El costo de la transición: paradigmas y desafíos de la restauración ecológica
Noticias El costo de la transición: paradigmas y desafíos de la restauración ecológica José R. Morales, gerente de cambio climático y biodiversidad La restauración de los ecosistemas es considerada una de las medidas con mayor potencial de mitigación y clave para alcanzar los compromisos de acción climática, tanto a escala global como nacional. En México, esta relevancia se materializó al asumir un papel protagónico en el Reto Bonn y en la Iniciativa 20×20, comprometiéndose a restaurar 8.4 millones de hectáreas. Sumando a estos compromisos, en el 2025, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales publicó el Programa Nacional de Restauración Ambiental 2025-2030. Una de las posibles razones es el costo de la restauración: aunque puede aportar múltiples beneficios en distintas agendas públicas, su costo de implementación es considerablemente más alto que otras medidas en el sector forestal o agropecuario. A diferencia de la reforestación, un proyecto de restauración puede alcanzar importes aproximados de 1,500 USD por hectárea, sin considerar los gastos de mantenimiento. Además, estos costes varían según el ecosistema, las prácticas y la accesibilidad al sitio. En el 2016, la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad identificó sitios prioritarios para la restauración ecológica. Si consideramos únicamente la superficie que aún presenta potencial de restauración —es decir, aquella que hasta 2018, con base en la información disponible de uso de suelo y vegetación, no se transformó en asentamientos humanos o humedales ni se recuperó de manera natural— se estima una extensión prioritaria de 27.5 millones de hectáreas. Al considerar el costo aproximado de implementación por hectárea, se requeriría una inversión inicial cercana a 42 mil millones de dólares. Este monto equivale a casi veinte veces los recursos asignados a programas como Sembrando Vida. Estos costos pueden pasar a segundo plano si se considera que restaurar implica recuperar la funcionalidad ecológica de los territorios, garantizando la provisión de agua, alimentos y el secuestro de carbono. Sin embargo, para que esta medida sea verdaderamente escalable y sostenible, es necesario trascender de la visión romántica y reconocer la complejidad técnica, económica y social que conlleva. Restaurar no es sólo intervenir una superficie; es transformar la relación de la sociedad con el paisaje, lo cual puede redefinir su modelo social y económico. Los resultados muestran reducciones potenciales del 43% en frijol, 38% en maíz grano, 30% en sorgo grano y 24% en trigo grano. Para lograrlo, más allá del costo operativo, «palas y jornales», debemos considerar el costo de transición. Migrar de un modelo productivo basado en actividades agropecuarias intensivas hacia uno con vocación forestal implica un costo de oportunidad para las familias campesinas. En otras palabras, supone una transformación profunda de sus medios de vida. Para un productor convertir una parcela de cultivo anual en un sistema forestal o agroforestal puede significar una reducción inmediata en la producción de alimentos básicos que sostienen su seguridad alimentaria. En el marco de la actualización de la NDC 3.0, en Iniciativa Climática de México realizamos un ejercicio prospectivo para estimar la posible reducción en la producción de cuatro cultivos si, hacia 2060, se implementara la ambiciosa meta de restaurar 27.5 millones de hectáreas. Los resultados muestran reducciones potenciales del 43% en frijol, 38% en maíz grano, 30% en sorgo grano y 24% en trigo grano. Estos hallazgos, sumados a lo documentado en la literatura, evidencian un riesgo latente: al priorizar la expansión de la cobertura forestal, podría debilitarse la capacidad de las comunidades para producir su propio sustento e inclusive comprometer la seguridad alimentaria nacional. Las comunidades afectadas podrían verse obligadas a comprar lo que antes producían, lo que a su vez se traduce en un aumento de las importaciones. ¿Por qué ocurre esto? Porque la restauración compite directamente por el uso del suelo. Por ello, una política de restauración no puede basarse únicamente en metas de superficie; debe diseñarse e implementarse integrando, al menos, estos ocho elementos: Diversificar los modelos de restauración, como el enriquecimiento forestal, la regeneración natural y la restauración productiva. Mejorar la productividad de los sistemas agroalimentarios existentes para liberar tierras, sin comprometer la oferta de alimentos. Garantizar mercados para los nuevos productos maderables y no maderables. Asegurar precios justos para las personas propietarias de las nuevas tierras forestales. Integrar componentes forestales en los