Cuando las naciones aceptaron que alteraban el clima
Momentos relevantes en la historia de las Conferencias de las Partes
1970
A principios de la década, eran pocos los países que contaban con leyes para regular el manejo del ambiente y de los bienes naturales. La comunidad científica, por su parte, comenzaba a expandir sus estudios sobre el impacto medioambiental de las actividades humanas y a generar de manera paulatina conocimientos y un vocabulario que facilitaran la comprensión de las nuevas problemáticas relacionadas con la naturaleza y el clima.
Asimismo, se tejían en distintas geografías movimientos políticos y de la sociedad civil en pro del cuidado de la naturaleza. El inicio del decenio quedó marcado por el surgimiento del Día de la Tierra (22 de abril), impulsado por una mayoría de activistas jóvenes y académicos estadounidenses que coadyuvaron a impulsar una ascendente conciencia entre actores públicos e instituciones sobre la relevancia de crear políticas públicas que atendieran las temáticas ambientales.
1972
Se llevó a cabo la Conferencia sobre el Medio Humano en Estocolmo, Suecia. Fue la primera gran reunión global donde se reconoció el deterioro ambiental como un problema común de la humanidad. Como resultado del evento, se emitió la Declaración de Estocolmo sobre el Medio Ambiente Humano, donde se admitió que “el hombre ha adquirido el poder de transformar, de innumerables maneras y en una escala sin precedentes, cuanto lo rodea”. Asimismo, quedó asentado que “la protección y mejoramiento del medio ambiente humano es una cuestión fundamental que afecta al bienestar de los pueblos y al desarrollo económico del mundo entero, un deseo urgente de los pueblos de todo el mundo y un deber de todos los gobiernos”.
Sin embargo, los años posteriores a esta primera cumbre fueron lentos en cuanto avances. El interés por generar más datos creció de manera gradual; los científicos difícilmente eran escuchados por los tomadores de decisiones, y operaban con bajos presupuestos. Los gobiernos asignaban escasos recursos para el abordaje de la problemática y buena parte de los países no contaba con instituciones sólidas que afrontaran cuestiones ambientales bajo esta nueva perspectiva.
México
Los primeros esfuerzos de gestión ambiental en el país se plasmaron en la Constitución de 1917 con un enfoque productivista de los recursos naturales. Asimismo, se pueden trazar algunos antecedentes incipientes de gestión ambiental por parte del Estado desde la década de 1940 (agua, pesca, recursos forestales)
En el decenio de los sesenta se empieza a hablar de la contaminación atmosférica. A partir de la siguiente década se da un giro enfocado en la salubridad ambiental teniendo como preocupación central la contaminación y su impacto sobre la salud. En 1971 se creó la Subsecretaría para el Mejoramiento del Ambiente, adscrita al ramo de la salud pública al formar parte de la antigua Secretaría de Salubridad y Asistencia Pública.
Se contaba con un par de precedentes legales también: Ley para la protección del suelo y el agua (1940) y Ley Federal para prevenir y controlar la contaminación ambiental (1971). Al mismo tiempo continuaba un modelo de desarrollo de explotación intensivo y sistemático de los recursos naturales. En ese contexto surgen organizaciones pioneras de la sociedad civil interesadas en detener la degradación ambiental.
En 1978 se organizó la Primera Reunión de Expertos en la que se analizó qué medidas se debían tomar para enfrentar el deterioro atmosférico generado por diversos contaminantes. Un año después, se firmó el acuerdo que dio vida al Programa Coordinado para el Mejoramiento de la Calidad del Aire en el Valle de México (1979-1982).
1979
Se publica el llamado Reporte Charney, encabezado por el presidente de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos, donde se evidencia que la atmósfera cambiaba debido al uso de combustibles fósiles y a la explotación de la tierra. Tales acciones añadían altas concentraciones de dióxido de carbono y dado que éste “desempeña un papel significativo en el presupuesto de calor de la atmósfera, es razonable suponer que continuos incrementos afectarán el clima”. El texto se considera un parteaguas en el conocimiento sobre los efectos negativos de la creciente fosilización de la economía al consignar que el cambio climático requería ser abordado desde la política pública.
