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Iniciativa Climática de México

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Clima, territorio y género: tres luchas entrelazadas

Noticias Clima, territorio y género: tres luchas entrelazadas Florencia García Mora, Miriam Silva Taylor, Andrea Santillán Enríquez, Emilia Noemi Amezcua Bernal, Karla Corsino, Fátima Viquez Paredes, Mary Flores y Lisbeth Camacho, mujeres jóvenes de Iniciativa Climática de México. Otra vez fue 8 de marzo. Las calles de las principales ciudades se pintaron de lila y la fuerza de la marcha nos obliga a mirar hacia el pasado y el presente al mismo tiempo. Recordamos a nuestras ancestras, bisabuelas, abuelas y madres: mujeres que conquistaron muchos de los derechos de los que hoy gozamos, como el voto, la posibilidad de decidir si tener hijos o hijas —y cuántos—, de ir a la escuela o de elegir si queremos tener pareja o no, entre muchos otros. Pero bien advertía Simone de Beauvoir: “No olviden jamás que bastará una crisis política, económica o religiosa para que los derechos de las mujeres vuelvan a ser cuestionados. Estos derechos nunca se dan por adquiridos. Deben permanecer vigilantes durante toda vuestra vida.” Hoy esa advertencia adquiere un nuevo significado. En un mundo atravesado por múltiples crisis, una de las amenazas más profundas al ejercicio pleno de los derechos de las mujeres y las niñas es la crisis climática. Este no es un fenómeno natural que ocurre en el vacío. Es el síntoma de un modelo de desarrollo basado en la idea de crecimiento económico infinito, que ha tenido consecuencias sociales y ambientales profundas. En este enfoque de progreso las ganancias económicas de unos pocos se priorizan a costa del planeta y del bienestar de la mayoría de las personas. Este modelo no es ajeno a las estructuras que reproducen la desigualdad; más bien se erige en ellas, especialmente en las patriarcales. Gran parte del funcionamiento de la economía se ha sostenido sobre el trabajo de cuidados no remunerado e invisibilizado, realizado principalmente por mujeres y niñas.  Esta realidad se agudiza cuando se cruzan múltiples condiciones de desventaja, realidad que enfrentan millones de mujeres en México, en particular de pueblos originarios y rurales, con mayores niveles de pobreza, menor acceso a la propiedad de la tierra y a espacios de toma de decisiones. Así, muchas de las desigualdades que hoy se profundizan con la crisis climática, son el resultado de décadas, incluso siglos, en los que el bienestar de las mujeres y las infancias ha sido relegado. Producto de la crisis climática y el agotamiento del modelo capitalista Las mujeres no solo resienten los impactos de la crisis climática, sino que además sostienen la vida, en la práctica cotidiana, con estrategias de adaptación, resiliencia y cuidado en sus hogares y comunidades. Aun así, siguen sin ocupar en igualdad de condiciones los espacios donde se decide el rumbo del desarrollo, de la energía, del territorio y de la inversión pública. No se puede pedir a las mujeres que carguen con los impactos de la crisis y, al mismo tiempo, mantenerlas fuera de los espacios donde se define cómo enfrentarla. Por eso, incorporar a las mujeres en la toma de decisiones no es solo una cuestión de justicia simbólica; es una forma concreta de corregir políticas ciegas a la realidad del territorio y de la vida cotidiana. Esta invisibilidad es notoria cuando las políticas estatales y tendencias macroeconómicas —producto de la crisis climática y el agotamiento del modelo capitalista— aterrizan en los territorios y en la vida comunitaria. Muchas medidas de adaptación, restauración y remediación ambiental descansan, en la práctica, sobre labores de cuidado que recaen desproporcionadamente en las mujeres, sin considerar las dobles y terceras jornadas que ya enfrentan.  Al mismo tiempo, prácticas extractivas como el fracking, profundizan la degradación ambiental y climática, afectando de manera diferenciada a quienes ya viven en condiciones de desventaja. La contaminación, la escasez de agua, el deterioro de la salud y la pérdida de medios de vida no son impactos neutros: suelen traducirse en más trabajo no remunerado, mayor precariedad y menor capacidad de participación para mujeres y niñas. Así, mientras son excluidas de la toma de decisiones, les trasladan los costos de sostener la vida en medio de la crisis. Hablar hoy de derechos, justicia y acción para todas las mujeres y niñas exige reconocer una verdad incómoda: la crisis climática no es una amenaza futura, ya es uno de los riesgos más graves al ejercicio pleno de los derechos humanos —particularmente para niñas y mujeres, y requiere de acción urgente. No es suficiente reconocer que las mujeres son afectadas de manera diferenciada: hay que garantizar su participación sustantiva y visibilizar que son ellas las que llevan las luchas a lo largo del territorio.  Por eso hoy seguimos marchando. La marea lila que recorre las calles también se expresa en los territorios, en mujeres como las Guardianas del Conchalito en Baja California Sur que han recuperado kilómetros de manglar o las mujeres del pueblo Yoreme-Mayo que defienden su tierra de los impactos de una planta de amoniaco. Ellas nos recuerdan que los derechos conquistados nunca están garantizados y que defenderlos sigue siendo una tarea colectiva.  Texto publicado en: La Cadera de Eva, 22 de abril de 2026, https://lacaderadeeva.com/voces/crisis-climatica-y-derechos-de-las-mujeres-la-deuda-que-persiste/16553 Facebook Twitter LinkedIn

