Iniciativa Climática de México subraya la importancia de contar con una Plataforma de País para financiar la agenda climática
Noticias Iniciativa Climática de México subraya la importancia de contar con una Plataforma de País para financiar la agenda climática Iniciativa climática de México, junio 17, 2026. ► ICM impulsa la discusión sobre una Plataforma de País como uno de los mecanismos más viables para ayudar al cumplimiento de las metas climáticas de México. ► El Plan México puede fortalecerse incrementando sus componentes “verdes” para movilizar inversiones que contribuyan al cumplimiento de los Compromisos de Reducción de Emisiones (NDC) de nuestro país. Ciudad de México, 17 de junio de 2026. Ante la urgencia de traducir las metas climáticas de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero de climáticas y de desarrollo en inversiones y proyectos a gran escala, Iniciativa Climática de México (ICM) promueve la discusión sobre la necesidad de preparar una Plataforma de País (CP, por sus siglas en inglés), uno de los mecanismos más viables para ayudar al cumplimiento de las metas climáticas de México. En un contexto de creciente competencia por el financiamiento internacional, ICM destaca que fortalecer la coordinación entre actores y canalizar inversiones con más ambición, escala y celeridad se ha vuelto una prioridad estratégica para el país. En este marco, ICM realizó el foro “Hacia la Plataforma de País de Inversión para el Desarrollo y la Acción Climática en México: Contribución desde la Sociedad Civil”. Este primer encuentro, de cuatro previstos para los próximos meses, reunió a especialistas, representantes del sector público, organismos internacionales, agencias de cooperación, sector financiero, academia y sociedad civil para hacer un llamado a concretar una CP que permita cumplir con la NDC 3.0 y acelerar la transición energética en el país. La NDC 3.0, presentada en noviembre de 2025 en la COP30, es la hoja de ruta climática más ambiciosa de la historia del país. Fija metas concretas de reducción de emisiones para 2030 y 2035, definidas desde las prioridades e intereses nacionales de la política energética, y cumplirlas requiere movilizar 13.6 billones de pesos en financiamiento. En el sector eléctrico, alcanzar 45% de generación limpia para 2030 exige atraer entre 100 y 150 mil millones de pesos anuales en inversión privada, una cifra que no se alcanzará con los flujos actuales. La acción climática no debe verse como una agenda separada del desarrollo nacional Por tanto, la necesidad de una CP que funcione como ventanilla única para la movilización de recursos se vuelve urgente: bajo el liderazgo del gobierno federal, permitiría articular actores, reducir la fragmentación institucional y facilitar la construcción de proyectos de inversión alineados con las prioridades nacionales, vinculando la acción climática con objetivos de crecimiento económico, inclusión social y bienestar. “La acción climática no debe verse como una agenda separada del desarrollo nacional. Para México, una Plataforma de País representa una oportunidad para conectar metas climáticas cada vez más ambiciosas con prioridades nacionales de crecimiento económico, generación de empleo, desarrollo industrial, seguridad hídrica, infraestructura resiliente y reducción de desigualdades. Además, podría complementar instrumentos ya existentes como los bonos soberanos sostenibles, la Taxonomía Sostenible de México y la Estrategia de Movilización de Financiamiento Sostenible, fortaleciendo la coordinación entre instituciones y evitando la duplicación de esfuerzos”, destacó Adrián Fernández Bremauntz, director ejecutivo de ICM. “De la misma manera que ICM preparó y publicó una NDC desde la sociedad civil (en 2022), una Ruta de Cero Emisiones (en 2023) y un primer Reporte Ejecutivo sobre la Plataforma de País en México (en 2025), ahora se dará a la tarea de elaborar una propuesta comprensiva desde la sociedad civil que muestre las oportunidades más importantes del país para escalar sus esfuerzos y acceder a nuevos recursos financieros internacionales para el cumplimiento de las metas de la NDC”, dijo Fernández Bremauntz. El objetivo de Iniciativa Climática de México es adelantar la preparación de insumos técnicos para los tomadores de decisiones y así contribuir al diseño de la versión oficial de la Plataforma de País en México. Por su parte, José Luis Samaniego, subsecretario de Desarrollo Sostenible y Economía Circular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, afirmó que, en México, la CP debe denominarse Módulo de Inversión Sostenible y tendría que fungir como la “rebanada verde del Plan México” para identificar, priorizar y movilizar inversiones que fortalezcan la estructura productiva, generen bienestar y