Semarnat, Sedatu, Economía, Sener y sociedad civil inician los Diálogos por la Electromovilidad en México

Noticias Semarnat, Sedatu, Economía, Sener y sociedad civil inician los Diálogos por la Electromovilidad en México Iniciativa climática de México, mayo 13, 2026. ► El Gobierno de México busca acelerar la transición hacia la electromovilidad a través del Plan México y la NDC 3.0. ►Diálogos por la Electromovilidad es una iniciativa convocada por 11 organizaciones de la sociedad civil comprometidas con la agenda climática. La transición hacia una movilidad sustentable en México se consolida gracias a la articulación entre autoridades federales, organismos internacionales, la sociedad civil y el sector privado, coincidieron especialistas en los Diálogos por la Electromovilidad. En este encuentro, organizado por 11 organizaciones sociales, representantes de las secretarías de Economía, Energía, Sedatu y Semarnat destacaron la importancia de fortalecer la cooperación multiactor para acelerar la adopción de tecnologías limpias en el sector transporte, subrayando que la suma de esfuerzos es la única vía para cumplir con los compromisos climáticos nacionales. Diálogos por la Electromovilidad es una iniciativa orientada a fortalecer la política pública en materia de movilidad sustentable a partir de la interlocución de largo plazo entre tomadores de decisión, sociedad civil, expertos y actores clave. En el primero de tres encuentros, que convocó a más de 120 especialistas, se abordaron las oportunidades y retos estratégicos que enfrenta México: de la transición energética hasta un diagnóstico profundo del ecosistema nacional. Gestionar el territorio de manera eficiente, reducir las brechas de desigualdad y mejorar la calidad de vida en nuestras ciudades. José Alfonso Iracheta, subsecretario de Ordenamiento Territorial, Urbano y Vivienda de Sedatu, planteó que la transición hacia la electromovilidad representa una oportunidad estratégica para replantear el ordenamiento territorial y detonar un modelo de desarrollo urbano diseñado por y para la movilidad sostenible. Resaltó que el éxito de esta visión radica en priorizar la electrificación del transporte público colectivo, transformándolo en una palanca para gestionar el territorio de manera eficiente, reducir las brechas de desigualdad y mejorar la calidad de vida en nuestras ciudades. Para Andrea Hurtado, directora general de Políticas para la Acción Climática en Semarnat, la transición no se trata solo de electrificar, sino de cómo hacerlo para transformar el modelo de desarrollo nacional. Celebró que actualmente se está fortaleciendo la coordinación entre dependencias para eliminar la dispersión de atribuciones y que esta visión se verá reflejada en la Estrategia Nacional de Movilidad Eléctrica. Desde la Secretaría de Economía, Rodolfo Osorio destacó que el Plan México sitúa la electromovilidad como eje de la transición energética y el crecimiento industrial. El director de Coordinación Técnica y Planeación mencionó que este instrumento plantea desarrollar oportunidades desde la producción de baterías, vehículos ligeros, transporte público, infraestructura de carga, aprovechamiento de los componentes de las baterías y su disposición final. Javier Arribas Quintana, ministro consejero de Medio Ambiente, Cambio Climático, Energía y Transportes de la Delegación de la Unión Europea, subrayó que hablar de electromovilidad es solo un aspecto de la movilidad sostenible. Esta última requiere, para su fortalecimiento y promoción, contar un marco regulatorio sólido que permita crear un entorno de confianza entre los sectores involucrados y promover inversiones. El encuentro fue convocado por ASOMOVE (Asociación Costarricense de Movilidad Eléctrica), Electro Movilidad Asociación (EMA), CalStart, Centro Latinoamiercano de Movilidad Sostenible (CLMS), Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), Instituto de Desarrollo, Energía y Ambiente (IDEA), Iniciativa Climática de México (ICM), Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo (ITDP) WRI México, Política y Legislación Ambiental (POLEA) y The Climate Group. Como parte de las conclusiones de los Diálogos, las y los especialistas coincidieron en que México cuenta ya con un marco jurídico sólido que respalda la electromovilidad, mientras que la normatividad necesaria para su despliegue se encuentra actualmente en fase de construcción. Esta ruta se ve fortalecida por la voluntad política de los diversos actores involucrados y se refleja en los ambiciosos compromisos climáticos adquiridos por el país en su Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC 3.0). En este contexto, subrayaron que la transición ya está en marcha, por lo que el reto fundamental radica ahora en asegurar un proceso de implementación efectivo y coordinado. Facebook Twitter LinkedIn
Urgen marco normativo que privilegie la movilidad eléctrica en México

México se posiciona entre los 10 países con mayor generación de emisiones contaminantes.