Central “cerrar la brecha” de género en energía y acción climática

Noticias Central “cerrar la brecha” de género en energía y acción climática Iniciativa climática de México, marzo 27, 2026. ► En México, la participación femenina en el sector energético, tanto tradicional como renovable, se encuentra entre 20 y 25%. ► La brecha de género está presente a lo largo de toda la cadena del sector energético, particularmente en los espacios donde se toman decisiones. ► La inclusión requiere de cambios en reglas, incentivos y condiciones habilitantes. Iniciativa Climática de México (ICM), Voz Experta y el Instituto de Desarrollo, Energía y Ambiente (IDEA) organizaron el evento “Cerrando la brecha: energía y cambio climático con perspectiva de género”. Un espacio de diálogo para visibilizar los desafíos y las oportunidades de integrar la perspectiva de género en el sector energético y en la política climática, como condición para una acción climática justa. El encuentro abrió con una introducción sobre la brecha de género en México y los riesgos de retroceso, donde se destacó que el contexto actual exige reforzar capacidades para evitar que se profundicen las desigualdades. Itzá Castañeda Carney, consultora de equidad de género e inclusión social de WRI México, dio a conocer que, en el caso de las economías avanzadas, 6% de las mujeres ocupadas trabaja en empleos verdes frente a 20% de los hombres. Mientras que, en México, la participación femenina en el sector energético, tanto tradicional como renovable, se encuentra entre 20 y 25%. En tanto que en el ámbito mundial las mujeres ocupan 32% de los empleos de tiempo completo en energías renovables, en contraste con 23% en la industria del petróleo y gas o con 25% en la energía nuclear. Entre los mensajes principales del panel “El sector energético mexicano: brechas, barreras y propuestas”, con participantes de Voz Experta, se destacó que la brecha de género está presente a lo largo de toda la cadena del sector, particularmente en los espacios donde se toman decisiones, en los que persisten los sesgos y las barreras estructurales. En la conversación se subrayó que la inclusión requiere de cambios en reglas, incentivos y condiciones habilitantes. Las panelistas coincidieron en que, para acelerar la igualdad de oportunidades y fortalecer los resultados del sector, se necesitan medidas prácticas en cuatro frentes. El sector energético mexicano: brechas, barreras y propuestas Regulación, transparencia y rendición de cuentas. Se planteó fortalecer mecanismos que impulsen más participación de mujeres en puestos técnicos y de liderazgo, así como mejorar la disponibilidad de información pública sobre participación por niveles y áreas, de modo que la brecha sea medible y atendible. Implementación real de instrumentos con enfoque de género. Se enfatizó que no basta con que existan instrumentos: el reto clave es el “cómo” se ponen en marcha, con diagnósticos adecuados, derecho a la información y metodologías adaptadas a los contextos locales. Talento y trayectoria: la brecha empieza temprano. El panel resaltó la urgencia de enfrentar una doble realidad: una brecha de género y una crisis de talento, particularmente en perfiles técnicos, y la necesidad de intervenir desde etapas tempranas (antes de la universidad) para ampliar referentes, vocaciones y rutas de acceso. Incentivos y reputación