Mientras México aspira a reducir a la mitad las emisiones para 2050, una hoja de ruta regulatoria y de financiamiento clara es imperativa. La ausencia de una fecha de compromiso de cero emisiones netas coloca a México por detrás de otras economías industrializadas, como China e India, que han señalado objetivos para 2060 y 2070, respectivamente.
Tras el devastador huracán Otis que causó estragos en la costa oeste de México, la delegación mexicana se prepara para la COP28 organizada por los Emiratos Árabes Unidos en Dubai. En este sentido, México es uno de los 15 países con mayores emisiones de gases de efecto invernadero y, por lo tanto, debe desempeñar un rol activo en la mitigación global de emisiones.
Geográficamente vulnerable y susceptible a condiciones climáticas extremas, México debe fortalecer sus medidas de adaptación y resiliencia para proteger a su población y preservar la belleza natural y biodiversidad amenazadas por eventos climáticos extremos, cada vez más frecuentes.
En su búsqueda de descarbonizar la economía, México tiene el potencial de convertirse en un actor clave en la formación del enfoque Latinoamericano hacia el crecimiento verde y la industrialización verde regional. Esta posición estratégica alinearía a México con Brasil, país que actualmente está ya trabajando activamente en desarrollar un modelo de industrialización verde.
Tendencias actuales de México en políticas energéticas
México ha mostrado ambivalencia en sus compromisos climáticos y energéticos. El enfoque de la administración actual de aumentar la producción de petróleo y gas natural, modernizar las instalaciones existentes de refinación de petróleo y salvaguardar la generación estatal de electricidad, a pesar de los costos y la contaminación asociados, ha creado obstáculos a las inversiones del sector privado en energías renovables, especialmente en energías solar y eólica.
El impulso actual en la extracción de petróleo incluye la construcción de una nueva refinería cuyo costo aproximado es de 20 mil millones de dólares y cuya ubicación es en el estado de Tabasco (Dos Bocas). Además, en este mismo sentido, se ha pospuesto el plazo para retirar los activos estatales para la generación eléctrica, principalmente compuestos por antiguas y poco eficientes plantas de carbón y combustóleo.
Otras inversiones de la actual administración en los últimos 5 años incluyen la instalación de 5 nuevas plantas de energía a gas, una decisión que aumentará aún más la gran dependencia de México del gas importado, principalmente de los Estados Unidos (al menos 68 % del gas consumido en todos los sectores se importa actualmente).
En 2023, el gobierno decidió comprar 13 plantas eléctricas de gas existentes a Iberdrola por un costo de 6 mil millones de dólares, solo para aumentar el porcentaje de electricidad generada por instalaciones estatales, en lugar de utilizar esos recursos para avanzar en el despliegue de servicios públicos de energía solar y eólica o fortalecer la red nacional de transmisión.
Del lado positivo, también en 2023 el gobierno inauguró la primera instalación de capacidad solar de 120 MW en Puerto Peñasco, en el estado de Sonora, que formará parte de una gran instalación solar de 1 GW propiedad de la Comisión Federal de Electricidad. El presidente López Obrador prometió que el gobierno construirá un total de 5 instalaciones de energía solar de la misma escala.
Compromisos hacia la COP 28 y la Estrategia de Movilización de Financiamiento Sostenible
En diciembre de 2020, México presentó sus Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC) actualizadas, con un enfoque en planes de adaptación, mientras que los compromisos de mitigación permanecieron sin cambios. Esta decisión con respecto a la mitigación contravino el principio de progresividad establecido por el Acuerdo de París. Después de desafíos legales liderados por Greenpeace, la publicación de una detallada y ambiciosa hoja de ruta NDC por parte de la ONG Iniciativa Climática de México (ICM) y la diplomacia climática persuasiva de los Estados Unidos, México finalmente aumentó sus objetivos climáticos con una reducción del 35 % de emisiones al 2030 con respecto a su línea base durante la COP27 en 2022, aunque sin una hoja de ruta de implementación integral.
La Estrategia de Movilización de Financiamiento Sostenible del Ministerio de Hacienda tiene como objetivo asignar hasta 15 billones de pesos para financiamiento sostenible para 2030, enfatizando la transición energética con un enfoque en la justicia social. Aunque hay cálculos de costos para cubrir las medidas identificadas para la implementación, aún falta una hoja de ruta de implementación integral.