1986
Científicos de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio de Estados Unidos (NASA) alertan sobre la necesidad de aumentar la comprensión de todo el sistema Tierra a escala global. Era necesario analizar cómo sus componentes habían evolucionado, cómo funcionaban y qué se debía esperar de su evolución. Otros estudiosos de los efectos negativos de las actividades humanas sobre el planeta como, Bert Bolin, James McCarthy, Paul Crutzen, y Hans Oeschger también respaldan esta propuesta. Así surgió el Programa Internacional de la Geósfera-Biósfera (IGBP por sus siglas en inglés) que cerró en 2015. No obstante, en pocos años, sus integrantes sumados a otras instituciones de investigación evidenciaron que el hombre alteraba el funcionamiento de la Tierra como sistema al llenar la atmósfera de dióxido de carbono y otros químicos; destruir ecosistemas; y llevar a la extinción a especies.
1987
Durante el decenio de los ochenta, crecieron las voces de científicos que alertaron con toda certeza sobre los peligros que enfrentaba la capa de ozono. La movilización de políticos conscientes, científicos y activistas favoreció la firma del Tratado de Montreal sobre las Sustancias Agotadoras de la Capa de Ozono. Éste es considerado el primer acuerdo de cooperación internacional para un tema ambiental.
Fue firmado por 22 países y aún es un esquema paradigmático de cooperación, que tuvo por objetivo eliminar gradualmente las sustancias químicas artificiales utilizadas en la refrigeración, los aerosoles y la producción de espuma (cloroflurocarburos). México fue el primer país en firmarlo.
El mexicano Mario Molina fue pionero en alertar sobre este riesgo en un artículo publicado en la revista Nature en 1974. En 1995 fue acreedor al premio Nobel de Química, junto con el estadounidense Sherwood Rowland y el neerlandés Paul Crutzen, por sus investigaciones “sobre la química atmosférica y la predicción del adelgazamiento de la capa de ozono como consecuencia de la emisión de ciertos gases industriales, los clorofluorocarburos”.
1988
Sucesivos reportes de grupos científicos desembocan en la creación del Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC por sus siglas en inglés). Organismo respaldado por la Organización de las Naciones Unidas, cuyo objetivo ha sido proveer información sobre el estado del arte del cambio climático. Emitió su primer reporte de mediciones en 1990 y desde entonces ha compartido seis de estos documentos con la ciencia más precisa sobre el tema.
En sus primeros textos destacó que las inusuales altas temperaturas de finales de la década de 1980 y los primeros años del siguiente decenio -las más altas registradas hasta entonces- eran ocasionadas por el cambio climático. Sus modelajes sugerían que la temperatura aumentaría por encima de los 1.5 grados centígrados y podría llegar a los 4.5 grados centígrados.
México
El inicio de la década de 1980 marcó un nuevo giro en la gestión ambiental que ubicó en el centro a los problemas urbanos de contaminación y se integraron variables ligadas a la gestión de los ecosistemas.
Fue creada la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología (Sedue) en 1982 que integró problemáticas que iban del saneamiento ambiental a ecosistemas naturales. Tres años más tarde se plantearon “Veintiún medidas para controlar la contaminación en el Valle de México”, que después se convirtieron en el programa “Cien acciones necesarias en ecología alcance nacional”.
En 1988, se publicó la Ley general de equilibrio ecológico y la protección del ambiente que sirvió de base para futuras legislaciones y que se considera sentó precedentes para que la Sedue desarrollara un trabajo más integral.
