Iniciativa Climática de México presenta recomendaciones para la implementación de las metas climáticas del país a través del Programa Especial de Cambio Climático
Noticias Iniciativa Climática de México presenta recomendaciones para la implementación de las metas climáticas del país a través del Programa Especial de Cambio Climático Iniciativa Climática de México, agosto 11, 2026. ► Cumplir la meta al 2030 implica reducir 144 millones de toneladas de CO₂ equivalente durante el presente sexenio. ►ICM propone 96 medidas clave para el periodo 2026-2030 orientadas al cumplimiento de las metas nacionales de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Ciudad de México, 6 de agosto de 2026. La actualización en 2025 de la Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC 3.0) abrió una nueva etapa para la política climática de México y para su agenda de desarrollo inclusivo y sustentable. Para contribuir a que esos compromisos climáticos se traduzcan en acciones concretas y medibles, Iniciativa Climática de México (ICM) presenta el documento “Programa Especial de Cambio Climático 2026–2030 desde la Sociedad Civil: Recomendaciones para la implementación de la NDC”. Tras su aprobación por la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático (CICC), el Programa Especial de Cambio Climático (PECC) 2026-2030 –principal instrumento de política pública para orientar la acción climática del país durante la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum– se encuentra en proceso de revisión previo a su publicación. En ese contexto, ICM pone a disposición de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), y de las dependencias participantes, elementos técnicos, normativos e institucionales adicionales que puedan contribuir a una implementación exitosa del programa en los próximos años. El documento se elaboró con base en análisis desarrollados por ICM y las aportaciones de especialistas de distintos sectores y contiene recomendaciones en materia de descarbonización sectorial, adaptación y resiliencia, gobernanza, financiamiento, y seguimiento e implementación de políticas públicas, con una visión de mediano y largo plazos. Acción climática desde el gobierno mexicano El texto incluye 96 medidas organizadas en torno a los cinco componentes de la NDC 3.0, junto con los instrumentos y mecanismos de coordinación necesarios para llevarlas a cabo. Incorpora además hitos sectoriales al 2030 para la reducción de emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero, que contribuyen a reducir los 144 millones de toneladas de CO₂ equivalente necesarias para cumplir los compromisos climáticos durante el presente sexenio. La propuesta detalla una ruta para la implementación de la NDC 3.0 mediante acciones concretas, instrumentos de política pública e hitos verificables para el periodo 2026-2030. Entre sus principales aportes destacan: 96 medidas estratégicas organizadas en torno a los cinco componentes de la NDC 3.0: temas transversales; mitigación; adaptación; pérdidas y daños, y entorno habilitador y medios de implementación. Cada medida se acompaña de instrumentos de política, mecanismos de coordinación institucional y responsables que facilitan su ejecución. Una hoja de ruta para acelerar la descarbonización de los principales sectores emisores, con hitos para 2030 que incluyen: alcanzar al menos 38.5% de generación eléctrica con fuentes limpias, respecto al 24.6% registrado en 2025 —cerca de 14 puntos porcentuales en menos de cinco años—, en línea con los alrededor de 15 GW adicionales de capacidad limpia y almacenamiento previstos en el Plan de Fortalecimiento y Expansión del Sistema Eléctrico Nacional 2025–2030, junto con el fortalecimiento de la red de transmisión; eliminar de manera progresiva la generación eléctrica con carbón, estimada en 3.4% de la matriz en 2025, y reducir el uso de combustóleo, estimado en 1% ese mismo año, con miras a su eliminación hacia 2035, mediante una transición energética justa que impulse la restauración ambiental, la reconversión laboral y productiva, y la participación de las comunidades en las regiones afectadas; acelerar la electrificación del transporte, sector responsable de 23% de las emisiones nacionales, mediante estándares que reduzcan el promedio corporativo de los autos nuevos de 125 a 63 gramos de CO₂ por kilómetro, una participación de 30% de las ventas de autobuses urbanos eléctricos y un mayor reparto modal ferroviario de carga, hoy en 13.4%; reducir en 30% las emisiones de metano del sector petróleo y gas respecto de los niveles de 