medios de vida actuales, como los sistemas agroforestales. Implementar mecanismos de compensación que brinden seguridad financiera durante la transición. Reducir las pérdidas y desperdicios de alimentos, estimados en 30 % de la producción agropecuaria total. Promover canastas regionales que valoren la agrobiodiversidad propia de cada región. La correcta implementación de estos elementos exige considerar no solo la ecología, sino también respetar la multiculturalidad y las necesidades de las poblaciones locales. Así, la restauración puede convertirse en una acción climática tangible y medible, pero, sobre todo, en una acción humana. Al colocar en el mismo nivel la dignidad de las personas y la salud de los ecosistemas lograremos que la restauración sea el motor de una acción climática justa. Texto publicado en: Expansión ESG, 9 de junio de 2026, https://esg.expansion.mx/opinion/2026/06/09/el-costo-de-la-transicion-paradigmas-y-desafios-de-la-restauracion-ecologica Facebook Twitter LinkedIn
México acelera la agenda renovable
Noticias México acelera la agenda renovable Luisa Sierra, directora ejecutiva del Instituto de Desarrollo, Energía y Ambiente (IDEA). México ha dado señales importantes en materia de política energética. La presentación de la Contribución Determinada a Nivel Nacional 3.0 (NDC 3.0) durante la COP30, celebrada en Belém en noviembre de 2025, fijó compromisos concretos: alcanzar el 38.5% de generación eléctrica por fuentes limpias para 2030 y el 43.3% para 2035. Por primera vez, el país estableció metas absolutas de emisiones netas – entre 364 y 404 millones de toneladas de CO₂ equivalente para 2035 de forma no condicionada – en lugar de porcentajes relativos. Ese cambio no es menor: medir compromisos en términos netos exige diseñar políticas más sólidas y obliga a rendir cuentas con mayor precisión. La NDC 3.0 no existe de manera aislada. Está alineada con el Plan de Desarrollo del Sector Eléctrico (PLADESE) 2025–2039, que funge como el principal instrumento rector de la política energética nacional y que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 de octubre de 2025. El PLADESE traza una hoja de ruta de 15 años que contempla agregar 75,559 MW de nueva capacidad de generación, de los cuales 78% corresponderán a tecnologías limpias. En el corto plazo, entre 2025 y 2030, se prevén 33,555 MW adicionales (incluyendo los sistemas de almacenamiento), con una participación preponderante de energía solar fotovoltaica y eólica. La coherencia entre ambos documentos es, en sí misma, un avance institucional: la política climática y la planeación sectorial hablan el mismo idioma. Ahora bien, las metas escritas solo cobran sentido cuando se acompañan de mecanismos concretos de implementación. Y en eso, octubre de 2025 marcó un hito importante. La gran señal para reactivar el sector El 17 de octubre de 2025, la Secretaría de Energía (SENER) publicó la Convocatoria para la Atención Prioritaria de Solicitudes de Permisos de Generación Eléctrica e Interconexión al Sistema Eléctrico Nacional, en alineación con la planeación vinculante. Se trató del primer mecanismo formal bajo el nuevo marco regulatorio para que la inversión privada pueda participar en la expansión renovable del país. Los resultados anunciados en diciembre de 2025 por la Secretaria de Energía, Luz Elena González, son elocuentes: 20 proyectos aprobados -15 fotovoltaicos con 2,471 MW y cinco eólicos con 849 MW -, que suman una capacidad adicional de 3,320 MW. La inversión comprometida asciende a 4,058 millones de dólares (costo promedio estimado), distribuidos en 11 estados de la república. De estos 20 proyectos, 2 no continuaron en el proceso, por lo que 18 proyectos con una capacidad de 3,090 MW son los que comenzarán de inmediato las obras, pues éstos ya cuentan con terrenos y permisos ambientales. El 78% entrará en operación en 2028. Más allá de los megavatios, lo que este ejercicio demuestra es que el sector privado sí está dispuesto a participar bajo las nuevas reglas. Desde la publicación de la convocatoria en octubre se registraron 98 manifestaciones de interés. Aunque el proceso fue exigente – los plazos eran acotados y los requisitos técnicos, financieros y sociales, rigurosos – la respuesta fue positiva y el resultado, concreto. Para quienes seguimos de cerca la transición energética eso importa. La escala del desafío y el rol de la inversión privada: mantener el impulso La convocatoria resultó en 3,090 MW de los 5,970 MW ofertados, lo que representa el 52% de la capacidad disponible en esta primera ronda. Es un inicio sólido, pero también una señal de que la tarea por delante es enorme. El PLADESE identifica que el sector privado deberá desarrollar 10,995 MW en el periodo 2025–2030, de los cuales 7,405 MW serán de nueva