible reconoce que para avanzar en los objetivos de desarrollo sostenible —incluidas las metas climáticas— se requiere movilizar recursos a una escala significativa. El documento también señala que entre 2023 y 2030, la brecha de financiamiento asociada a estos objetivos se estima en 13.6 billones de pesos, lo que implica una movilización anual aproximada de 1.7 billones de pesos. En efecto, la movilización de financiamiento sostenible es fundamental para cumplir con nuestros objetivos climáticos, y, por ello, desde 2020, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ha impulsado el desarrollo de instrumentos para canalizar recursos hacia objetivos ambientales y sociales. Ese año, el gobierno federal emitió el primer bono soberano vinculado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y, desde entonces, ha recurrido a los mercados de deuda nacionales e internacionales para captar financiamiento etiquetado. De forma paralela, el Presupuesto de Egresos de la Federación comenzó a vincularse progresivamente a los ODS. Cabe resaltar que para 2025 el 84.5 % del presupuesto reportó alineación con al menos uno de los ODS. En 2023, la SHCP avanzó en la consolidación de esfuerzos a través de la creación de Estrategia de Movilización de Financiamiento Sostenible, cuyo objetivo es fomentar la movilización y reorientación de flujos públicos y privados hacia actividades con impacto ambiental y social. La estrategia se estructura en tres pilares: 1) gestión financiera pública sostenible, orientada a integrar la sostenibilidad en la gestión de las finanzas públicas; 2) movilización de financiamiento sostenible, enfocada en redirigir flujos financieros en los mercados de deuda y capital; y 3) acciones transversales, destinadas a garantizar una implementación inclusiva y equitativa. Un elemento central de esta arquitectura es la Taxonomía Sostenible de México (TSM), que establece criterios técnicos para clasificar actividades económicas sostenibles con base en seis objetivos ambientales y cinco sociales, entre ellos, destacan: la mitigación y adaptación al cambio climático, biodiversidad, igualdad de género y acceso a servicios básicos. De acuerdo con los resultados del programa piloto de la TSM, su implementación ha permitido identificar retos metodológicos, necesidades de fortalecimiento de capacidades institucionales y áreas de mejora en la disponibilidad y calidad de la información, lo que refleja que su aplicación se encuentra aún en proceso de consolidación. En 2025, Hacienda implementó el Marco de Referencia Soberano de Financiamiento Sostenible, ampliando los tipos de instrumentos elegibles y reforzando la vinculación entre la deuda sostenible y el gasto público mediante los Gastos Sostenibles Elegibles. El marco incorpora mecanismos de seguimiento, reporte anual y gobernanza, en coordinación con la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático y el Consejo Nacional de la Agenda 2030. Las Plataformas País: un mecanismo viable de financiamiento Sin embargo, y aunque hay avances sustanciales, estos instrumentos no resuelven, por sí mismos, los cuellos de botella y la incertidumbre política de inversión para cumplir las metas climáticas. En sectores clave para la NDC, como lo es el eléctrico, persisten retrasos en infraestructura de transmisión, barreras regulatorias y señales mixtas hacia la inversión privada. El propio gobierno ha señalado la necesidad de atraer entre 6 y 9 mil millones de dólares anuales en inversión privada para alcanzar la meta de que 45 % de la electricidad provenga de fuentes limpias en 2030, una cifra que, para el criterio de algunos, aún no se refleja en los flujos observados. En este contexto, el desarrollo de una Plataforma de País (CP por sus siglas en inglés) ha sido planteado como un mecanismo para articular y coordinar los distintos esfuerzos de financiamiento climático. Varios países ya han puesto en marcha, o están en proceso de desarrollar estos mecanismos, y el G20 ha incorporado las CP en su agenda de discusión. De acuerdo con un reporte recientemente publicado por la Iniciativa Climática de Mexico, una CP podría alinear recursos públicos, privados e internacionales de acuerdo a nuestras prioridades climáticas, mediante la coordinación entre dependencias públicas, banca de desarrollo, organismos financieros internacionales, inversionistas y otros actores relevantes, con el fin de impulsar proyectos concretos vinculados a la sostenibilidad. Una CP, por lo tanto, permitiría escalar el uso de financiamiento concesional, garantías y esquemas de financiamiento combinado, además de mejorar la preparación de proyectos y reducir riesgos para el capital privado. También, desde un punto de vista mas práctico, facilitaría la operación entre los instrumentos desarrollados por Hacienda y las necesidades reales de implementación en los territorios. Igualmente importante, gran parte de los actores fundamentales en la toma de decisión ambientales estarían representados, por lo cual, se hablaría de una transición verdaderamente incluyente (p.ej., Comité Directivo, Unidad de Gestión, Secretaría Técnica, Grupos de Trabajo y Socios de Apoyo). Ahondado a lo anterior, existen recursos a fondo perdido del Fondo Verde del Clima que podrían apoyar la creación de un secretariado técnico para esta plataforma. México ha recibido alrededor de 7.9 millones de dólares en fondos de preparación; aunque una parte ya ha sido comprometida, podrían existir apoyos adicionales limitados. Estos recursos podrían fortalecer la coordinación y dar continuidad operativa a la plataforma. En resumen, México cuenta con metas climáticas ambiciosas y con un conjunto de instrumentos de financiamiento sostenible orientados a apoyarlas. El reto se encuentra en articular estos instrumentos con