Desafíos y oportunidades
México ha enfrentado críticas por carecer de un compromiso y una ruta adecuados hacia cero emisiones netas, diferenciándolo de sus homólogos del G-20. En noviembre de este año, ICM publicó un informe con una propuesta detallada sobre cómo México podría alcanzar el objetivo de emisiones netas cero para 2060 si se llevan a cabo las políticas e inversiones adecuadas.
Al reconocer la necesidad de mejorar los esfuerzos del gobierno en materia de mitigación, es clave reconocer el potencial de México especialmente en áreas como son las energías renovables, la electromovilidad, la agricultura, la silvicultura, entre otras. Las colaboraciones entre el centro académico Laboratorio de Política Climática (CPL) de la Universidad de Tufts y la ICM tienen como objetivo identificar vías de políticas públicas específicas para la descarbonización en México, mediante la evaluación de la efectividad de las estrategias y políticas actuales, y la identificación e implementación de una serie de nuevas políticas que podrían complementar los esfuerzos existentes para lograr una descarbonización profunda en las próximas décadas, al mismo tiempo que se impulsa la economía y el empleo en México. Para economías emergentes como la de México, el desafío es establecer una trayectoria de emisiones que equilibre los compromisos globales de México con las prioridades y circunstancias nacionales.
Ambición de México para la COP28 y perspectivas futuras
A medida que México se prepara para la COP28, surgen preocupaciones sobre la transparencia y la participación de la sociedad civil en la evaluación de las acciones de México. A pesar de los desafíos en sectores como la electricidad y el petróleo y gas, se han logrado avances positivos, impulsados por factores como impuestos al carbono, la disminución de los costos de las energías renovables, esfuerzos públicos y privados subnacionales, y diversas políticas sectoriales. Este progreso es notable a pesar de la falta de interés, y a veces de una oposición directa del gobierno, hacia una trayectoria de descarbonización en los sectores de electricidad y petróleo y gas.
La NDC actualizada en 2022 establece un objetivo más ambicioso, pasando de una reducción del 22 % por debajo de los niveles habituales (BAU) a una reducción del 35 % por debajo de BAU para 2030. Sin embargo, falta notablemente una estrategia de financiamiento detallada y -como habíamos mencionado anteriormente- una hoja de ruta.
Es clave señalar que la proyección BAU de las emisiones de México inicialmente anticipaba un crecimiento del 48 % entre 2013 y 2030. Esta proyección, basada en un crecimiento promedio del PIB del 3 % (que no se ha cumplido), carece de una actualización posterior a la pandemia, excediéndose intencionalmente con un margen adicional significativo. A pesar de desafíos como obstaculizar la generación de electricidad renovable y expandir la capacidad de refinación, un bajo crecimiento económico podría inadvertidamente acercar a México al logro de sus objetivos.
Mientras México aspira a reducir a la mitad las emisiones para 2050, una hoja de ruta regulatoria y de financiamiento clara es imperativa. La ausencia de una fecha de compromiso de cero emisiones netas coloca a México por detrás de otras economías industrializadas, como China e India, que han señalado objetivos para 2060 y 2070, respectivamente.
Más allá de los compromisos, el apoyo de la administración saliente a la próxima administración es clave para capitalizar las oportunidades de la economía verde, crear empleos y atraer inversiones. Todos estos desarrollos podrían ampliarse significativamente en vista de las oportunidades que podría ofrecer el nearshoring en rápido crecimiento. El variado paisaje de México incluye estados con precios de carbono y estrategias de descarbonización, que contribuyen aún más al potencial del país en la dirección del discurso climático global actual.
* Zdenka Myslikova es una Académica Postdoctoral en el Laboratorio de Política Climática en Fletcher, Universidad de Tufts. Marisol Rivera es economista especialista en cambio climático en Iniciativa Climática de México.
Fuente: Zdenka Myslikova y Marisol Rivera, Animal Político. https://www.animalpolitico.com/analisis/invitades/mexico-cop28-equilibrio-politicas-compromisos