ICM llama a activar una respuesta institucional preventiva ante los impactos de El Niño 2026 en México

Noticias ICM llama a activar una respuesta institucional preventiva ante los impactos de El Niño 2026 en México Iniciativa climática de México, agosto 19, 2026. ► La llegada de El Niño en un contexto de cambio climático podría incrementar riesgos relacionados con disponibilidad de agua, producción de alimentos, incendios, o inundaciones. ►El evento climático no producirá efectos homogéneos en el territorio mexicano.  Sus impactos dependen de la temporada, la región y las condiciones preexistentes. Ciudad de México, 18 de agosto de 2026. Durante el seminario “El Niño 2026: la liga con la emergencia climática global, qué esperar y cómo prepararnos”, organizado por Iniciativa Climática de México (ICM), junto con el Programa de Investigación en Cambio Climático de la UNAM, especialistas y autoridades analizaron la relación del fenómeno con la emergencia climática, sus posibles impactos ambientales, económicos y sociales, y las capacidades que requiere el país para anticiparse. Para ICM, la preparación debe concentrarse en cinco prioridades: establecer un mecanismo permanente de coordinación intersectorial e intergubernamental; regionalizar la información y los sistemas de alerta temprana; fortalecer la respuesta en sectores como salud, agua, alimentos, ciudades, energía y ecosistemas; incorporar un enfoque de riesgo que considere exposición, vulnerabilidad y capacidades diferenciadas en el territorio, y vincular las medidas frente a El Niño con la política nacional de adaptación al cambio climático. El Niño forma parte de la variabilidad natural del sistema climático Durante la conferencia magistral, Andreas Fischlin, excopresidente del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC) y profesor de la Escuela Politécnica Federal de Zúrich, explicó que El Niño forma parte de la variabilidad natural del sistema climático, pero advirtió que el episodio previsto para 2026 ocurre en un planeta considerablemente más cálido. Esa combinación puede amplificar riesgos relacionados con disponibilidad de agua, producción de alimentos, incendios, inundaciones y otros eventos extremos. El Panel 1, “El fenómeno de El Niño y su relación con el cambio climático: qué se espera este año”, profundizó en cómo traducir los pronósticos globales en escenarios útiles para México. Francisco Estrada, coordinador del Programa de Investigación en Cambio Climático de la UNAM; Jorge Zavala, investigador del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la UNAM, coincidieron en que El Niño no producirá efectos homogéneos en el territorio y que sus impactos dependerán de la temporada, la región y las condiciones preexistentes. “La pregunta no es sólo si va a llover más o menos, sino dónde y cuándo se esperan los impactos. En un evento de El Niño fuerte, la influencia del fenómeno puede volverse dominante y modificar patrones de precipitación, temperatura, ciclones, nortes y ondas de calor. Por eso, la preparación tiene que ser territorial y anticipada”, señaló Zavala. El Panel 2, “Posibles impactos ambientales, económicos y sociales de El Niño 2026 en México”, trasladó el análisis climático a sectores concretos. Margarita Caso, directora general de Conservación y Gestión de Mares de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales; Fabiola Sosa, jefa del Área de Crecimiento Económico y Medio Ambiente de la Universidad Autónoma Metropolitana; Tania Pérez, subdirectora de Medio Ambiente de FIRA; y la MC Olivia Rodríguez, especialista del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA), abordaron las implicaciones para ecosistemas, agua, actividades productivas y población. Uno de los temas centrales fue la seguridad hídrica. La combinación de déficit y exceso de precipitación puede poner a prueba presas, acuíferos y sistemas de abastecimiento que ya enfrentan los efectos acumulados de sequías anteriores y de la sobreexplotación. “El Niño incide en todo el ciclo del agua: no sólo en la precipitación, sino también en la evaporación, la humedad de los suelos, el escurrimiento superficial y la recarga de los acuíferos. Por eso, depender de más extracción subterránea o de trasvases no es una estrategia que garantice acceso al agua en el mediano y largo plazo; necesitamos decisiones de planeación que reconozcan la disponibilidad real del agua y su variabilidad climática”, señaló Sosa. El panel también abordó la seguridad alimentaria y los medios de vida rurales. La producción agrícola y ganadera puede resentir tanto una sequía anticipada como un exceso de