capacidad. Esto significa que esta primera convocatoria apenas cubre una fracción del camino. La arquitectura de planeación vinculante, con el Estado manteniendo una participación de al menos 54% en la generación inyectada a la red, requiere que el capital privado se convierta en un socio activo y eficiente para llenar el espacio que corresponde al otro 46%. El PLADESE también prevé la incorporación de 5,551 MW en sistemas de almacenamiento con baterías hacia 2030, así como inversiones de alrededor de 191,750 millones de pesos en transmisión que son responsabilidad exclusiva del Estado a través de la Comisión Federal de Electricidad. La combinación de generación renovable con redes modernas y almacenamiento es lo que permitirá pasar de tener energía limpia instalada a tener energía limpia disponible cuando se necesita. El resultado de esta primera convocatoria debe entenderse como un punto de partida, no como un destino. El país necesita que las siguientes rondas sean ágiles, predecibles y progresivamente más accesibles para una gama más amplia de desarrolladores, incluyendo empresas medianas o incluso cooperativas energéticas. La certidumbre regulatoria de largo plazo, la claridad en los costos de interconexión y la expansión y fortalecimiento continuo de la red de transmisión serán factores determinantes para que el apetito del sector privado se sostenga en el tiempo. Hay también una dimensión que merece atención: la distribución territorial de los beneficios. Los 18 proyectos aprobados en esta primera ronda se ubican en 11 estados. Eso es positivo. Pero la transición energética solo será verdaderamente justa si los municipios y comunidades donde se instalen estos proyectos reciben, además de empleos durante la construcción, beneficios tangibles en el largo plazo: tarifas accesibles, infraestructura comunitaria y mecanismos reales de participación. Las Disposiciones Administrativas de Carácter General (DACG) que acompañan a la convocatoria ya establecen que al menos el 0.5% del monto de inversión debe destinarse a un Plan de Gestión Social. Ese piso es un avance; el reto es que sea un piso, no un techo. La escala del desafío y el rol de la inversión privada: mantener el impulso México tiene compromisos climáticos ambiciosos, instrumentos de planificación articulados y un mecanismo para que el capital privado participe en la expansión renovable. La primera convocatoria de la SENER demostró que, cuando existen señales, el mercado responde. La pregunta relevante ya no es si México puede avanzar hacia una matriz eléctrica más limpia, sino si
Cuando la ciencia pierde voces: mujeres, brechas de género y la crisis climática
Noticias Cuando la ciencia pierde voces: mujeres, brechas de género y la crisis climática July Puentes, Lis Camacho, Miriam Silva y Florencia García, Iniciativa Climática de México Hablar de cambio climático es hablar de ciencia: de datos, modelos, innovación, tecnología y decisiones informadas. Pero también es hablar de quién produce ese conocimiento y de quién decide cómo se usa. Hoy, en la ciencia existe una brecha de género profunda y persistente que limita la participación de las mujeres en los espacios donde se crean soluciones y oportunidades para enfrentar los grandes desafíos de nuestro tiempo. Esta brecha no surge de manera repentina en los centros de investigación, en los laboratorios, en las empresas tecnológicas ni en las mesas de negociación climática. Se construye desde la infancia y se mantiene a lo largo de la trayectoria educativa, profesional y política, hasta traducirse en una menor presencia de mujeres en la ciencia, en la producción de energía y en la toma de decisiones. Investigaciones clásicas y recientes en psicología y educación coinciden en que los estereotipos de género relacionados con la ciencia y la tecnología emergen desde edades tempranas. Un estudio publicado en 2017 en la prestigiada revista científca Proceedings of the National Academy of Sciences documenta cómo estas creencias aparecen alrededor de los 6 años de edad e influyen en la percepción de quién “pertenece” al mundo de la ciencia. Evidencias más recientes confirman estos hallazgos y muestran que los estereotipos se consolidan desde la infancia y contribuyen a las diferencias de interés entre niñas y niños en áreas científicas y tecnológicas. Con el paso del tiempo, esa duda inicial se profundiza. Durante la adolescencia, la brecha se vuelve visible en las aspiraciones educativas. Los datos del Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes (PISA, por sus siglas en inglés) muestran que, a los 15 años, el 28 % de los niños expresa interés en estudiar ciencias o ingeniería en la universidad, frente al 9 % de las niñas. Esta diferencia no refleja una brecha de habilidades en las niñas; ellas