contribuyan al cumplimiento de la NDC 3.0. Los especialistas coincidieron en que una Plataforma de País debe ser country-owned y country-driven, es decir, apropiada y conducida por el propio país. Su diseño debe responder a las prioridades, capacidades y circunstancias nacionales, en lugar de adoptar un modelo definido desde el exterior. “No existe una Plataforma de País idéntica para todos. Debe estar orientada por las prioridades y el contexto de cada nación, contar con una estructura gubernamental sólida y tener objetivos transformadores claramente definidos. No se trata de financiar pequeñas piezas o una colección de proyectos aislados, sino de coordinar políticas, capacidades e inversiones para impulsar transiciones sistémicas”, explicó Josué Tanaka, integrante del Country Platforms Hub. Un modelo exitoso en el mundo El foro reunió perspectivas nacionales e internacionales para analizar el marco conceptual de las CP, identificar lecciones de experiencias exitosas y explorar los arreglos institucionales que mejor respondan al contexto mexicano. La relevancia de las CP ha crecido en espacios multilaterales como las negociaciones climáticas internacionales, las reuniones del Banco Mundial y la Conferencia Internacional sobre Financiamiento para el Desarrollo, y actualmente alrededor de 20 países han establecido o anunciado Plataformas de País, entre ellos Brasil, Colombia, India, Sudáfrica, Indonesia, Egipto y Vietnam. En Sudáfrica, la CP movilizó más de 12 mil millones de dólares con enfoque en transición energética justa, mientras que Brasil estructuró en menos de un año una cartera de proyectos con potencial de inversión superior a los 25 mil millones de dólares, vinculando financiamiento climático con desarrollo industrial, bioeconomía y transición energética. La NDC 3.0 es la apuesta climática de México, construida desde sus propias prioridades nacionales. Una CP es el mecanismo para financiar con recursos coordinados, bajo liderazgo del gobierno y alineados a acelerar la
El agua: un vínculo profundo entre la naturaleza y la sociedad
Noticias El agua: un vínculo profundo entre la naturaleza y la sociedad Omar García Castañeda, especialista en modelación y estudio de sistemas socio-ecológicos, colaborador de Iniciativa Climática de México (ICM). México alberga cerca del 10% de la biodiversidad mundial, y gran parte de ella depende directamente de la presencia del agua. Allí donde el agua fluye en ríos, o se concentra en lagunas, humedales o acuíferos se organiza la vida: peces que desovan en estuarios; manglares que funcionan como guarderías de múltiples especies marinas y vegetación especializada, que regula los flujos hídricos. Al mismo tiempo, estos ecosistemas sostienen medios de vida humanos como la pesca artesanal, la agricultura de riego, el turismo de naturaleza y el abastecimiento de agua para comunidades y ciudades. Sin embargo, esta relación fundamental suele permanecer invisible en las discusiones públicas. Con frecuencia se habla del agua como un recurso escaso que debe administrarse, y no como el sistema vivo que sostiene ecosistemas y sociedades. Reconocer esta interconexión es el punto de partida para repensar la forma en la cual entendemos la conservación de la biodiversidad, el clima y el bienestar humano. La arquitectura invisible de los ecosistemas Los ecosistemas dependen del agua para mantener su estructura y funcionamiento. La disponibilidad, calidad y temporalidad del agua determinan qué especies pueden habitar un territorio y qué procesos ecológicos pueden desarrollarse. En este sentido, ríos, lagunas y humedales funcionan como nodos de biodiversidad al concentrar agua, nutrientes y refugio que permiten la interacción de múltiples especies y el desarrollo de procesos ecológicos clave para el mantenimiento de la biodiversidad y el funcionamiento de los ecosistemas. Uno de estos procesos ecológicos es la alta productividad biológica que se genera cuando los nutrientes transportados por el agua se acumulan en estos ambientes acuáticos, favoreciendo el crecimiento de algas, plantas acuáticas y microorganismos que sostienen complejas redes alimentarias. Esta productividad ecológica permite que desde invertebrados y peces hasta aves y mamíferos encuentren alimento y condiciones adecuadas para completar sus ciclos de vida. Cuando estos sistemas se degradan por contaminación, sobreexplotación o cambio de uso de suelo, las consecuencias ecológicas pueden ser profundas y duraderas. Por ejemplo, a escala global los ecosistemas de agua dulce se encuentran entre los más amenazados del planeta. Se estima que más del 85 % de los humedales del mundo se han perdido desde el siglo XVIII (IPBES, 2019), una de las transformaciones ambientales más aceleradas registradas en la historia reciente. La