Central “cerrar la brecha” de género en energía y acción climática

Noticias Central “cerrar la brecha” de género en energía y acción climática Iniciativa climática de México, marzo 27, 2026. ► En México, la participación femenina en el sector energético, tanto tradicional como renovable, se encuentra entre 20 y 25%. ► La brecha de género está presente a lo largo de toda la cadena del sector energético, particularmente en los espacios donde se toman decisiones. ► La inclusión requiere de cambios en reglas, incentivos y condiciones habilitantes. Iniciativa Climática de México (ICM), Voz Experta y el Instituto de Desarrollo, Energía y Ambiente (IDEA) organizaron el evento “Cerrando la brecha: energía y cambio climático con perspectiva de género”. Un espacio de diálogo para visibilizar los desafíos y las oportunidades de integrar la perspectiva de género en el sector energético y en la política climática, como condición para una acción climática justa. El encuentro abrió con una introducción sobre la brecha de género en México y los riesgos de retroceso, donde se destacó que el contexto actual exige reforzar capacidades para evitar que se profundicen las desigualdades. Itzá Castañeda Carney, consultora de equidad de género e inclusión social de WRI México, dio a conocer que, en el caso de las economías avanzadas, 6% de las mujeres ocupadas trabaja en empleos verdes frente a 20% de los hombres. Mientras que, en México, la participación femenina en el sector energético, tanto tradicional como renovable, se encuentra entre 20 y 25%. En tanto que en el ámbito mundial las mujeres ocupan 32% de los empleos de tiempo completo en energías renovables, en contraste con 23% en la industria del petróleo y gas o con 25% en la energía nuclear. Entre los mensajes principales del panel “El sector energético mexicano: brechas, barreras y propuestas”, con participantes de Voz Experta, se destacó que la brecha de género está presente a lo largo de toda la cadena del sector, particularmente en los espacios donde se toman decisiones, en los que persisten los sesgos y las barreras estructurales. En la conversación se subrayó que la inclusión requiere de cambios en reglas, incentivos y condiciones habilitantes. Las panelistas coincidieron en que, para acelerar la igualdad de oportunidades y fortalecer los resultados del sector, se necesitan medidas prácticas en cuatro frentes. El sector energético mexicano: brechas, barreras y propuestas Regulación, transparencia y rendición de cuentas. Se planteó fortalecer mecanismos que impulsen más participación de mujeres en puestos técnicos y de liderazgo, así como mejorar la disponibilidad de información pública sobre participación por niveles y áreas, de modo que la brecha sea medible y atendible. Implementación real de instrumentos con enfoque de género. Se enfatizó que no basta con que existan instrumentos: el reto clave es el “cómo” se ponen en marcha, con diagnósticos adecuados, derecho a la información y metodologías adaptadas a los contextos locales. Talento y trayectoria: la brecha empieza temprano. El panel resaltó la urgencia de enfrentar una doble realidad: una brecha de género y una crisis de talento, particularmente en perfiles técnicos, y la necesidad de intervenir desde etapas tempranas (antes de la universidad) para ampliar referentes, vocaciones y rutas de acceso. Incentivos y reputación sectorial. Se propuso explorar herramientas que incentiven buenas prácticas, incluyendo esquemas de visibilización y comparación pública de avances (por ejemplo, sobre participación, brecha salarial y apoyos de cuidados), para alinear el interés público con el interés privado. Por otro lado, en el panel “Perspectiva de género en la política climática: retos y oportunidades para una acción climática justa”, organizado por ICM e IDEA, se discutió cómo integrar la perspectiva de género en la política pública, la legislación e implementación climática, con un enfoque de derechos humanos y de justicia. Desde la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) se destacó el carácter participativo del proceso en la elaboración de la Contribución Nacionalmente Determinada (NDC 3.0) y el desafío principal que viene: convertir compromisos en acción, con especial atención a que el financiamiento llegue a donde debe llegar y que las personas, incluidas las mujeres, participen desde el diseño de los proyectos. También se mencionaron como “tiros de precisión” la reforma a la Ley General de Cambio Climático, el desarrollo de una política nacional de adaptación y la presentación del Plan de Género, Derechos Humanos y Cambio Climático. Desde Engenera se subrayó que, en comunidades rurales y periurbanas, muchas mujeres ya están impulsando acciones de adaptación, pero enfrentan barreras estructurales y falta de recursos. Se enfatizó que el presupuesto climático es clave para convertir prioridades en resultados, y se compartieron avances