suelen tener desempeños similares o incluso superiores, pero el peso acumulado de estereotipos, la falta de referentes y los entornos poco inclusivos alimenta esta tendencia. Según el Gender Climate Tracker, en 2008 sólo el 31% de las personas delegadas eran mujeres, y el 82% de las delegaciones estaba dominado por hombres. Estas trayectorias educativas influyen directamente en quienes llegan a los sectores donde se define cómo enfrentar el cambio climático. En ámbitos estratégicos como las energías renovables, las mujeres siguen subrepresentadas, especialmente en roles técnicos y de liderazgo. En el ámbito global, la participación femenina en estos espacios se sitúa por debajo del 25 % y disminuye conforme aumentan la jerarquía y la toma de decisiones, según consigna la Agencia Internacional de Energías Renovables. La misma lógica se reproduce en la gobernanza climática global. La Conferencia de las Partes (COP) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático es el principal espacio de toma de decisiones climáticas en el ámbito internacional. Sin embargo, la paridad sigue lejos de alcanzarse. Según el Gender Climate Tracker, en 2008 sólo el 31% de las personas delegadas eran mujeres, y el 82% de las delegaciones estaba dominado por hombres. Para la COP30 en 2025, aunque hubo avances, las mujeres representaron apenas el 40% de las delegaciones, una mejora de menos de 10 puntos porcentuales en casi dos décadas, y el 61% de las delegaciones siguen teniendo más hombres que mujeres. No son solo cifras. Se trata de quienes pueden imaginar, diseñar y decidir las respuestas ante la crisis climática y las rutas para transitar hacia economías más sostenibles y resilientes. Cuando las mujeres quedan fuera de la ciencia y de estos espacios de toma de decisiones, se pierden perspectivas clave para comprender impactos diferenciados, necesidades locales y alternativas más inclusivas. El riesgo es avanzar hacia políticas energéticas técnicamente eficaces, pero socialmente injustas. Uno de los principales acuerdos globales alcanzados para atender la crisis climática es transformar los sistemas energéticos, que dependen de combustibles fósiles, en sistemas basados en energías limpias, para reducir significativamente las emisiones globales de gases de efecto invernadero. Pero esta transformación no es sólo técnica: es profundamente social y política. La forma en que producimos, distribuimos y consumimos energía define no solo la cantidad de emisiones, sino también qué territorios se transforman, qué comunidades asumen los costos y quiénes acceden a los beneficios de la transición. Estas decisiones se basan en conocimiento científico, modelos técnicos y prioridades políticas, en espacios donde las mujeres aún participan poco. Necesitamos más niñas que crean que la ciencia también es su lugar, más jóvenes que permanezcan dentro de un enfoque educativo y profesional que integre ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, más mujeres que produzcan conocimiento y participen en las decisiones que contribuyan a crear un futuro más sostenible y justo para nuestro país. Sólo así será posible transformar las estructuras que generan desigualdad y garantizar que la respuesta a la crisis climática no deje a nadie atrás. La crisis climática necesita ciencia y la ciencia necesita igualdad para estar a la altura de los desafíos que enfrentamos. Texto publicado en: Opinión 51, 11 de febrero de 2026, https://www.opinion51.com/zimat-invitadas-2602-mujeres-crisis/ Facebook Twitter LinkedIn
Habitar también es decidir conservar: Áreas Destinadas Voluntariamente a la Conservación
Noticias Habitar también es decidir conservar: Áreas Destinadas Voluntariamente a la Conservación Andrea Santillán Enríquez, colaboradora de Cambio Climático y Biodiversidad, Iniciativa Climática de México (ICM) Cuando los ecosistemas se degradan o se transforman, dejan de funcionar como sumideros de carbono y pueden convertirse en fuentes emisoras. Por ello, se reconoce cada vez con mayor insistencia que la conservación debe incorporar la participación coordinada de los sectores públicos, actores privados, comunitarios y de pueblos originarios. Diversificar la gobernanza y reconocer distintos sistemas de manejo del territorio permite integrar los conocimientos, prácticas y necesidades de las poblaciones locales, fortaleciendo tanto la protección ambiental como el bienestar comunitario. En el marco del Día de la Tierra es fundamental reflexionar y empujar aquellos mecanismos que favorecen la colaboración y la conservación. En México, en el 2002 se estableció en la ley la figura de Áreas Destinadas Voluntariamente a la Conservación (ADVC). Se trata de una modalidad de áreas de conservación que se establece por decisión voluntaria del propietario o