En 1989 se formalizan los estudios sobre la calidad del aire a través de los inventarios de emisiones, siendo el primero el elaborado en lo que se considera el centro político, cultural y económico más importante del país, la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM). Esta área urbana integra a la Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo y Morelos. Años después inició la elaboración de un inventario nacional.
Una institución pionera mexicana creada en estos años fue la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio) cuya labor se ha distinguido por promover el conocimiento científico y el uso sustentable de la riqueza natural del territorio mexicano.
Un parteaguas de este período fue el nacimiento en 1994 de la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (SEMARNAP). Su creación implicó la consolidación de un enfoque que apostaba por la integralidad de la gestión al sumar funciones más amplias para resolver problemas ambientales. Se conformó por las Subsecretarías de Pesca, Recursos Naturales, Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, y el Instituto Nacional de Ecología. Éste último fue presidido por el director ejecutivo de ICM, Adrián Fernández Bramauntz (2005-2011).
1992
Tuvo lugar la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro, donde se firmó la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), el tratado que daría origen a las Conferencias de las Partes (COP). Ahí se definen efectos adversos del cambio climático como “cambios en el medio físico” que tienen “efectos nocivos significativos en la composición, la capacidad de recuperación o la productividad de los ecosistemas naturales o sujetos de ordenación, o en el funcionamiento de los sistemas socioeconómicos, o en la salud, y el bienestar humanos”.
Desde entonces comenzó una larga travesía de negociaciones internacionales, con avances y tropiezos, que a lo largo de casi tres décadas ha dejado momentos cruciales en la historia de la acción climática global.
La Convención Marco estableció que los países debían elaborar, publicar y facilitar inventarios nacionales de las emisiones producidas por las actividades humanas, por las fuentes y su absorción por sumideros, utilizando metodologías comparables acordadas por la Conferencia de las Partes. Incluida también una evaluación de la eficiencia de las medidas adaptadas para limitar las emisiones y fomentar la absorción de esos gases.
1995
Berlín, Alemania, fue el escenario de la primera Conferencia de las Partes (COP1), donde los líderes del mundo reconocieron que los compromisos iniciales de la CMNUCC eran insuficientes. Surgió entonces el Mandato de Berlín: la promesa de que habría reglas más estrictas, un marco legal con mayor peso para enfrentar la crisis. Así como el compromiso de “proteger el sistema climático en beneficio de las generaciones presentes y futuras, sobre la base de responsabilidades comunes pero diferenciadas y sus respectivas capacidades”.
1997
Durante la COP3, celebrada en Kioto, Japón, se alcanzó un hito histórico al firmar el primer tratado internacional con compromisos obligatorios de reducción de gases de efecto invernadero para los países industrializados: el Protocolo de Kioto. Por primera vez, se fijaron metas concretas y un calendario de cumplimiento. Además, se introdujeron mecanismos innovadores, como el comercio de emisiones y los Mecanismos de Desarrollo Limpio (MDL), que permitían a los países financiar proyectos de reducción en naciones en desarrollo.
2001
En la COP7, celebrada en Marrakech, Marruecos, se diseñaron lineamientos que detallaron instrucciones de cómo aplicar el Protocolo de Kioto y cómo desarrollar habilidades para países en desarrollo. En el llamado Acuerdo de Marrakech se urgió a crear mecanismos de financiamiento y se invitó a agencias bilaterales y multilaterales y otros organismos a respaldar desarrollo de capacidades en países en desarrollo para apoyar su red de implementación. Asimismo, se delinearon procedimientos de monitoreo, reporte y verificación, junto con lineamientos para la financiación climática. Gracias a ello, el Protocolo pudo entrar en vigor en 2005.
México
Surgió el primer órgano encargado de procurar la justicia ambiental a través de la vigilancia de la legislación relacionada a temas que van de la contaminación del aire y del suelo a la regulación de actividades industriales de riesgo: la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa, 1992). Siendo un órgano desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y con autonomía técnica y operativa.
