Central “cerrar la brecha” de género en energía y acción climática

Noticias Central “cerrar la brecha” de género en energía y acción climática ► En México, la participación femenina en el sector energético, tanto tradicional como renovable, se encuentra entre 20 y 25%. ► La brecha de género está presente a lo largo de toda la cadena del sector energético, particularmente en los espacios donde se toman decisiones. ► La inclusión requiere de cambios en reglas, incentivos y condiciones habilitantes. Iniciativa Climática de México (ICM), Voz Experta y el Instituto de Desarrollo, Energía y Ambiente (IDEA) organizaron el evento “Cerrando la brecha: energía y cambio climático con perspectiva de género”. Un espacio de diálogo para visibilizar los desafíos y las oportunidades de integrar la perspectiva de género en el sector energético y en la política climática, como condición para una acción climática justa. El encuentro abrió con una introducción sobre la brecha de género en México y los riesgos de retroceso, donde se destacó que el contexto actual exige reforzar capacidades para evitar que se profundicen las desigualdades. Itzá Castañeda Carney, consultora de equidad de género e inclusión social de WRI México, dio a conocer que, en el caso de las economías avanzadas, 6% de las mujeres ocupadas trabaja en empleos verdes frente a 20% de los hombres. Mientras que, en México, la participación femenina en el sector energético, tanto tradicional como renovable, se encuentra entre 20 y 25%. En tanto que en el ámbito mundial las mujeres ocupan 32% de los empleos de tiempo completo en energías renovables, en contraste con 23% en la industria del petróleo y gas o con 25% en la energía nuclear. Entre los mensajes principales del panel “El sector energético mexicano: brechas, barreras y propuestas”, con participantes de Voz Experta, se destacó que la brecha de género está presente a lo largo de toda la cadena del sector, particularmente en los espacios donde se toman decisiones, en los que persisten los sesgos y las barreras estructurales. En la conversación se subrayó que la inclusión requiere de cambios en reglas, incentivos y condiciones habilitantes. Las panelistas coincidieron en que, para acelerar la igualdad de oportunidades y fortalecer los resultados del sector, se necesitan medidas prácticas en cuatro frentes. El sector energético mexicano: brechas, barreras y propuestas Regulación, transparencia y rendición de cuentas. Se planteó fortalecer mecanismos que impulsen más participación de mujeres en puestos técnicos y de liderazgo, así como mejorar la disponibilidad de información pública sobre participación por niveles y áreas, de modo que la brecha sea medible y atendible. Implementación real de instrumentos con enfoque de género. Se enfatizó que no basta con que existan instrumentos: el reto clave es el “cómo” se ponen en marcha, con diagnósticos adecuados, derecho a la información y metodologías adaptadas a los contextos locales. Talento y trayectoria: la brecha empieza temprano. El panel resaltó la urgencia de enfrentar una doble realidad: una brecha de género y una crisis de talento, particularmente en perfiles técnicos, y la necesidad de intervenir desde etapas tempranas (antes de la universidad) para ampliar referentes, vocaciones y rutas de acceso. Incentivos y reputación sectorial. Se propuso explorar herramientas que incentiven buenas prácticas, incluyendo esquemas de visibilización y comparación pública de avances (por ejemplo, sobre participación, brecha salarial y apoyos de cuidados), para alinear el interés público con el interés privado. Por otro lado, en el panel “Perspectiva de género en la política climática: retos y oportunidades para una acción climática justa”, organizado por ICM e IDEA, se discutió cómo integrar la perspectiva de género en la política pública, la legislación e implementación climática, con un enfoque de derechos humanos y de justicia. Desde la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) se destacó el carácter participativo del proceso en la elaboración de la Contribución Nacionalmente Determinada (NDC 3.0) y el desafío principal que viene: convertir compromisos en acción, con especial atención a que el financiamiento llegue a donde debe llegar y que las personas, incluidas las mujeres, participen desde el diseño de los proyectos. También se mencionaron como “tiros de precisión” la reforma a la Ley General de Cambio Climático, el desarrollo de una política nacional de adaptación y la presentación del Plan de Género, Derechos Humanos y Cambio Climático. Desde