humedad, por lo que la información agroclimática debe llegar a los productores y utilizarse para anticipar pérdidas, orientar apoyos y fortalecer instrumentos financieros y de aseguramiento. La protección de pequeños productores adquiere especial importancia por su mayor exposición y menor capacidad financiera para absorber impactos. Asimismo, los participantes destacaron la función de los ecosistemas como parte de la respuesta. Cuencas, bosques, manglares, humedales, arrecifes y suelos contribuyen a regular el agua, amortiguar temperaturas, reducir erosión y proteger comunidades e infraestructura. Para ICM, su conservación y restauración deben entenderse como medidas de adaptación y reducción de riesgos, y no únicamente como una agenda de protección ambiental. La adaptación exige traducir la ciencia en política pública En la conferencia “Adaptación a los impactos del cambio climático: la Política Climática y la NDC de México”, Abraham Ortínez, director general, y Celia Piguerón, coordinadora general de Adaptación al Cambio Climático y Ecología, del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), plantearon que la preparación frente a El Niño debe insertarse en una política permanente de adaptación y no agotarse cuando concluya este episodio climático. Piguerón explicó los trabajos para transformar el antiguo Atlas Nacional de Vulnerabilidad en una plataforma nacional de riesgos climáticos y adaptación con información actualizada y herramientas que permitan acercar los escenarios a las decisiones territoriales, así como el proceso de construcción de la Política Nacional de Adaptación. “La adaptación exige traducir la ciencia en política pública. A veces tenemos mucha información, pero el reto es convertir esos datos en acción, con un enfoque sistémico y una gobernanza que no vea los riesgos sector por sector ni región por región. Frente a El Niño y a otros fenómenos climáticos, necesitamos un mecanismo permanente de prevención y no bajar la guardia”, subrayó. El Panel 3, “¿Estamos listos? ¿Cómo nos preparamos? Retos para todos los sectores y niveles de gobierno”, cerró la discusión llevando el diagnóstico hacia las capacidades concretas de prevención y respuesta.

Iniciativa Climática de México presenta recomendaciones para la implementación de las metas climáticas del país a través del Programa Especial de Cambio Climático

Noticias Iniciativa Climática de México presenta recomendaciones para la implementación de las metas climáticas del país a través del Programa Especial de Cambio Climático Iniciativa Climática de México, agosto 11, 2026. ► Cumplir la meta al 2030 implica reducir 144 millones de toneladas de CO₂ equivalente durante el presente sexenio. ►ICM propone 96 medidas clave para el periodo 2026-2030 orientadas al cumplimiento de las metas nacionales de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.   Ciudad de México, 6 de agosto de 2026. La actualización en 2025 de la Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC 3.0) abrió una nueva etapa para la política climática de México y para su agenda de desarrollo inclusivo y sustentable. Para contribuir a que esos compromisos climáticos se traduzcan en acciones concretas y medibles, Iniciativa Climática de México (ICM) presenta el documento “Programa Especial de Cambio Climático 2026–2030 desde la Sociedad Civil: Recomendaciones para la implementación de la NDC”.  Tras su aprobación por la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático (CICC), el Programa Especial de Cambio Climático (PECC) 2026-2030 –principal instrumento de política pública para orientar la acción climática del país durante la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum– se encuentra en proceso de revisión previo a su publicación. En ese contexto, ICM pone a disposición de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), y de las dependencias participantes, elementos técnicos, normativos e institucionales adicionales que puedan contribuir a una implementación exitosa del programa en los próximos años.  El documento se elaboró con base en análisis desarrollados por ICM y las aportaciones de especialistas de distintos sectores y contiene recomendaciones en materia de descarbonización sectorial, adaptación y resiliencia, gobernanza, financiamiento, y seguimiento e implementación de políticas públicas, con una visión de mediano y largo plazos.    