2020, estimados en 29.2 millones de toneladas de CO₂ equivalente, en línea con el Plan de Sostenibilidad de Pemex; impulsar la descarbonización de la industria, origen de 18% de las emisiones nacionales, mediante eficiencia energética, electrificación, cogeneración y combustibles de bajas emisiones; fortalecer una productividad agropecuaria de bajas emisiones con 484 mil hectáreas nuevas de agricultura de conservación, la recuperación de 190 mil hectáreas de suelos degradados y 616 mil hectáreas bajo manejo silvopastoril; avanzar hacia la deforestación neta cero y cumplir la meta 30×30 de conservar el 30% de la superficie nacional terrestre y marina, en un sector con potencial de absorción de al menos 200 millones de toneladas de CO₂; promover la economía circular en el sector residuos, responsable de 9% de las emisiones nacionales, mediante la reducción del desperdicio de alimentos —20.4 millones de toneladas en 2025, equivalentes al 34% de la producción nacional— y el aprovechamiento de residuos orgánicos en al menos 20 plantas de digestión anaeróbica en municipios medianos. Un enfoque integral de adaptación y resiliencia, orientado a fortalecer la gestión del riesgo climático, la seguridad hídrica, la protección y restauración de ecosistemas, la adaptación basada en la naturaleza y el fortalecimiento de capacidades locales. El documento reconoce que aumentar la resiliencia de la población y los territorios es una condición indispensable para el desarrollo sostenible y socialmente inclusivo del país. Recomendaciones para fortalecer la gobernanza y los medios de implementación, mediante mecanismos de coordinación entre dependencias, órdenes de gobierno, sector privado, academia y sociedad civil; fortalecimiento de los sistemas de monitoreo, reporte y verificación de la NDC y una estrategia para movilizar financiamiento climático a la escala que la transición requiere: la agenda de desarrollo sostenible al 2030, plenamente integrada a la NDC 3.0, supone inversiones del orden de 13.6 billones de pesos, unos 727 mil millones anuales. De ahí la importancia de desarrollar una Plataforma de País capaz de articular recursos públicos y privados para acelerar la implementación de la NDC 3.0 y del PECC. Propuestas para reformar la Ley General de Cambio
Iniciativa Climática de México subraya la importancia de contar con una Plataforma de País para financiar la agenda climática
Noticias Iniciativa Climática de México subraya la importancia de contar con una Plataforma de País para financiar la agenda climática Iniciativa climática de México, junio 17, 2026. ► ICM impulsa la discusión sobre una Plataforma de País como uno de los mecanismos más viables para ayudar al cumplimiento de las metas climáticas de México. ► El Plan México puede fortalecerse incrementando sus componentes “verdes” para movilizar inversiones que contribuyan al cumplimiento de los Compromisos de Reducción de Emisiones (NDC) de nuestro país. Ciudad de México, 17 de junio de 2026. Ante la urgencia de traducir las metas climáticas de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero de climáticas y de desarrollo en inversiones y proyectos a gran escala, Iniciativa Climática de México (ICM) promueve la discusión sobre la necesidad de preparar una Plataforma de País (CP, por sus siglas en inglés), uno de los mecanismos más viables para ayudar al cumplimiento de las metas climáticas de México. En un contexto de creciente competencia por el financiamiento internacional, ICM destaca que fortalecer la coordinación entre actores y canalizar inversiones con más ambición, escala y celeridad se ha vuelto una prioridad estratégica para el país. En este marco, ICM realizó el foro “Hacia la Plataforma de País de Inversión para el Desarrollo y la Acción Climática en México: Contribución desde la Sociedad Civil”. Este primer encuentro, de cuatro previstos para los próximos meses, reunió a especialistas, representantes del sector público, organismos internacionales, agencias de cooperación, sector financiero, academia y sociedad civil para hacer un llamado a concretar una CP que permita cumplir con la NDC 3.0 y acelerar la transición energética en el país. La NDC 3.0, presentada en noviembre de 2025 en la COP30, es la hoja de ruta climática más ambiciosa de la historia del país. Fija metas concretas de reducción de emisiones para 2030 y 2035, definidas desde las prioridades e intereses nacionales de la política energética, y cumplirlas requiere movilizar 13.6 billones de pesos en financiamiento. En el sector eléctrico, alcanzar 45% de generación limpia