Engenera se subrayó que, en comunidades rurales y periurbanas, muchas mujeres ya están impulsando acciones de adaptación, pero enfrentan barreras estructurales y falta de recursos. Se enfatizó que el presupuesto climático es clave para convertir prioridades en resultados, y se compartieron avances y retos en el diálogo con el Poder Legislativo para mejorar la asignación y la coherencia del gasto. En la discusión se remarcó que el Acuerdo de Escazú exige garantizar derechos de acceso a la información, participación y justicia ambiental, y que el reto es cumplirlos de forma efectiva, especialmente para poblaciones que suelen quedar fuera, como las mujeres indígenas, mujeres con discapacidad y mujeres en contextos de más vulnerabilidad. Se insistió en que la transición energética y los proyectos asociados deben basarse en la mejor información disponible, incluyendo conocimiento local y enfoque interseccional, y que la participación pública no puede reducirse a ejercicios meramente formales. Finalmente, desde Fundación Avina se propuso incorporar una mirada de cuidados como parte central de la política climática, reconociendo que el trabajo de cuidados sostiene la vida y también sostiene la acción climática. Se compartió el marco de las “cinco R” (reconocer, reducir, redistribuir, remunerar y representar) como una guía para traducir esta mirada en políticas públicas, y se subrayó la necesidad de que el financiamiento llegue a comunidades que están en la primera línea de respuesta. Facebook Twitter LinkedIn
Diversidad y articulación: pilar de la acción climática para estados y municipios.

Noticias Diversidad y articulación: pilar de la acción climática para estados y municipios. Jorge Villarreal, director de política climática marzo 22, 2026. Empecemos por algo evidente, aunque no siempre lo digamos con suficiente claridad: México no es un territorio homogéneo. Basta con subirse a una bicicleta —si la condición física alcanza— o a un autobús —si todavía estamos en proceso de entrenamiento— y recorrer unas horas para que el paisaje cambie por completo. Cambia el clima, cambia la economía, cambia la forma en que la gente se relaciona con su entorno. Desiertos, mares, selvas, zonas industriales, sierras forestales, metrópolis densas y comunidades rurales conviven en un mosaico complejo de realidades ecológicas, económicas y sociales distintas entre sí. Por ello, las políticas climáticas que funcionan en la zona industrial de Nuevo León difícilmente serán idénticas a las que necesita una región agrícola del Bajío o una zona con alta cobertura forestal en Chiapas. Lo que es urgente en una ciudad con problemas crónicos de movilidad y calidad del aire no es lo mismo que enfrenta un territorio costero vulnerable a huracanes cada temporada. Y a eso se suma algo más profundo: las distintas formas de organización comunitaria, los arreglos políticos locales, las capacidades institucionales, la historia económica y territorial de cada estado o región. La diversidad no es sólo geográfica: es política. En ese contexto, el reconocer y entender esa diversidad, es lo que permite construir la acción climática efectiva en estados y municipios. Parafraseando al zapatismo, México es un territorio donde caben muchos territorios. Pero en un país como el nuestro, este reconocimiento y articulación no ocurre por simple inercia. Requiere guía, coordinación, confianza y reglas compartidas. Requiere que actores distintos —federación, estados, municipios— empujen en la misma dirección, aunque no partan del mismo lugar. En ese sentido, la acción climática es necesariamente una gestión colectiva. Ese espíritu ya estaba presente en la Ley General de Cambio Climático de 2012. No fue casual que incluyera un Sistema Nacional de Cambio Climático ni que asignara responsabilidades explícitas a estados y municipios. La arquitectura legal reconoció algo que suena -nuevamente- evidente pero que no enfatizamos: sin territorio no hay implementación. Desde entonces, los estados han avanzado de manera diferenciada pero sustantiva, creando el andamiaje necesario para atender el cambio climático. Han actualizado marcos legales, diseñado estrategias, creado mecanismos de precio al carbono, fortalecido esquemas de coordinación y desarrollado medidas de adaptación y protección de ecosistemas. Los municipios también han hecho lo propio, algunos con más recursos que otros, pero con una creciente conciencia de que la acción climática no es un accesorio, sino una variable que atraviesa transporte, residuos, agua y desarrollo urbano. La NDC como punto