y retos en el diálogo con el Poder Legislativo para mejorar la asignación y la coherencia del gasto. En la discusión se remarcó que el Acuerdo de Escazú exige garantizar derechos de acceso a la información, participación y justicia ambiental, y que el reto es cumplirlos de forma efectiva, especialmente para poblaciones que suelen quedar fuera, como las mujeres indígenas, mujeres con discapacidad y mujeres en contextos de más vulnerabilidad. Se insistió en que la transición energética y los proyectos asociados deben basarse en la mejor información disponible, incluyendo conocimiento local y enfoque interseccional, y que la participación pública no puede reducirse a ejercicios meramente formales. Finalmente, desde Fundación Avina se propuso incorporar una mirada de cuidados como parte central de la política climática, reconociendo que el trabajo de cuidados sostiene la vida y también sostiene la acción climática. Se compartió el marco de las “cinco R” (reconocer, reducir, redistribuir, remunerar y representar) como una guía para traducir esta mirada en políticas públicas, y se subrayó la necesidad de que el financiamiento llegue a comunidades que están en la primera línea de respuesta. Facebook Twitter LinkedIn
ANAAE, ICM y WRI México formalizan alianza para acelerar la acción climática subnacional

Noticias ANAAE, ICM y WRI México formalizan alianza para acelerar la acción climática subnacional Iniciativa climática de México, febrero 19, 2026. ► El acuerdo facilita el involucramiento activo de las 32 entidades federativas en la implementación de la NDC 3.0. ► Esta colaboración permite a los estados acceder al respaldo técnico y el fortalecimiento de capacidades para reforzar las políticas, estrategias de planeación y financiamiento climático. Ciudad de México, 18 de febrero 2026.- La Asociación Nacional de Autoridades Ambientales Estatales (ANAAE), Iniciativa Climática de México (ICM) y el Instituto de Recursos Mundiales (WRI México) suscribieron un Memorando de Entendimiento que consolida su alianza estratégica para fortalecer la gobernanza climática del país. El acuerdo de colaboración ratifica a la Comunidad Climática Mexicana (CCM) como un mecanismo de articulación y coordinación de la acción climática en las entidades federativas de México. La CCM es una iniciativa tripartita de colaboración interinstitucional creada en 2021 para asegurar que los esfuerzos locales contribuyan de manera efectiva al cumplimiento de los compromisos internacionales de México en materia de cambio climático. Los ejes de acción buscan: consolidar a la CCM como plataforma estratégica de coordinación subnacional; estructurar y fortalecer portafolios de proyectos climáticos con respaldo técnico, financiero y político; y robustecer las capacidades institucionales y la sostenibilidad operativa de los gobiernos estatales. Asimismo, impulsa una participación más activa de las entidades federativas en la política climática nacional y en foros internacionales, destacando la contribución de la acción local al cumplimiento de las metas del país. Esta colaboración permitirá dar seguimiento a la agenda climática subnacional y mantener su continuidad Óscar Rébora Aguilera, secretario de Ecología y Medio Ambiente de Quintana Roo y presidente de la Mesa Directiva de ANAAE, comenta que desde su creación, la CCM ha sido un aliado estratégico de la Asociación. Destacó que su acompañamiento ha fortalecido las capacidades climáticas de los gobiernos estatales y ha impulsado el desarrollo de proyectos de largo plazo mediante aceleradores temáticos especializados. Asimismo, Rébora Aguilera subrayó que la formalización de esta colaboración permitirá dar seguimiento a la agenda climática subnacional y mantener su continuidad, incluso frente a los cambios administrativos en los estados y en la propia ANAAE. Esto implicará también el ajuste de los mecanismos de gobernanza para garantizar una representación equilibrada de todas las regiones del país y asegurar la permanencia del acompañamiento técnico. Por su parte, Adrián Fernández Bremauntz, director ejecutivo de ICM, destacó que “la firma de este Memorando marca un hito en la arquitectura climática de nuestro país al comprometernos a que la voz y las necesidades de las 32 entidades federativas sean un pilar central en el cumplimiento de la nueva NDC 3.0. El acuerdo formaliza nuestro enfoque a largo plazo para asegurar que la política climática nacional se construya desde lo local, con metas de mitigación y adaptación que sean técnicamente robustas y socialmente justas”. Francisco Barnés Regueiro, director ejecutivo de WRI México, resaltó que “la consolidación de esta alianza constituye un avance clave para fortalecer la coordinación en materia climática en México, dar estabilidad a los esfuerzos institucionales y acelerar la ejecución de acciones concretas frente a los desafíos del cambio climático”. Facebook Twitter LinkedIn