para 2030 exige atraer entre 100 y 150 mil millones de pesos anuales en inversión privada, una cifra que no se alcanzará con los flujos actuales. La acción climática no debe verse como una agenda separada del desarrollo nacional Por tanto, la necesidad de una CP que funcione como ventanilla única para la movilización de recursos se vuelve urgente: bajo el liderazgo del gobierno federal, permitiría articular actores, reducir la fragmentación institucional y facilitar la construcción de proyectos de inversión alineados con las prioridades nacionales, vinculando la acción climática con objetivos de crecimiento económico, inclusión social y bienestar. “La acción climática no debe verse como una agenda separada del desarrollo nacional. Para México, una Plataforma de País representa una oportunidad para conectar metas climáticas cada vez más ambiciosas con prioridades nacionales de crecimiento económico, generación de empleo, desarrollo industrial, seguridad hídrica, infraestructura resiliente y reducción de desigualdades. Además, podría complementar instrumentos ya existentes como los bonos soberanos sostenibles, la Taxonomía Sostenible de México y la Estrategia de Movilización de Financiamiento Sostenible, fortaleciendo la coordinación entre instituciones y evitando la duplicación de esfuerzos”, destacó Adrián Fernández Bremauntz, director ejecutivo de ICM. “De la misma manera que ICM preparó y publicó una NDC desde la sociedad civil (en 2022), una Ruta de Cero Emisiones (en 2023) y un primer Reporte Ejecutivo sobre la Plataforma de País en México (en 2025), ahora se dará a la tarea de elaborar una propuesta comprensiva desde la sociedad civil que muestre las oportunidades más importantes del país para escalar sus esfuerzos y acceder a nuevos recursos financieros internacionales para el cumplimiento de las metas de la NDC”, dijo Fernández Bremauntz. El objetivo de Iniciativa Climática de México es adelantar la preparación de insumos técnicos para los tomadores de decisiones y así contribuir al diseño de la versión oficial de la Plataforma de País en México. Por su parte, José Luis Samaniego, subsecretario de Desarrollo Sostenible y Economía Circular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, afirmó que, en México, la CP debe denominarse Módulo de Inversión Sostenible y tendría que fungir como la “rebanada verde del Plan México” para identificar, priorizar y movilizar inversiones que fortalezcan la estructura productiva, generen bienestar y contribuyan al cumplimiento de la NDC 3.0. Los especialistas coincidieron en que una Plataforma de País debe ser country-owned y country-driven, es decir, apropiada y conducida por el propio país. Su diseño debe responder a las prioridades, capacidades y circunstancias nacionales, en lugar de adoptar un modelo definido desde el exterior. “No existe una Plataforma de País idéntica para todos. Debe estar orientada por las prioridades y el contexto de cada nación, contar con una estructura gubernamental sólida y tener objetivos transformadores claramente definidos. No se trata de financiar pequeñas piezas o una colección de proyectos aislados, sino de coordinar políticas, capacidades e inversiones para impulsar transiciones sistémicas”, explicó Josué Tanaka, integrante del Country Platforms Hub. Un modelo exitoso en el mundo El foro reunió perspectivas nacionales e internacionales para analizar el marco conceptual de las CP, identificar lecciones de experiencias exitosas y explorar los arreglos institucionales que mejor respondan al contexto mexicano. La relevancia de las CP ha crecido en espacios multilaterales como las negociaciones climáticas internacionales, las reuniones del Banco Mundial y la Conferencia Internacional sobre Financiamiento para el Desarrollo, y actualmente alrededor de 20 países han establecido o anunciado Plataformas de País, entre ellos Brasil, Colombia, India, Sudáfrica, Indonesia, Egipto y Vietnam. En Sudáfrica, la CP movilizó más de 12 mil millones de dólares con enfoque en transición energética justa, mientras que Brasil estructuró en menos de un año una cartera de proyectos con potencial de inversión superior a los 25 mil millones de dólares, vinculando financiamiento climático con desarrollo industrial, bioeconomía y transición energética. La NDC 3.0 es la apuesta climática de México, construida desde sus propias prioridades nacionales. Una CP es el mecanismo para financiar con recursos coordinados, bajo liderazgo del gobierno y alineados a acelerar la
Clima, desigualdad y derechos:¿Qué significa hablar de justicia climática?