A final del siglo se publica el Inventario nacional de emisiones, un esfuerzo por dar a conocer a autoridades federales y locales, y a la ciudadanía, un cálculo estimado de las fuentes contaminantes del país. Se incluyó a todos los estados que integran la república y se tomó 1999 como el año base para el cálculo de las emisiones. Los datos privilegiaron la relación de los siguientes contaminantes: monóxido de carbono (CO), óxidos de azufre (SOx), óxidos de nitrógeno (NOx), compuestos orgánicos volátiles (COV), partículas suspendidas inhalables y finas (PM10 y PM2.5’ respectivamente) y amoniaco (NH3).
El inventario es como una huella digital: es única para cada país. El primero realizado en México mostró que la mayor parte de las emisiones antropogénicas tenían como fuente: 1) vehículos automotores y 2) plantas de generación de electricidad. Adrián Fernández Bremauntz, director ejecutivo de ICM, formó parte del Comité Asesor Binacional que orientó en lo general la creación del Inventario.
Con el cambio de siglo, se considera que se dio un nuevo giro en la gestión ambiental al iniciar la transversalidad. Se incluyó a la sustentabilidad ambiental como parte de los principios del Plan Nacional de Desarrollo, lo que incluía procesos de desarrollo industrial, urbanización y dotación de servicios.
2009
Se dio un punto de quiebre en Copenhague, Dinamarca, durante la COP15, toda vez que las expectativas eran enormes al buscarse un gran pacto global. El resultado fue más modesto: el Acuerdo de Copenhague que fue no vinculante, pero en donde se reconoció la urgencia de limitar el aumento de la temperatura media global a menos de 2°C respecto a los niveles preindustriales. También estableció la meta de movilizar 100 mil millones de dólares anuales hacia 2020 para apoyar a los países en desarrollo.
2011
La COP17 de Durban, Sudáfrica, trazó un nuevo horizonte con la Plataforma de Durban, que abrió la ruta hacia un acuerdo universal y jurídicamente vinculante. Ese camino condujo, cuatro años después, a la COP21 en París. Allí nació el Acuerdo de París (2015), el pacto climático más ambicioso hasta entonces. A diferencia de Kioto, incluyó a todas las naciones, comprometiéndolas a presentar contribuciones determinadas a nivel nacional (NDCs), planes propios para reducir emisiones, aumentar la resiliencia y destinar recursos a la acción climática.
2014
Se registró como el año más cálido y 2015 lo sobrepasó por un buen margen. Tales registros teniendo como línea de base desde el año 1880 en que iniciaron estas mediciones modernas. Ello implicó 1 grado centígrado por encima de lo registrado a finales del siglo XIX.
2015
Previo a la COP21 a celebrarse en París, Francia, 186 países compartieron sus objetivos de reducción de carbono o Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDCs). Esto fue un hecho sin precedentes en la historia de las negociaciones climáticas y su formulación en diversos países significó que por primera vez plantearon una visión integral para enfrentar el cambio climático y los preparó para la reunión de la Conferencia de las Partes.
En la llamada ciudad luz se firmó el Acuerdo de París, primer acuerdo ambiental multilateral del siglo XXI que logró entrar en vigor de manera rápida, lo que generó un sentido de esperanza. Sus pilares son: mitigación; adaptación; financiamiento; desarrollo y transferencia de tecnología; construcción de capacidades y transparencia de la acción y del apoyo. Fue posible gracias a una mayor evidencia científica sobre las causas antropogénicas del cambio climático; el desarrollo de los análisis económicos sobre los impactos del cambio climático; y los avances en el sector de las energías renovables.
El Acuerdo se distingue por su composición híbrida: compromisos nacionales con transparencia universal y revisiones periódicas a fin de aumentar la ambición. Así como por impulsar un compromiso dinámico y a largo plazo para limitar el aumento de temperatura por debajo de los 2 grados centígrados. Se considera que su valor central fue catalizar la acción de 196 países a fin de asegurar expectativas de avanzar hacia un futuro bajo en carbono.