desaparición de estos ecosistemas reduce la capacidad del paisaje para almacenar y filtrar agua, recargar acuíferos y regular inundaciones y sequías. Degradación hídrica y desigualdad social En México, existen 653 acuíferos, de los cuales alrededor de 111 se encuentran sobreexplotados. Esta presión sobre los recursos hídricos se combina con el cambio climático, que intensifica sequías, altera los patrones de precipitación y aumenta la frecuencia de eventos hidrometeorológicos extremos. Las consecuencias de esta degradación no se distribuyen de manera equitativa. Las comunidades con menor acceso a infraestructura hídrica o cuya economía depende directamente de actividades primarias como la agricultura, suelen ser las más vulnerables a la disminución o deterioro de los recursos hídricos. En México, aunque la mayoría de la población cuenta con agua entubada, sólo alrededor del 43 % tiene acceso a servicios de agua potable gestionados de forma segura; disponibles cuando se necesitan, libres de contaminación y dentro de la vivienda. En este contexto, la gestión del agua se convierte también en una cuestión de justicia ambiental. Reconocer el agua como sustento de la biodiversidad, de los ecosistemas y de las comunidades permite replantear la forma en que se diseñan las políticas ambientales y climáticas. La conservación de ecosistemas no es solo una estrategia de protección ambiental: es una inversión en resiliencia climática, seguridad alimentaria y desarrollo territorial sostenible. En un contexto de cambio climático y creciente presión sobre los sistemas naturales, reconocer esta interdependencia se vuelve indispensable. El agua articula procesos ecológicos, economías locales y formas de vida que dependen de ecosistemas funcionales. Entender este vínculo no sólo redefine la manera en que pensamos la conservación, sino también la forma en que construimos sociedades más resilientes frente a los desafíos del futuro. Texto publicado en: Forbes, 26 de marzo de 2026, https://forbes.com.mx/el-agua-un-vinculo-profundo-entre-la-naturaleza-y-la-sociedad/ Facebook Twitter LinkedIn
Clima, desigualdad y derechos:¿Qué significa hablar de justicia climática?
Noticias Clima, desigualdad y derechos: ¿Qué significa hablar de justicia climática? Lisbeth Camacho, gerente de transición energética justa y justicia climática Florencia García, analista en transición energética justa y justicia climática Miriam Silva, analista en transición energética justa y justicia climática Durante años usamos el concepto de calentamiento global para describir el aumento sostenido de la temperatura promedio del planeta. Más adelante comenzamos a utilizar el término cambio climático, que permitió comprender que el problema no se limita al incremento de la temperatura, sino que implica transformaciones profundas del sistema climático: alteraciones en los patrones de lluvia, fenómenos extremos como huracanes más intensos, sequías prolongadas y olas de calor más frecuentes. Estas alteraciones provienen de un modelo energético y productivo basado en la quema de combustibles fósiles, que ha incrementado de manera sostenida la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera. Sus efectos impactan de manera desigual a personas y ecosistemas, alterando ciclos naturales y poniendo en riesgo a múltiples especies. Por eso, hablar únicamente de cambio climático ya no es suficiente para entender la complejidad del fenómeno. Hoy el concepto de crisis climática nos permite comprender que estos fenómenos rebasan lo ambiental. No estamos ante un episodio aislado, sino ante las consecuencias acumuladas de decisiones económicas y políticas que siguen sosteniendo un modelo de desarrollo que concentra beneficios y distribuye riesgos de manera desigual. No se trata únicamente de reducir toneladas de carbono, sino de preguntarnos quién se benefició del modelo de desarrollo y quién está pagando sus consecuencias. Pero entender la crisis climática sin la variable de justicia, también resulta incompleto. La justicia climática reconoce que, dentro de esta crisis, no todas las personas han contribuido de la misma manera a la acumulación histórica de emisiones ni cuentan con la misma capacidad para enfrentar sus impactos. Quienes menos han emitido suelen ser quienes más sufren: pierden su vivienda ante un huracán, su cosecha ante la sequía o su salud ante el calor extremo. Además, reconoce que la crisis deteriora bienes comunes: bosques que regulan el agua, manglares que protegen las costas, suelos fértiles que sostienen la producción de alimentos y mares cuya biodiversidad garantiza equilibrio ecológico y sustento para comunidades enteras. Cuando la biodiversidad se erosiona, no solo desaparecen especies, se debilitan las redes que sostienen la vida y las economías