Noticias Clima, desigualdad y derechos: ¿Qué significa hablar de justicia climática? Lisbeth Camacho, gerente de transición energética justa y justicia climática Florencia García, analista en transición energética justa y justicia climática Miriam Silva, analista en transición energética justa y justicia climática Durante años usamos el concepto de calentamiento global para describir el aumento sostenido de la temperatura promedio del planeta. Más adelante comenzamos a utilizar el término cambio climático, que permitió comprender que el problema no se limita al incremento de la temperatura, sino que implica transformaciones profundas del sistema climático: alteraciones en los patrones de lluvia, fenómenos extremos como huracanes más intensos, sequías prolongadas y olas de calor más frecuentes. Estas alteraciones provienen de un modelo energético y productivo basado en la quema de combustibles fósiles, que ha incrementado de manera sostenida la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera. Sus efectos impactan de manera desigual a personas y ecosistemas, alterando ciclos naturales y poniendo en riesgo a múltiples especies. Por eso, hablar únicamente de cambio climático ya no es suficiente para entender la complejidad del fenómeno. Hoy el concepto de crisis climática nos permite comprender que estos fenómenos rebasan lo ambiental. No estamos ante un episodio aislado, sino ante las consecuencias acumuladas de decisiones económicas y políticas que siguen sosteniendo un modelo de desarrollo que concentra beneficios y distribuye riesgos de manera desigual. No se trata únicamente de reducir toneladas de carbono, sino de preguntarnos quién se benefició del modelo de desarrollo y quién está pagando sus consecuencias. Pero entender la crisis climática sin la variable de justicia, también resulta incompleto. La justicia climática reconoce que, dentro de esta crisis, no todas las personas han contribuido de la misma manera a la acumulación histórica de emisiones ni cuentan con la misma capacidad para enfrentar sus impactos. Quienes menos han emitido suelen ser quienes más sufren: pierden su vivienda ante un huracán, su cosecha ante la sequía o su salud ante el calor extremo. Además, reconoce que la crisis deteriora bienes comunes: bosques que regulan el agua, manglares que protegen las costas, suelos fértiles que sostienen la producción de alimentos y mares cuya biodiversidad garantiza equilibrio ecológico y sustento para comunidades enteras. Cuando la biodiversidad se erosiona, no solo desaparecen especies, se debilitan las redes que sostienen la vida y las economías locales. La dimensión de género no puede ignorarse. Hablamos de justicia climática cuando comprendemos que lo que está en juego no es sólo la temperatura promedio del planeta, sino la posibilidad real de ejercer derechos fundamentales para sostener la vida. El derecho a la vivienda se debilita cuando los eventos extremos se intensifican; el derecho al agua se tensiona cuando las sequías se prolongan; el derecho a la salud se compromete ante olas de calor cada vez más frecuentes. El derecho a un medio ambiente sano se pone en riesgo cuando los ecosistemas pierden su capacidad de regenerarse. La vulneración de estos derechos no depende solo de la intensidad de los fenómenos, sino de las condiciones sociales y económicas de cada persona. Esto marca la diferencia entre recuperarse en meses o quedar en precariedad durante años. La dimensión de género no puede ignorarse. En contextos de escasez o desastre, son con frecuencia las mujeres quienes asumen mayores cargas de cuidado y sostienen la reconstrucción comunitaria. Sin embargo, su trabajo sigue sin reconocerse y sus voces permanecen subrepresentadas en los espacios de decisión. Desde una perspectiva interseccional, también es necesario reconocer que pueblos originarios y