Acción climática desde el gobierno mexicano El texto incluye 96 medidas organizadas en torno a los cinco componentes de la NDC 3.0, junto con los instrumentos y mecanismos de coordinación necesarios para llevarlas a cabo. Incorpora además hitos sectoriales al 2030 para la reducción de emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero, que contribuyen a reducir los 144 millones de toneladas de CO₂ equivalente necesarias para cumplir los compromisos climáticos durante el presente sexenio. La propuesta detalla una ruta para la implementación de la NDC 3.0 mediante acciones concretas, instrumentos de política pública e hitos verificables para el periodo 2026-2030. Entre sus principales aportes destacan: 96 medidas estratégicas organizadas en torno a los cinco componentes de la NDC 3.0: temas transversales; mitigación; adaptación; pérdidas y daños, y entorno habilitador y medios de implementación. Cada medida se acompaña de instrumentos de política, mecanismos de coordinación institucional y responsables que facilitan su ejecución. Una hoja de ruta para acelerar la descarbonización de los principales sectores emisores, con hitos para 2030 que incluyen: alcanzar al menos 38.5% de generación eléctrica con fuentes limpias, respecto al 24.6% registrado en 2025 —cerca de 14 puntos porcentuales en menos de cinco años—, en línea con los alrededor de 15 GW adicionales de capacidad limpia y almacenamiento previstos en el Plan de Fortalecimiento y Expansión del Sistema Eléctrico Nacional 2025–2030, junto con el fortalecimiento de la red de transmisión; eliminar de manera progresiva la generación eléctrica con carbón, estimada en 3.4% de la matriz en 2025, y reducir el uso de combustóleo, estimado en 1% ese mismo año, con miras a su eliminación hacia 2035, mediante una transición energética justa que impulse la restauración ambiental, la reconversión laboral y productiva, y la participación de las comunidades en las regiones afectadas; acelerar la electrificación del transporte, sector responsable de 23% de las emisiones nacionales, mediante estándares que reduzcan el promedio corporativo de los autos nuevos de 125 a 63 gramos de CO₂ por kilómetro, una participación de 30% de las ventas de autobuses urbanos eléctricos y un mayor reparto modal ferroviario de carga, hoy en 13.4%; reducir en 30% las emisiones de metano del sector petróleo y gas respecto de los niveles de 2020, estimados en 29.2 millones de toneladas de CO₂ equivalente, en línea con el Plan de Sostenibilidad de Pemex; impulsar la descarbonización de la industria, origen de 18% de las emisiones nacionales, mediante eficiencia energética, electrificación, cogeneración y combustibles de bajas emisiones; fortalecer una productividad agropecuaria de bajas emisiones con 484 mil hectáreas nuevas de agricultura de conservación, la recuperación de 190 mil hectáreas de suelos degradados y 616 mil hectáreas bajo manejo silvopastoril; avanzar hacia la deforestación neta cero y cumplir la meta 30×30 de conservar el 30% de la superficie nacional terrestre y marina, en un sector con potencial de absorción de al menos 200 millones de toneladas de CO₂; promover la economía circular en el sector residuos, responsable de 9% de las emisiones nacionales, mediante la reducción del desperdicio de alimentos —20.4 millones de toneladas en 2025, equivalentes al 34% de la producción nacional— y el aprovechamiento de residuos orgánicos en al menos 20 plantas de digestión anaeróbica en municipios medianos. Un enfoque integral de adaptación y resiliencia, orientado a fortalecer la gestión del riesgo climático, la seguridad hídrica, la protección y restauración de ecosistemas, la adaptación basada en la naturaleza y el fortalecimiento de capacidades locales. El documento reconoce que aumentar la resiliencia de la población y los territorios es una condición indispensable para el desarrollo sostenible y socialmente inclusivo del país. Recomendaciones para fortalecer la gobernanza y los medios de implementación, mediante mecanismos de coordinación entre dependencias, órdenes de gobierno, sector privado, academia y sociedad civil; fortalecimiento de los sistemas de monitoreo, reporte y verificación de la NDC y una estrategia para movilizar financiamiento climático a la escala que la transición requiere: la agenda de desarrollo sostenible al 2030, plenamente integrada a la NDC 3.0, supone inversiones del orden de 13.6 billones de pesos, unos 727 mil millones anuales. De ahí la importancia de desarrollar una Plataforma de País capaz de articular recursos públicos y privados para acelerar la implementación de la NDC 3.0 y del PECC.  Propuestas para reformar la Ley General de Cambio

Iniciativa Climática de México llama a alinear el sistema financiero del país para cumplir los compromisos climáticos nacionales