de encuentro y el financiamiento como oportunidad La Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC, por sus siglas en inglés) presentada en la COP30 marca una dirección clara. Define las nuevas metas y ejes de acción en mitigación y adaptación, detalla los instrumentos y las condiciones sobre la que se basa la implementación. Pero estas metas no se cumplen en abstracto, y mucho menos en condiciones económicas y geopolíticas que dificultan alcanzar los objetivos planteados. Por ello la NDC se ancla de varias palancas. Una de ellas es reconocer que su implementación depende de la articulación multinivel. La implementación efectiva de la NDC sólo se materializa si las decisiones territoriales se alinean con ese horizonte. Estas decisiones determinarán, a su vez, el presente y el futuro de los propios territorios. Los escenarios climáticos brindan claridad en cómo serán los posibles impactos, y las rutas de descarbonización ofrecen guía de cómo orientar el desarrollo socioeconómico y la protección ambiental para evitar impactos aún mayores. Muchos estados y municipios cuentan con instrumentos de planeación y otras herramientas que han permitido la construcción de un andamiaje de política públicas para la acción climática. Un andamiaje perfectible, por supuesto. Pero, donde hay una ventana de oportunidad amplia es en la carencia de estructuras técnicas para convertir las prioridades de política en proyectos financieramente bien armados, con claridad en riesgos, con viabilidad presupuestal. Hablar de financiamiento climático no significa depender exclusivamente de fondos internacionales concesionales. Significa revisar presupuestos estatales, generar incentivos correctos, estructurar proyectos con rigor, reducir riesgos para atraer inversión privada y alinear planeación territorial con decisiones de inversión. En ese sentido, es necesario impulsar un plan de inversión en cuestiones climáticas como el que han implementado países como Brasil y Sudáfrica bajo el esquema conocido como Plataformas País. Dichas plataformas son mecanismos liderados por el gobierno nacional, con el respaldo de donantes internacionales que aportan financiamiento inicial para su creación y recursos adicionales para su implementación. Se trata de planes que llevan inherentemente el deseo de atender simultáneamente aspectos como el empleo, el combate a la pobreza y el desarrollo económico y social, pero con un enfoque de justicia y equidad. El impulso de una Plataforma País para México con la participación de los estados y municipios cobra más relevancia. No como una política más, sino como un instrumento de decisiones donde se ordena la conversación entre prioridades nacionales, capacidades subnacionales y fuentes de financiamiento. Sin esa gestión estructurada, el riesgo es la dispersión y fragmentación de los instrumentos financieros, y la falta de capacidades para aprovecharlos. Desde esta lógica, la diversidad territorial puede traducirse en una cartera coherente de proyectos viables. La NDC tendrá mayores posibilidades de implementarse de forma efectiva cuando los distintos niveles de gobierno se reconocen corresponsables y coordinen decisiones que, en última instancia, afectan el mismo territorio. Además, es en el territorio donde se posibilita una participación sustantiva, activa, de las comunidades, poblaciones y ciudadanía. Fortalecer la acción climática en la diversidad de territorios en nuestro país no fragmenta la política nacional. La aterriza, la ordena y le da dirección en un país que es, por naturaleza, plural y diverso. En México basta recorrer unas horas para ver cómo el paisaje cambia por completo. Si algo nos ha enseñado la historia del país es que la diversidad no desaparece por ignorarla. Al contrario,
ANAAE, ICM y WRI México formalizan alianza para acelerar la acción climática subnacional

Noticias ANAAE, ICM y WRI México formalizan alianza para acelerar la acción climática subnacional ► El acuerdo facilita el involucramiento activo de las 32 entidades federativas en la implementación de la NDC 3.0. ► Esta colaboración permite a los estados acceder al respaldo técnico y el fortalecimiento de capacidades para reforzar las políticas, estrategias de planeación y financiamiento climático. Ciudad de México, 18 de febrero 2026.