comunidades afromexicanas han sido sistemáticamente desplazados de estas decisiones, mientras sus saberes se invisibilizan y sus territorios se convierten en escenario de proyectos que no siempre les benefician ni respetan su autonomía. Precisamente porque la crisis se vive de forma desigual y se entrecruza con múltiples vulnerabilidades, la respuesta debe ser integral y de largo plazo. Se requieren políticas que reduzcan emisiones de manera planificada, sin trasladar los costos de la transición a quienes ya enfrentan mayores desventajas, y que garanticen la participación vinculante de las comunidades más impactadas en las decisiones sobre su territorio. Democratizar la política climática es condición para que las soluciones sean legítimas y efectivas, y para fortalecer la organización colectiva y la voz de quienes históricamente han sido excluidos. Ante este panorama, debemos repensar el modelo de desarrollo. No es sostenible medir el éxito únicamente en términos de crecimiento económico cuando ese crecimiento depende de actividades que profundizan la crisis climática, amplían las brechas sociales y deterioran los sistemas naturales que hacen posible la vida. Las decisiones para el desarrollo deben alinearse con la protección de la vida, la equidad y el bienestar colectivo. Y aunque el reto es enorme, también lo es la capacidad de respuesta social. La esperanza no está en promesas vacías, sino en lo que ya ocurre en muchos territorios: organización colectiva que permite la defensa del agua, el cuidado de los ecosistemas y respuestas solidarias ante los riesgos. Si esa fuerza se acompaña de decisión institucional y de una inversión clara en alternativas sostenibles, podemos reducir emisiones, fortalecer la resiliencia y construir un futuro más digno para todas y todos. Texto publicado en: Animal Político, 26 de febrero de 2026, https://grupoanimal.mx/opinion/clima-desigualdad-derechos-justicia-climatica Facebook Twitter LinkedIn
Cuando la ciencia pierde voces: mujeres, brechas de género y la crisis climática
Noticias Cuando la ciencia pierde voces: mujeres, brechas de género y la crisis climática July Puentes, Lis Camacho, Miriam Silva y Florencia García, Iniciativa Climática de México Hablar de cambio climático es hablar de ciencia: de datos, modelos, innovación, tecnología y decisiones informadas. Pero también es hablar de quién produce ese conocimiento y de quién decide cómo se usa. Hoy, en la ciencia existe una brecha de género profunda y persistente que limita la participación de las mujeres en los espacios donde se crean soluciones y oportunidades para enfrentar los grandes desafíos de nuestro tiempo. Esta brecha no surge de manera repentina en los centros de investigación, en los laboratorios, en las empresas tecnológicas ni en las mesas de negociación climática. Se construye desde la infancia y se mantiene a lo largo de la trayectoria educativa, profesional y política, hasta traducirse en una menor presencia de mujeres en la ciencia, en la producción de energía y en la toma de decisiones. Investigaciones clásicas y recientes en psicología y educación coinciden en que los estereotipos de género relacionados con la ciencia y la tecnología emergen desde edades tempranas. Un estudio publicado en 2017 en la prestigiada revista científca Proceedings of the National Academy of Sciences documenta cómo estas creencias aparecen alrededor de los 6 años de edad e influyen en la percepción de quién “pertenece” al mundo de la ciencia. Evidencias más recientes confirman estos hallazgos y muestran que los estereotipos se consolidan desde la infancia y contribuyen a las diferencias de interés entre niñas y niños en áreas científicas y tecnológicas. Con el paso del tiempo, esa duda inicial se profundiza. Durante la adolescencia, la brecha se vuelve visible en las aspiraciones educativas. Los