2018
Una nueva evaluación del Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) advierte que si se quiere limitar el calentamiento global a 1.5°C urgen transformaciones de gran alcance y sin precedentes en todos los aspectos de la sociedad. Ello quedó estipulado en el Reporte Especial sobre el Calentamiento Climático de 1.5°C. Ahí se advirtió que el mundo ya vivía las consecuencias de un calentamiento global de 1°C que incluían: condiciones meteorológicas extremas, crecientes niveles del mar y un menguado hielo marino en el Ártico.
El reporte destacó que tales transformaciones incluían transiciones aceleradas y de gran alcance en la energía, la industria, la tierra, los edificios, el transporte y las ciudades. Se fijó que las emisiones netas globales de dióxido de carbono de origen antropogénico debían disminuir cerca del 45% con respecto de los niveles de 2010. Ello permitiría alcanzar el “cero neto” en 2050.
Se reconoce que el cambio climático también representa una amenaza contra los derechos fundamentales como la salud, el agua, la alimentación, la autodeterminación y la vida. Asimismo, se aceptó que su impacto afecta más a ciertos países (como islas) o geografías (zonas costeras o montañosas), así como a segmentos poblacionales vulnerables que ya viven en situación de inequidad y tienen menor capacidad de adaptación. Ello quedó plasmado en el Acuerdo de Escazú, tratado que enmarca el impacto que el cambio climático tiene sobre los habitantes de América Latina y el Caribe a pesar de que tengan menor responsabilidad histórica que otras regiones.
El Acuerdo es un instrumento vinculante que fue adoptado por 24 países, incluido México, en marzo de 2018 bajo el nombre de Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, Participación Pública y Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, en el marco de la reunión de la Comisión Económica para América Latina y El Caribe (CEPAL) de la Organización de las Naciones Unidas.
Para el Gobierno de México su relevancia radica en que “es el primer acuerdo ambiental de la región y el primero en el mundo en contener disposiciones específicas sobre las y los defensores de derechos humanos en asuntos ambientales”. Fue ratificado en 2020 y entró en vigor el 22 abril de 2021, Día de la Tierra.
El Acuerdo reconoce la multiculturalidad de la región y de sus pueblos y su objetivo es garantizar la implementación efectiva de los derechos de accesos a la información ambiental y la participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia ambiental. Retoma el Principio 10 de la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y el Desarrollo de 1992 que estipula que
“… toda persona deberá tener acceso adecuado a la información sobre el medio ambiente de que dispongan las autoridades públicas, incluida la información sobre los materiales y las actividades que encierran peligro en sus comunidades, así como la oportunidad de participar en los procesos de adopción de decisiones. Los Estados deberán facilitar y fomentar la sensibilización y la participación de la población poniendo la información a disposición de todos. Deberá proporcionarse acceso efectivo a los procedimientos judiciales y administrativos, entre estos el resarcimiento de daños y los recursos pertinentes.”
2021
La COP26 en Glasgow, Escocia, encendió nuevas alarmas. El Pacto de Glasgow para el clima pidió reforzar la ambición de las NDCs, avanzar en la reducción progresiva del uso del carbón, eliminar subsidios a combustibles fósiles ineficientes y duplicar la financiación destinada a la adaptación en países vulnerables. Esta COP se distinguió por la vibrante participación de los jóvenes que exigieron a los gobiernos acelerar la acción climática.
