“La forma en la que nos desplazamos está ligada a la crisis climática, por ello el reto es implementar la electromovilidad, priorizando el transporte público, como una vía para garantizar el disfrute de los derechos humanos”, comentó la diputada Patricia Mercado, presidenta de la Comisión de Movilidad, al inaugurar el Parlamento Abierto Impulsando la Electromovilidad en México, encuentro convocado por POLEA (Política y Legislación Ambiental) e ICM (Iniciativa Climática de México). 

A través de seis mesas de trabajo, especialistas identificaron los mecanismos necesarios para acelerar la transición hacia un transporte de cero emisiones. El diálogo se centró en las reformas jurídicas indispensables para cumplir con los compromisos de descarbonización de la NDC 3.0, subrayando la urgencia de fortalecer la coordinación entre el gobierno, la sociedad civil y el sector privado. Asimismo, se analizaron incentivos fiscales e instrumentos económicos diseñados para asegurar que esta transición no solo sea tecnológica, sino también justa, incluyente y con impacto social.

Electromovilidad ante la emergencia climática; oportunidad histórica 

Durante el encuentro, celebrado en la Cámara de Diputados y ante cerca de 100 personas especializadas en política pública de movilidad, Andrés Ávila Akerberg, director ejecutivo de POLEA, destacó que en México el sector transporte es responsable del 23% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Advirtió que el país vive un momento histórico en cuanto a los objetivos climáticos que se ha trazado: “La Estrategia Nacional de Movilidad Eléctrica (ENME) y la NDC 3.0 nos dan la oportunidad de aterrizar la agenda de la política climática nacional y no podemos dejarla pasar”.