- La Asociación Nacional de Autoridades Ambientales Estatales (ANAAE), Iniciativa Climática de México (ICM) y el Instituto de Recursos Mundiales (WRI México) suscribieron un Memorando de Entendimiento que consolida su alianza estratégica para fortalecer la gobernanza climática del país. El acuerdo de colaboración ratifica a la Comunidad Climática Mexicana (CCM) como un mecanismo de articulación y coordinación de la acción climática en las entidades federativas de México. La CCM es una iniciativa tripartita de colaboración interinstitucional creada en 2021 para asegurar que los esfuerzos locales contribuyan de manera efectiva al cumplimiento de los compromisos internacionales de México en materia de cambio climático. Los ejes de acción buscan: consolidar a la CCM como plataforma estratégica de coordinación subnacional; estructurar y fortalecer portafolios de proyectos climáticos con respaldo técnico, financiero y político; y robustecer las capacidades institucionales y la sostenibilidad operativa de los gobiernos estatales. Asimismo, impulsa una participación más activa de las entidades federativas en la política climática nacional y en foros internacionales, destacando la contribución de la acción local al cumplimiento de las metas del país. Esta colaboración permitirá dar seguimiento a la agenda climática subnacional y mantener su continuidad Óscar Rébora Aguilera, secretario de Ecología y Medio Ambiente de Quintana Roo y presidente de la Mesa Directiva de ANAAE, comenta que desde su creación, la CCM ha sido un aliado estratégico de la Asociación. Destacó que su acompañamiento ha fortalecido las capacidades climáticas de los gobiernos estatales y ha impulsado el desarrollo de proyectos de largo plazo mediante aceleradores temáticos especializados. Asimismo, Rébora Aguilera subrayó que la formalización de esta colaboración permitirá dar seguimiento a la agenda climática subnacional y mantener su continuidad, incluso frente a los cambios administrativos en los estados y en la propia ANAAE. Esto implicará también el ajuste de los mecanismos de gobernanza para garantizar una representación equilibrada de todas las regiones del país y asegurar la permanencia del acompañamiento técnico. Por su parte, Adrián Fernández Bremauntz, director ejecutivo de ICM, destacó que “la firma de este Memorando marca un hito en la arquitectura climática de nuestro país al comprometernos a que la voz y las necesidades de las 32 entidades federativas sean un pilar central en el cumplimiento de la nueva NDC 3.0. El acuerdo formaliza nuestro enfoque a largo plazo para asegurar que la política climática nacional se construya desde lo local, con metas de mitigación y adaptación que sean técnicamente robustas y socialmente justas”. Francisco Barnés Regueiro, director ejecutivo de WRI México, resaltó que “la consolidación de esta alianza constituye un avance clave para fortalecer la coordinación en materia climática en México, dar estabilidad a los esfuerzos institucionales y acelerar la ejecución de acciones concretas frente a los desafíos del cambio climático”. Facebook Twitter LinkedIn
Por qué impulsar, y pronto, la electromovilidad en México

Por qué impulsar, y pronto, la electromovilidad en México Por Andrés Flores Montalvo, director de Política energética en Iniciativa Climática de México Hay diversas razones por las que hace sentido implementar políticas públicas para acelerar la movilidad eléctrica, independientemente de los rápidos avances tecnológicos que la han convertido en una opción con una creciente participación de mercado. En diversos países se ha incentivado porque puede servir para mejorar la calidad del aire en las ciudades, a la vez que se logran reducciones significativas en las emisiones de gases de efecto invernadero y se cumple con las metas climáticas. En otros, para fortalecer su industria, generando empleos y nuevas cadenas de valor. En el caso de México, puede además ayudar a lograr los objetivos de soberanía energética y sostenibilidad establecidos por el gobierno, ayudando a reducir la demanda de combustibles, al tiempo que se avanza en el logro de nuestras aspiraciones de prosperidad, creando empleos e incluso oportunidades de negocio, innovación y desarrollo regional. Nuestro contexto nacional es propicio para acelerar esta transformación, empezando por el hecho de que México es uno de los mayores jugadores en el sector automotriz a escala mundial. De acuerdo con los últimos datos, en 2024 logró su máximo histórico, con cerca de 4 millones de vehículos ligeros producidos. Esto implicó un crecimiento de cerca de 5.6% respecto al año anterior, lo que lo colocó como el quinto productor en el mundo. Además, es un exportador muy importante a los mercados internacionales. En 2024, del total de su producción, exportó cerca de 3.5 millones de vehículos ligeros, es decir más