2022
La Asamblea General de las Naciones Unidas aprueba el 28 de julio la Resolución por el derecho humano a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible. En el documento se reafirma que el desarrollo sostenible tiene tres dimensiones: social, económica y ambiental. Asimismo, se admite que los efectos del cambio climático tienen repercusiones directas que impiden el disfrute efectivo de todos los derechos humanos y que tales daños afectan a personas y comunidades que ya se encuentran en situación de vulnerabilidad. De igual forma se adepta la importancia de la igualdad de género y la necesidad de empoderar, incluir y asegurar la participación plena, igualitaria y significativa de las mujeres y niñas en la protección del medio ambiente. Finalmente, el documento,
“Exhorta a los Estados, las organizaciones internacionales, las empresas y otros interesados pertinentes a que adopten políticas, aumenten la cooperación internacional, refuercen la creación de capacidad y sigan compartiendo buenas prácticas con el fin de intensificar los esfuerzos para garantizar un medio ambiente limpio, saludable y sostenible para todos.”
2023
La COP28 celebrada en Dubái, Emiratos Árabes, representó la primera gran evaluación del Acuerdo de París: el Global Stocktake. El Balance Mundial fue preocupante: los avances resultaban insuficientes y el mundo seguía dependiendo en exceso de los combustibles fósiles. Sin embargo, emergió también un acuerdo histórico: iniciar la transición fuera de los combustibles fósiles y comprometerse a triplicar la capacidad de energías renovables y duplicar la eficiencia energética hacia 2030.
México
El primer país en desarrollo y el segundo en el mundo en contar con una ley de cambio climático fue México. Ésta define instrumentos de política pública, evalúa tendencias y establece estrategias para la reducción nacional de emisiones. En efecto, la Ley General de Cambio Climático, promulgada en 2012, integró instrumentos de planeación, financiamiento, evaluación, inspección y vigilancia con un enfoque transversal y de cooperación entre los órdenes de gobierno.
La entrada en vigor de dicha Ley abrió la puerta a la creación del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), que fungió como un organismo de investigación centrado en temas de mitigación y adaptación al cambio climático. Asimismo, se consideró la instancia responsable de evaluar de manera constante y periódica los temas climáticos, así como de generar e integrar conocimiento relacionado con la calidad del aire, residuos y sustancias químicas. A este instituto correspondió también elaborar el Informe anual sobre calidad del aire del país.
NDC 3.0
Representa un hito en la política climática de México al establecer una hoja de ruta con metas claras hacia el 2035 y el objetivo de alcanzar cero emisiones netas para el 2050. Los nuevos compromisos climáticos destacan por dos pilares: el diseño participativo de más de 50 dependencias, científicos y sociedad civil, y el uso de modelaciones científicas de alta precisión. Asimismo, incorpora tres componentes nuevos de Política Climática Transversal (género, derechos humanos y transición justa), Pérdidas y Daños, y un sólido marco de Entorno Habilitador.
México se propone limitar sus emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) a un rango de entre 364 y 404 millones de toneladas (MtCO2e) para 2035. Con el apoyo de financiamiento internacional y transferencia tecnológica, esta meta podría fortalecerse de forma condicionada para alcanzar un nivel de entre 332 y 363 MtCO2e.
El esfuerzo se distribuye entre los sectores con mayor responsabilidad según el Inventario
Nacional 2024:
► Transporte: Impulso a la Estrategia Nacional de Movilidad Eléctrica, fortalecimiento del transporte ferroviario de carga y pasajeros, y renovación de flotas con unidades de bajas emisiones.
► Generación Eléctrica: Incorporación masiva de energías limpias para alcanzar un 38.5 % de generación limpia en 2030 y un 43.3 % en 2035, además de la modernización de la red de transmisión.
► Petróleo y Gas: Meta de reducir un 30 % las emisiones de metano para 2030 y eliminar la quema rutinaria de gas en exploración y producción.
► UTCUTS: Se mantiene la meta de tasa cero de deforestación neta para 2030 e incremento de la capacidad de absorción de los sumideros naturales (bosques, selvas y carbono azul).