datos del Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes (PISA, por sus siglas en inglés) muestran que, a los 15 años, el 28 % de los niños expresa interés en estudiar ciencias o ingeniería en la universidad, frente al 9 % de las niñas. Esta diferencia no refleja una brecha de habilidades en las niñas; ellas suelen tener desempeños similares o incluso superiores, pero el peso acumulado de estereotipos, la falta de referentes y los entornos poco inclusivos alimenta esta tendencia. Según el Gender Climate Tracker, en 2008 sólo el 31% de las personas delegadas eran mujeres, y el 82% de las delegaciones estaba dominado por hombres. Estas trayectorias educativas influyen directamente en quienes llegan a los sectores donde se define cómo enfrentar el cambio climático. En ámbitos estratégicos como las energías renovables, las mujeres siguen subrepresentadas, especialmente en roles técnicos y de liderazgo. En el ámbito global, la participación femenina en estos espacios se sitúa por debajo del 25 % y disminuye conforme aumentan la jerarquía y la toma de decisiones, según consigna la Agencia Internacional de Energías Renovables. La misma lógica se reproduce en la gobernanza climática global. La Conferencia de las Partes (COP) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático es el principal espacio de toma de decisiones climáticas en el ámbito internacional. Sin embargo, la paridad sigue lejos de alcanzarse. Según el Gender Climate Tracker, en 2008 sólo el 31% de las personas delegadas eran mujeres, y el 82% de las delegaciones estaba dominado por hombres. Para la COP30 en 2025, aunque hubo avances, las mujeres representaron apenas el 40% de las delegaciones, una mejora de menos de 10 puntos porcentuales en casi dos décadas, y el 61% de las delegaciones siguen teniendo más hombres que mujeres. No son solo cifras. Se trata de quienes pueden imaginar, diseñar y decidir las respuestas ante la crisis climática y las rutas para transitar hacia economías más sostenibles y resilientes. Cuando las mujeres quedan fuera de la ciencia y de estos espacios de toma de decisiones, se pierden perspectivas clave para comprender impactos diferenciados, necesidades locales y alternativas más inclusivas. El riesgo es avanzar hacia políticas energéticas técnicamente eficaces, pero socialmente injustas. Uno de los principales acuerdos globales alcanzados para atender la crisis climática es transformar los sistemas energéticos, que dependen de combustibles fósiles, en sistemas basados en energías limpias, para reducir significativamente las emisiones globales de gases de efecto invernadero. Pero esta transformación no es sólo técnica: es profundamente social y política. La forma en que producimos, distribuimos y consumimos energía define no solo la cantidad de emisiones, sino también qué territorios se transforman, qué comunidades asumen los costos y quiénes acceden a los beneficios de la transición. Estas decisiones se basan en conocimiento científico, modelos técnicos y prioridades políticas, en espacios donde las mujeres aún participan poco. Necesitamos más niñas que crean que la ciencia también es su lugar, más jóvenes que permanezcan dentro de un enfoque educativo y profesional que integre ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, más mujeres que produzcan conocimiento y participen en las decisiones que contribuyan a crear un futuro más sostenible y justo para nuestro país. Sólo así será posible transformar las estructuras que generan desigualdad y garantizar que la respuesta a la crisis climática no deje a nadie atrás. La crisis climática necesita ciencia y la ciencia necesita igualdad para estar a la altura de los desafíos que enfrentamos. Texto publicado en: Opinión 51, 11 de febrero de 2026, https://www.opinion51.com/zimat-invitadas-2602-mujeres-crisis/ Facebook Twitter LinkedIn