poseedor del predio. Pueden participar personas físicas o morales, de carácter privado o social, incluyendo gobiernos locales, ejidos, municipios, pueblos originarios, y organizaciones sociales. Este instrumento de la política ambiental permite la conservación de ecosistemas y se formaliza mediante un certificado emitido por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), que puede tener una vigencia de 15 años hasta la perpetuidad. En la acción climática, las ADVC favorecen la captura y almacenamiento de carbono al proteger ecosistemas, a la vez que reducen las emisiones por cambio de uso de suelo. Por otro lado, sostienen funciones de los ecosistemas que contribuyen a disminuir la vulnerabilidad climática, como la regulación hídrica y la protección ante eventos extremos. En el marco de los compromisos nacionales e internacionales de conservación de la biodiversidad y acción climática, estas áreas tienen un alto potencial de aprovechamiento sostenible y apropiación local. En noviembre pasado, el Gobierno de México se comprometió, a través de sus Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC 3.0), a fortalecer este instrumento mediante incentivos, simplificación de trámites y campañas de difusión. Así como desempeñan un papel relevante en los compromisos climáticos, también tienen un papel en alcanzar la meta 30×30 del Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal, que plantea conservar al menos el 30% de las áreas terrestres y marinas para 2030. Diversificación de ingresos fundamental Entre los principales retos que enfrentan estas áreas de conservación, que limitan su permanencia a largo plazo, están: la falta de continuidad de los apoyos e incentivos públicos; el crecimiento poblacional en zonas rurales, que incrementa las presiones sobre los ecosistemas; y la insuficiencia de capacidades financieras y técnicas de los propietarios para una gestión adecuada. Estudios han detectado que la toma de decisiones es también un desafío porque éstas recaen en quienes poseen los territorios, en diálogo y negociación con instituciones como la CONANP y otras organizaciones. Estos procesos están atravesados tanto por relaciones sociales y culturales propias de las comunidades, como por relaciones de poder, intereses diversos o conflictos territoriales. A pesar de este contexto, para ser sostenibles en el tiempo, las ADVC deben transitar a un modelo que sea redituable para sus propietarios. Esto implica no sólo cubrir los costos de manejo y conservación, sino también generar incentivos económicos y sociales. En este sentido, es fundamental desarrollar planes de financiamiento que articulen mecanismos autogenerados –como la agricultura sostenible, el ecoturismo o el aprovechamiento forestal– con fuentes externas, tanto públicas como privadas. La diversificación de ingresos y el fortalecimiento de capacidades locales son clave para reducir la dependencia de apoyos temporales y asegurar su continuidad. De lo contrario, la certificación corre el riesgo de convertirse en un reconocimiento meramente formal, sin garantizar la conservación efectiva a largo plazo. Garantizar su permanencia En el 2026, se contabilizan 619 ADVC que en conjunto protegen alrededor de 1.3 millones de hectáreas. Oaxaca, Guerrero y Campeche destacan por concentrar el mayor número de estas áreas (141, 85 y 38 respectivamente). Oaxaca resalta por representar el 57.5% de la superficie total de ADVC (775 mil hectáreas). En los últimos años, el número de ADVC ha crecido rápidamente, pasando de 374 en 2022 a casi el doble en 2026. Tan solo en 2025, se certificaron 58 y, en lo que va del 2026, se han sumado cuatro más de acuerdo con cifras de la CONANP. Sin embargo, la CONANP deja de reconocer aquellas cuya certificación vence, y ya en 2022 se habían descartado 104, según lo señalan estudios. De mantenerse esta tendencia, entre 2025 y 2030 podrían salir del esquema cerca de un centenar adicional, lo que representaría el 5.3% de la superficie bajo conservación. El reto no se limita a incrementar las áreas certificadas, sino a garantizar su permanencia y sostenibilidad en el tiempo. La conservación no implica ausencia de uso, sino la gestión activa de los ecosistemas para mantener y recuperar sus funciones. A través de acciones como la restauración ecológica, el manejo forestal sostenible o la regeneración de suelos, las Áreas Destinadas Voluntariamente a la Conservación pueden fortalecer su capacidad de capturar carbono, conservar biodiversidad y sostener funciones ecosistémicas, al mismo tiempo que representan medios de vida para quienes las habitan. Texto publicado en: Greentology, mayo 2026, https://greentology.life/edicion-digital-gt/greentology-edicion-no-49-mayo-2026-el-agua-se-acaba-una-crisis-silenciosa/ Facebook Twitter LinkedIn