El pilar de Adaptación fortalece las líneas de acción de los cinco ejes previos e integra uno nuevo, el Eje F: Atención a los vínculos entre la seguridad y el cambio climático, que aborda los riesgos climáticos como multiplicadores de conflictos socio-ambientales. Este enfoque preventivo sienta las bases para la primera Política Nacional de Adaptación (NAP) en 2026.
La NDC 3.0 establece un sólido Entorno Habilitador, es decir, la creación de las condiciones legales, financieras y tecnológicas para que el país absorba y dirija la inversión de manera eficiente.
NDC desde la sociedad civil
ICM ofreció una propuesta de una NDC desde la sociedad civil (NDC-SC) en 2022. Es una alternativa de cómo puede actualizarse la NDC de México con una mayor ambición en materia de mitigación. Esta se elaboró aplicando, con plena conciencia, el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas de los países, y los esfuerzos de estos deben corresponder a sus respectivas capacidades, tal como lo establece el propio Acuerdo de París.
La NDC desde la sociedad civil se planteó como principal objetivo apoyar al gobierno en sus tareas e informar a la sociedad de México sobre las oportunidades que existen para reducir nuestras emisiones. Muestra una serie de medidas y políticas públicas que permitirían a nuestro país cumplir con los compromisos pendientes ante la comunidad internacional. Además, estas medidas conllevan la posibilidad de generar empleos verdes y bienestar, haciéndolas compatibles y no contrarias a las aspiraciones de desarrollo económico y social de nuestro país.
La NDC desde la sociedad civil demuestra categóricamente que, en materia de mitigación del cambio climático, podemos hacer más de lo que se ha hecho en los últimos 10 años. Esta NDC-SC plantea como nuevas metas a alcanzar en 2030 la reducción de 30% de las emisiones de gases de efecto invernadero de forma no condicionada y de hasta 47% de reducción de manera condicionada a contar con apoyos financieros adecuados por parte de los países desarrollados.
La NDC desde la sociedad civil presentó 88 medidas, de las cuales 80 permitirían una reducción de emisiones no condicionada del 30%, y las 88 en conjunto una reducción condicionada del 47% hacia 2030. El documento cuenta con un anexo técnico riguroso de más de 500 páginas cuyo valor radica en que plantea opciones viables para implementar una NDC con justicia, transparencia y co-beneficios de desarrollo. De igual forma, es una aportación que expresa la voluntad de contribuir, desde distintos sectores, a una acción más decidida y alineada con la urgencia del momento que vivimos.
Incluyó algunas propuestas divergentes con respecto a ciertas políticas implementadas en los últimos años por el gobierno federal; particularmente en el sector energía. Se propone avanzar con celeridad en la transición energética justa, la cual requiere de un rápido incremento de la participación de las energías renovables en nuestra matriz energética y la acelerada salida de combustibles fósiles como el carbón y el combustóleo. Lo anterior, garantizando condiciones de justicia, equidad y bienestar para las poblaciones involucradas y afectadas por la transición.
En la NDC-SC, la Iniciativa Climática de México aplica las mejores prácticas internacionales de transparencia climática, de tal manera que tanto las y los tomadores de decisión como la ciudadanía en general pueden consultar y entender fácilmente la información técnica y los supuestos considerados para respaldar las medidas propuestas.
La NDC desde la sociedad civil fue presentada en un evento paralelo en el marco de la Conferencia de las Partes, COP27, celebrada en Sharm el-Sheij, Egipto.
NDC 2.0
La actualización de la NDC de México en 2022 tuvo una recalibración necesaria y sustancial de su ambición climática, sentando una ruta más clara y robusta hacia sus objetivos de descarbonización y resiliencia. El núcleo de la actualización fue el incremento del compromiso incondicional de reducción de Gases de Efecto Invernadero (GEI), que pasa del 22% al 35% para el año 2030. Esta nueva meta, que implica una reducción adicional de 98 MtCO2e con respecto a la NDC anterior, se apoya en tres pilares estratégicos:
1. Soluciones Basadas en la Naturaleza: Se pone un fuerte énfasis en el capital natural del país, con acciones como la reforestación y la conservación de ecosistemas para capturar carbono.