del 85%. Además, es el mayor productor mundial de tractocamiones, y ocupa el cuarto lugar en la producción de autopartes. Así, incluso con un contexto comercial y geopolítico complicado, la industria automotriz mexicana no deja de crecer, en buena medida gracias a ser parte integral de los mercados globales, y en especial del mercado norteamericano. Sin embargo, va relativamente tarde en la producción de autos eléctricos, y todavía más en la penetración de este tipo de tecnologías en su propia flota vehicular. Si bien la producción y exportación de vehículos eléctricos ha ido en aumento, sobre todo en el segmento de vehículos ligeros, ésta es todavía marginal, con apenas cerca de 2% del total. En nuestro propio mercado doméstico, los vehículos 100% eléctricos representan sólo cerca del 1.4% de las ventas, dominadas además por autos importados, especialmente de China. Es verdad que aún tenemos algunos retos y barreras para lograr una mayor penetración de la electromovilidad en nuestro país, pero también persisten prejuicios o campañas en contra que han generado mitos y resistencias al cambio. Uno de los más comunes se refiere a los costos. Si bien es cierto que los vehículos eléctricos suelen ser más caros que sus equivalentes de combustión interna, al considerar tanto el costo de capital como el de operación, la realidad es distinta. Los ahorros en mantenimiento, que rondan el 30% en promedio, y en energía, de alrededor del 50% durante su vida útil, compensan ampliamente la diferencia en la inversión inicial. Además, los costos totales de propiedad (TCO) de los vehículos eléctricos, en todos sus segmentos (ligeros, pesados, y de 3 y 3 ruedas), han mostrado una tendencia sostenida a la baja conforme se avanza en la curva tecnológica. Por otra parte, atendiendo las reservas de algunos consumidores atribuibles a la ansiedad de rango y a la percepción de que es insuficiente la red de cargadores, es importante recordar que la tecnología ha avanzado tan rápidamente, que se van superando constantemente los rangos alcanzables con una carga. Al mismo tiempo, el despliegue de infraestructura de recarga está creciendo aceleradamente gracias a cuantiosas inversiones públicas y privadas, lo que contribuye a resolver este desafío. Finalmente, también se cuestiona con frecuencia la sostenibilidad real de los vehículos eléctricos frente a los de combustión interna, especialmente en países donde la electricidad proviene en buena parte de fuentes fósiles, como ocurre en México, o por el posible impacto ambiental de la disposición final de las baterías usadas. En relación con el primer punto, varios estudios han demostrado que, considerando la totalidad de su vida útil, los vehículos eléctricos son más sostenibles que los de combustión interna y que, incluso con una matriz de generación eléctrica sucia, sus emisiones totales son menores. Esto se debe en gran parte a la mayor eficiencia de los motores eléctricos y al hecho de que, por lo general, los vehículos eléctricos incorporan además sistemas regenerativos, con lo que consiguen que entre el 87% y el 91% de la energía que reciben se convierta en movimiento, frente al escaso 16% a25% que aprovechan los motores convencionales. En cuanto a las baterías, la mayoría de sus componentes son reciclables, y su impacto ambiental depende, sobre todo, de la existencia de políticas e incentivos que garanticen su adecuada gestión y reciclaje. Así, su posible impacto no es inherente a la tecnología en sí, sino una consecuencia de la falta de marcos regulatorios y de economía circular adecuados. Finalmente, aunque la fabricación de baterías requiere una cantidad significativa de energía y minerales, distintos estudios confirman que la reducción total de emisiones lograda por los vehículos eléctricos supera con creces el costo ambiental de su producción. Pese a las campañas y el cabildeo en contra, México ha dejado claro su compromiso con la electrificación del transporte. La adhesión al Pacto de Glasgow, en el que establece como meta que 100% de los vehículos nuevos, tanto ligeros como pesados, sean eléctricos para 2050, es una muestra contundente de ello. Además, nuestro país está innovando en este sector, al promover el desarrollo de un auto eléctrico, el Olinia, y de los autobuses Taruk. No hay duda de que el arranque ha sido lento, pero aún estamos a tiempo de subirnos a la ola global de la electrificación de los usos finales de la energía, y en especial del transporte, tal como se comprometió la presidenta de México Claudia Sheinbaum. Hacerlo pronto, no solo alineará al