Noticias Iniciativa Climática de México llama a alinear el sistema financiero del país para cumplir los compromisos climáticos nacionales Iniciativa climática de México, julio 29, 2026. ►México debe movilizar 1.7 billones de pesos anuales para alcanzar los 15 billones necesarios para alcanzar su meta de financiamiento sostenible en 2030; en los últimos diez años únicamente movilizó 1.5 billones. ► La creación de una Plataforma País puede articular a la banca comercial y de desarrollo, autoridades, inversionistas institucionales, empresas y organismos internacionales para alcanzar los compromisos climáticos del país. Ciudad de México, 29 de julio de 2026. México necesita fortalecer la coordinación de su sistema financiero y ampliar su capacidad para movilizar recursos hacia proyectos de mitigación, adaptación, transición energética, conservación y desarrollo resiliente. Este esfuerzo será indispensable para convertir los compromisos establecidos en su Contribución Determinada a Nivel Nacional, NDC 3.0, en inversiones y acciones concretas. Con este objetivo, Iniciativa Climática de México (ICM) realizó el cuarto taller del proceso “Hacia la Plataforma País de Inversión para el Desarrollo y la Acción Climática en México: Contribución desde la Sociedad Civil”, con la participación del Consejo Mexicano de Finanzas Sostenibles (CMFS), el Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza (FMCN), representantes del sector financiero, la banca de desarrollo, empresas, organismos internacionales y organizaciones de la sociedad civil. En la inauguración, Adrián Fernández Bremauntz, director ejecutivo de ICM, afirmó que el cuarto taller forma parte de un proceso que busca construir, desde la sociedad civil, una propuesta integral de Plataforma País. Aseguró que los resultados del encuentro permitirán reunir elementos técnicos para coadyuvar en la planeación del gobierno mexicano. Estado actual del ecosistema financiero en México para la movilización del financiamiento para la acción climática Bajo el título “Estado actual del ecosistema financiero en México para la movilización del financiamiento para la acción climática”, el encuentro permitió analizar los instrumentos disponibles, las barreras que limitan su escalamiento y las condiciones necesarias para canalizar recursos públicos, privados, nacionales e internacionales hacia las prioridades climáticas y de desarrollo del país. La magnitud del reto fue expuesta por Alba Aguilar Priego, directora ejecutiva del CMFS, quien advirtió sobre la urgencia de acelerar la movilización de recursos. “La meta de financiamiento sostenible hacia 2030 ronda los 15 billones de pesos. Durante los últimos diez años se han movilizado alrededor de 1.5 billones mediante bonos etiquetados, mientras que las necesidades actuales se estiman en aproximadamente 1.7 billones de pesos cada año”, afirmó. Frente a esta brecha, las y los participantes coincidieron en que una Plataforma País debe permitir que los recursos se traduzcan en proyectos viables, medibles y con impactos concretos en los territorios. Como ejemplo, Renée González Montagut, directora general del FMCN, explicó que el proyecto Ríos y Ciudades muestra cómo este mecanismo podría articular la conservación de las zonas altas de las cuencas, la restauración de riberas, el saneamiento del agua y el desarrollo de infraestructura urbana. Por su parte, Sergio Silva Castañeda, titular de la Unidad de Fomento y Crecimiento Económico de la Secretaría de Economía, subrayó que la sostenibilidad debe fungir como una condición para participar de manera competitiva en un entorno económico global, generar empleos de calidad y desarrollar nuevas oportunidades de inversión. Sostuvo que el Plan México traza la ruta para avanzar hacia una economía ambientalmente sostenible y para fortalecer una integración sólida entre instancias de gobierno. A partir de estas perspectivas, el primer panel presentó un panorama del ecosistema de financiamiento sostenible en México, incluyendo las experiencias de la banca comercial, las administradoras de fondos para el retiro y las instituciones públicas de financiamiento. La conversación se concentró en los instrumentos existentes, su capacidad para atender las necesidades de inversión climática y los desafíos para ampliar su utilización en sectores prioritarios. Entre las principales barreras se identificaron la fragmentación de los esfuerzos, la falta de proyectos suficientemente preparados, la percepción de riesgos elevados, los plazos de inversión, la necesidad de contar con información comparable y la ausencia de mecanismos que vinculen de manera sistemática las prioridades