2. Transporte Bajo en Carbono: Se impulsa decididamente la electromovilidad y la mejora de la eficiencia del transporte público como ejes para descarbonizar uno de los sectores con mayores emisiones.
3. Regulación y Fomento Industrial: Se promueven modelos de economía circular y, de manera crucial, la captura de metano en los sectores de residuos, petróleo y gas.
Para alcanzar estos objetivos, México confirmó sus planes de acelerar el despliegue de energías limpias para generar hasta 40 GW adicionales para 2030. De manera paralela, la meta condicionada (sujeta a apoyo internacional) también se elevó, pasando del 36% al 40% de reducción de GEI.
Es importante destacar que, si bien las metas de GEI aumentaron, los objetivos para reducir las emisiones de carbono negro se mantuvieron en 51% (incondicional) y 70% (condicional) para 2030.
Si bien los ejes temáticos del componente de adaptación se mantienen consistentes con la versión anterior, la actualización de 2022 profundiza y reestructura el enfoque para abordarlos. El verdadero avance radica en la adopción de una perspectiva más sistémica, con un énfasis explícito en los derechos humanos y la equidad de género.
Los cinco ejes estratégicos de adaptación y resiliencia identificados fueron:
► Población humana y territorio
► Sistemas alimentarios y seguridad alimentaria
► Agua
► Ecosistemas y biodiversidad
► Infraestructura y patrimonio cultural
El nuevo enfoque buscó transitar de una adaptación reactiva a una resiliencia transformacional, integrando el conocimiento de comunidades indígenas y locales como un pilar en la toma de decisiones. Se planteó que no bastaba con proteger, sino que era necesario empoderar a las poblaciones más vulnerables, asegurando una transición justa.
NDC 1.0
Dentro del marco de la arquitectura climática global post-Acuerdo de París, las contribuciones determinadas a nivel Nacional (NDCs), devinieron en el instrumento central de la implementación y rendición de cuentas climáticas. Se consideran la manifestación de la política climática, realizadas para contribuir al objetivo central global que es limitar el calentamiento global a 1.5 ºC.
La Contribución Prevista y Determinada a Nivel Nacional (INDC) presentada por México en 2015 fue un hito, por su solidez metodológica y la rapidez en que la hizo. El compromiso se construyó sobre un escenario de referencia, que proyectaba las emisiones futuras del país hasta 2030 si no se implementaban políticas climáticas adicionales con las que ya contaba. Esta línea base, que estimaba alcanzar 973 megatoneladas de Dióxido de Carbono equivalente (MtCO2e) para 2030 – cifra equivalente al peso de casi 10,000 Estadios Azteca- se convirtió en la métrica fundamental contra la cual se mediría el esfuerzo de mitigación.
México hizo el compromiso incondicional de reducir un 22% las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI). Para alcanzar estos compromisos se propusieron medidas en ocho sectores de la economía nacional, como transporte (fuentes fósiles), generación eléctrica, industria, residuos, petróleo y gas, residencial y comercial, agricultura y ganadería y usos de suelo, cambio de uso de suelo y silvicultura (USCUSS), promoviendo un desacoplamiento entre el crecimiento del PIB y el incremento de las emisiones.
En el pilar de adaptación, el enfoque no solo se quedó en lo conceptual. Se establecieron líneas de acción estratégicas, como aumentar la capacidad adaptativa de los 160 municipios con mayor vulnerabilidad, implementar sistemas de alerta temprana ante eventos hidrometeorológicos extremos y alcanzar una tasa de deforestación neta cero para 2030. Este componente se fundamentó en análisis de vulnerabilidad sectorial, reconociendo la exposición hídrica, agrícola y social del territorio mexicano a los impactos climáticos.