locales. La dimensión de género no puede ignorarse. Hablamos de justicia climática cuando comprendemos que lo que está en juego no es sólo la temperatura promedio del planeta, sino la posibilidad real de ejercer derechos fundamentales para sostener la vida. El derecho a la vivienda se debilita cuando los eventos extremos se intensifican; el derecho al agua se tensiona cuando las sequías se prolongan; el derecho a la salud se compromete ante olas de calor cada vez más frecuentes. El derecho a un medio ambiente sano se pone en riesgo cuando los ecosistemas pierden su capacidad de regenerarse. La vulneración de estos derechos no depende solo de la intensidad de los fenómenos, sino de las condiciones sociales y económicas de cada persona. Esto marca la diferencia entre recuperarse en meses o quedar en precariedad durante años. La dimensión de género no puede ignorarse. En contextos de escasez o desastre, son con frecuencia las mujeres quienes asumen mayores cargas de cuidado y sostienen la reconstrucción comunitaria. Sin embargo, su trabajo sigue sin reconocerse y sus voces permanecen subrepresentadas en los espacios de decisión. Desde una perspectiva interseccional, también es necesario reconocer que pueblos originarios y comunidades afromexicanas han sido sistemáticamente desplazados de estas decisiones, mientras sus saberes se invisibilizan y sus territorios se convierten en escenario de proyectos que no siempre les benefician ni respetan su autonomía. Precisamente porque la crisis se vive de forma desigual y se entrecruza con múltiples vulnerabilidades, la respuesta debe ser integral y de largo plazo. Se requieren políticas que reduzcan emisiones de manera planificada, sin trasladar los costos de la transición a quienes ya enfrentan mayores desventajas, y que garanticen la participación vinculante de las comunidades más impactadas en las decisiones sobre su territorio. Democratizar la política climática es condición para que las soluciones sean legítimas y efectivas, y para fortalecer la organización colectiva y la voz de quienes históricamente han sido excluidos. Ante este panorama, debemos repensar el modelo de desarrollo. No es sostenible medir el éxito únicamente en términos de crecimiento económico cuando ese crecimiento depende de actividades que profundizan la crisis climática, amplían las brechas sociales y deterioran los sistemas naturales que hacen posible la vida. Las decisiones para el desarrollo deben alinearse con la protección de la vida, la equidad y el bienestar colectivo. Y aunque el reto es enorme, también lo es la capacidad de respuesta social. La esperanza no está en promesas vacías, sino en lo que ya ocurre en muchos territorios: organización colectiva que permite la defensa del agua, el cuidado de los ecosistemas y respuestas solidarias ante los riesgos. Si esa fuerza se acompaña de decisión institucional y de una inversión clara en alternativas sostenibles, podemos reducir emisiones, fortalecer la resiliencia y construir un futuro más digno para todas y todos. Texto publicado en: Animal Político, 26 de febrero de 2026, https://grupoanimal.mx/opinion/clima-desigualdad-derechos-justicia-climatica Facebook Twitter LinkedIn
Transporte limpio: un reto institucional y normativo con múltiples beneficios
Noticias Transporte limpio: un reto institucional y normativo con múltiples beneficios Carlos Mir, gerente de electromovilidad, Iniciativa Climática de México La descarbonización del transporte en México ya no es una aspiración lejana: es una necesidad inmediata. En un contexto en el que el país ha actualizado recientemente sus compromisos climáticos a través de la NDC 3.0, el sector transporte, aunque presenta grandes retos, ofrece también una de las mayores oportunidades para reducir emisiones de gases de efecto invernadero, de las que es actualmente el principal causante. La electromovilidad, en particular, surge como una pieza clave, no solo por los beneficios ambientales que puede generar, sino por sus posibles impactos positivos para la sociedad y la economía. Sin embargo, avanzar hacia un sistema de transporte de cero emisiones no depende únicamente de la disponibilidad de vehículos eléctricos. Requiere, sobre todo, de decisiones públicas bien articuladas, marcos normativos coherentes y una coordinación efectiva entre actores. La transición no solo es tecnológica: es institucional. La NDC 3.0 reconoce este desafío y plantea la necesidad de acelerar el paso hacia la implementación. Existe una brecha entre las promesas y la acción, que solo puede cerrarse mediante políticas públicas robustas, legislación adecuada y una visión integral del sistema de transporte, entendida como la articulación entre quienes tienen poder de decisión en los temas relativos a la movilidad de personas y