climáticas con los instrumentos financieros adecuados. El segundo panel profundizó en las condiciones necesarias para incrementar la participación del sector financiero. Las discusiones destacaron la importancia de fortalecer la preparación de proyectos, generar certidumbre regulatoria, mejorar la información disponible, reducir riesgos y diseñar mecanismos capaces de combinar recursos públicos, privados y concesionales. También se subrayó que la movilización de financiamiento debe evaluarse no sólo por el volumen de recursos captados, sino por los resultados que genere. Para ello, será necesario establecer criterios claros para la selección de proyectos, mecanismos de seguimiento y esquemas de transparencia que permitan medir sus impactos en reducción de emisiones, resiliencia, conservación, empleo y desarrollo territorial. El tercer panel analizó el papel de la banca de desarrollo y de los organismos financieros internacionales en la canalización y el escalamiento de recursos hacia sectores estratégicos. Las y los participantes abordaron su función en la estructuración de proyectos, la provisión de garantías, la distribución de riesgos, el fortalecimiento de capacidades y la atracción de capital privado. En este contexto, una Plataforma País podría convertirse en el mecanismo articulador entre las prioridades nacionales, las carteras de proyectos y las distintas fuentes de financiamiento. Su funcionamiento tendría que estar encabezado por el gobierno mexicano y apoyarse en una gobernanza clara, participación multisectorial, transparencia y rendición de cuentas. Este cuarto encuentro dio continuidad a un proceso iniciado con un primer taller, dedicado a los conceptos, principios y experiencias internacionales de las Plataformas País; un segundo taller, enfocado en las prioridades de inversión y las oportunidades en energía, biodiversidad, sistemas alimentarios y desarrollo territorial; y un tercer taller, centrado en los mecanismos de financiamiento internacional, la cooperación técnica y la movilización de capital público y privado.  Para mayor información consultar: Elementos para una Plataforma País para la Inversión en Clima y Desarrollo para México: una contribución desde la sociedad civil, en, https://iniciativaclimatica.org/plataforma_pais/ Facebook Twitter LinkedIn

Iniciativa Climática de México llama a movilizar financiamiento internacional para cumplir los compromisos climáticos del país

Noticias Iniciativa Climática de México llama a movilizar financiamiento internacional para cumplir los compromisos climáticos del país. Iniciativa climática de México, julio 16, 2026. ► Alcanzar las metas climáticas requerirá una inversión estimada de 1.7 billones de pesos anuales hacia 2030, equivalente a 5.4% del PIB. ► La  brecha de financiamiento es de tal magnitud que requiere la participación de capital privado. ► Una Plataforma País puede convertirse en una herramienta estratégica para articular prioridades nacionales, reformas habilitadoras, carteras de proyectos y mecanismos de financiamiento, bajo liderazgo del gobierno mexicano. Ciudad de México, 15 de julio de 2026. Iniciativa Climática de México (ICM) celebra la reciente presentación de la estrategia para convertir los compromisos ambientales en proyectos de inversión viables de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat). Esta iniciativa busca atraer capital privado mediante oportunidades bancables, fortalecer cadenas de valor prioritarias y crear condiciones que impulsen el desarrollo sostenible, en línea con las metas de la NDC 3.0 y el Plan México. Este anuncio se suma a los esfuerzos que distintos actores han venido impulsando para fortalecer la arquitectura de financiamiento climático en México. En ese marco, como parte del proceso de discusión y construcción conjunta que ICM desarrolla con organizaciones de la sociedad civil y autoridades, se llevó a cabo el tercer taller “Hacia la Plataforma País de Inversión para el Desarrollo y la Acción Climática en México: Contribución desde la Sociedad Civil”, titulado “Experiencias y mecanismos de movilización del financiamiento internacional para el cumplimiento de los compromisos climáticos”. El taller buscó generar insumos para fortalecer los mecanismos que faciliten el acceso al financiamiento necesario para cumplir los compromisos climáticos del país. ICM destacó que la NDC 3.0 representa un cambio de modelo para México: pasar de compromisos cada vez más ambiciosos a una transformación estructural de la economía nacional hacia un desarrollo resiliente, incluyente y de bajas emisiones. La escala del reto es inédita, ya que alcanzar las metas climáticas requerirá una inversión estimada de 1.7 billones de pesos anuales hacia 2030, equivalente a 5.4% del PIB. Una Plataforma País puede cumplir precisamente esa función integradora “México enfrenta una brecha de financiamiento de tal magnitud que no puede cerrarse sólo con recursos públicos. El capital privado es esencial pero, para movilizarlo, se requieren mecanismos que reduzcan riesgos, ordenen prioridades, articulen financiamiento y traduzcan los compromisos climáticos en carteras de inversión. Una Plataforma País puede cumplir precisamente esa función integradora”, señaló Marcela Álvarez, especialista en finanzas sostenibles de Iniciativa Climática de México. ICM ha mostrado a lo largo de los talleres que una Plataforma País ha probado ser una herramienta estratégica eficiente empleada en países como Brasil y Sudáfrica para articular prioridades nacionales, reformas habilitadoras, carteras de proyectos y mecanismos de financiamiento. Se trata de un mecanismo que funciona bajo el liderazgo de los gobiernos nacionales y con participación del sector privado, banca de desarrollo, cooperación internacional, sociedad civil y academia. “México no sólo necesita identificar qué inversiones son prioritarias; también necesita construir las condiciones para que esas inversiones sean financiables, transparentes y medibles. Una Plataforma País puede ayudar a ordenar la demanda de financiamiento, conectar proyectos con instrumentos financieros adecuados y acelerar la implementación de la NDC”, explicó Andrés Flores Montalvo, director de Política Energética de ICM. Durante el taller, las y los participantes analizaron experiencias internacionales de financiamiento del sector privado alineado con objetivos climáticos, incluyendo mecanismos para movilizar capital hacia proyectos de transición energética, mitigación, adaptación e infraestructura sostenible. También se abordó el papel de la cooperación técnica y del financiamiento internacional para preparar proyectos, reducir riesgos, fortalecer capacidades institucionales y facilitar la participación de la banca de desarrollo. “Las Plataformas País no son una receta única ni resuelven todos los problemas, pero sí pueden ayudar a movilizar financiamiento a escala cuando están lideradas por el gobierno, tienen objetivos claros, incorporan desde el inicio al sector financiero y mantienen una comunicación transparente. La clave es identificar temprano las barreras de inversión y diseñar instrumentos que permitan que el capital público y privado llegue a los proyectos que el país define como prioritarios”, enfatizó Rebeca Lima, directora para América Latina y el Caribe de Glasgow Financial Alliance for Net Zero (GFANZ). El tercer panel del encuentro se enfocó precisamente en los retos y oportunidades de acceso a financiamiento sostenible a través de estándares, regulación, acceso a información y transparencia. La divulgación y la gestión de riesgos climáticos no son un fin en sí mismo; son herramientas para que el sector financiero tome mejores decisiones, identifique oportunidades y asigne capital de manera más eficiente. “Si queremos que mecanismos como una Plataforma País movilicen inversión privada, necesitamos que la información climática y de naturaleza deje de quedarse en reportes y se traduzca en decisiones”, destacó Mariana Rojas Laserna, directora de Finanzas Climáticas de Transforma. Asimismo, durante las discusiones se puntualizó que el financiamiento climático ya no puede depender sólo de donaciones o recursos aislados. “Para escalar soluciones en territorio, necesitamos estructurar proyectos que integren fondos multilaterales, banca de desarrollo, capital privado y comunidades, con mecanismos que compartan riesgos y permitan demostrar impactos positivos, medibles y verificables. Esa es precisamente la lógica que puede fortalecer una Plataforma País”, advirtió Gabriela Niño, especialista en Finanzas Sostenibles del Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza. ICM reiteró que México no parte de cero. El país cuenta con instrumentos como la Taxonomía Sostenible, la Estrategia de Movilización de Financiamiento Sostenible, emisiones de bonos sostenibles y una agenda de inversión vinculada al Plan México. Sin embargo, para cumplir la NDC 3.0 será necesario articular mejor estos esfuerzos, fortalecer la gobernanza, estructurar carteras de proyectos financiables y construir mecanismos de seguimiento que permitan medir tanto los recursos movilizados como sus impactos en emisiones, resiliencia, empleo, competitividad y bienestar. Facebook Twitter LinkedIn