mercancías, la infraestructura de carga, el sistema eléctrico, la planeación urbana y el desarrollo territorial. La electromovilidad tiene relevancia estratégica. Contribuye a reducir emisiones y tiene impactos positivos en la calidad del aire, la salud pública y la competitividad económica. Su despliegue efectivo depende de múltiples factores: desde la planeación del sistema eléctrico hasta el diseño urbano, pasando por incentivos fiscales, regulación de emisiones y acceso a infraestructura de carga. Coordinación institucional al centro La transición hacia la electromovilidad no puede abordarse de manera aislada desde un solo sector. Requiere coherencia entre políticas de energía, transporte, desarrollo urbano y cambio climático. La planeación territorial, por ejemplo, define patrones de movilidad; el desarrollo urbano condiciona la demanda de transporte; y la transición energética determina la capacidad del sistema eléctrico para soportar una flota electrificada. Sin esta alineación, cualquier esfuerzo será fragmentado e insuficiente. De igual forma, el marco jurídico desempeña un papel habilitador clave. Las leyes generales y la legislación estatal tienen el potencial de traducir los compromisos climáticos en acciones concretas. Desde la integración de la electromovilidad en leyes de movilidad hasta el diseño de incentivos fiscales o esquemas de financiamiento, el marco normativo puede acelerar —o frenar— la transición. La experiencia internacional lo demuestra: en Noruega, la claridad regulatoria y la planeación de largo plazo han dado certidumbre a fabricantes y al ecosistema industrial para escalar la oferta de vehículos eléctricos, logrando que más del 95% de los vehículos que se venden anualmente sean cero emisiones. En Costa Rica, por dar otro ejemplo, un marco legal adecuado ha facilitado el desarrollo de capacidades institucionales y de mercado para la introducción sostenida de estas tecnologías. Sin embargo, más allá de los instrumentos, lo que define el rumbo es la corresponsabilidad en la toma de decisiones, especialmente con la participación de actores diversos. Las organizaciones de la sociedad civil han sido fundamentales para posicionar la agenda climática y generar evidencia técnica. El sector público, por su parte, tiene la responsabilidad de traducir esa evidencia en política pública. Y dentro de este sector, tanto las autoridades federales como los gobiernos subnacionales y los órganos legislativos tienen un rol determinante. Parlamento Abierto sobre electromovilidad Es particularmente relevante el papel de los legisladores, quienes pueden impulsar reformas, crear marcos habilitadores y asignar recursos. La transición hacia la electromovilidad no ocurrirá sin decisiones legislativas que integren este tema entre las prioridades nacionales y locales. En ese sentido, los espacios de diálogo entre tomadores de decisión, expertos y sociedad civil son más necesarios que nunca. Desde la sociedad civil damos la bienvenida, el próximo 23 de abril, al Parlamento Abierto sobre electromovilidad, que se realizará en el Palacio Legislativo de San Lázaro. Este encuentro representa una oportunidad clave para avanzar en esta importante agenda. Esperamos que este espacio sirva para construir consensos, identificar barreras y, sobre todo, generar propuestas concretas desde el ámbito legislativo, social y técnico. La relevancia de este tipo de ejercicios radica en su capacidad para coordinar agendas. La movilidad, la energía, el desarrollo urbano y el cambio climático no se pueden tratar de manera aislada. La electromovilidad ofrece un punto de convergencia que obliga a trabajar de manera coordinada entre los distintos sectores. Sin embargo, más allá de los instrumentos, lo que define el rumbo es la corresponsabilidad en la toma de decisiones, especialmente con la participación de actores diversos. Las organizaciones de la sociedad civil han sido fundamentales para posicionar la agenda climática y generar evidencia técnica. El sector público, por su parte, tiene la responsabilidad de traducir esa evidencia en política pública. Y dentro de este sector, tanto las autoridades federales como los gobiernos subnacionales y los órganos legislativos tienen un rol determinante. Para que México cumpla con sus compromisos climáticos, es necesario acelerar la descarbonización del sector transporte. Esto no depende únicamente de la disponibilidad tecnológica, sino de la existencia de instituciones coordinadas, marcos normativos coherentes y mecanismos de decisión participativos y efectivos que permitan implementar la transición de manera estructurada. Texto publicado en: Forbes, 7 de mayo de 2026, https://forbes.com.mx/transporte-limpio-un-reto-institucional-y-normativo-con-multiples-beneficios/ Facebook Twitter LinkedIn