sectorial. Se propuso explorar herramientas que incentiven buenas prácticas, incluyendo esquemas de visibilización y comparación pública de avances (por ejemplo, sobre participación, brecha salarial y apoyos de cuidados), para alinear el interés público con el interés privado. Por otro lado, en el panel “Perspectiva de género en la política climática: retos y oportunidades para una acción climática justa”, organizado por ICM e IDEA, se discutió cómo integrar la perspectiva de género en la política pública, la legislación e implementación climática, con un enfoque de derechos humanos y de justicia. Desde la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) se destacó el carácter participativo del proceso en la elaboración de la Contribución Nacionalmente Determinada (NDC 3.0) y el desafío principal que viene: convertir compromisos en acción, con especial atención a que el financiamiento llegue a donde debe llegar y que las personas, incluidas las mujeres, participen desde el diseño de los proyectos. También se mencionaron como “tiros de precisión” la reforma a la Ley General de Cambio Climático, el desarrollo de una política nacional de adaptación y la presentación del Plan de Género, Derechos Humanos y Cambio Climático. Desde Engenera se subrayó que, en comunidades rurales y periurbanas, muchas mujeres ya están impulsando acciones de adaptación, pero enfrentan barreras estructurales y falta de recursos. Se enfatizó que el presupuesto climático es clave para convertir prioridades en resultados, y se compartieron avances y retos en el diálogo con el Poder Legislativo para mejorar la asignación y la coherencia del gasto. En la discusión se remarcó que el Acuerdo de Escazú exige garantizar derechos de acceso a la información, participación y justicia ambiental, y que el reto es cumplirlos de forma efectiva, especialmente para poblaciones que suelen quedar fuera, como las mujeres indígenas, mujeres con discapacidad y mujeres en contextos de más vulnerabilidad. Se insistió en que la transición energética y los proyectos asociados deben basarse en la mejor información disponible, incluyendo conocimiento local y enfoque interseccional, y que la participación pública no puede reducirse a ejercicios meramente formales. Finalmente, desde Fundación Avina se propuso incorporar una mirada de cuidados como parte central de la política climática, reconociendo que el trabajo de cuidados sostiene la vida y también sostiene la acción climática. Se compartió el marco de las “cinco R” (reconocer, reducir, redistribuir, remunerar y representar) como una guía para traducir esta mirada en políticas públicas, y se subrayó la necesidad de que el financiamiento llegue a comunidades que están en la primera línea de respuesta. Facebook Twitter LinkedIn

Diversidad y articulación: pilar de la acción climática para estados y municipios.

Noticias Diversidad y articulación: pilar de la acción climática para estados y municipios. Jorge Villarreal, director de política climática Ciudad de México, 10 de junio de 2026. Empecemos por algo evidente, aunque no siempre lo digamos con suficiente claridad: México no es un territorio homogéneo. Basta con subirse a una bicicleta —si la condición física alcanza— o a un autobús —si todavía estamos en proceso de entrenamiento— y recorrer unas horas para que el paisaje cambie por completo. Cambia el clima, cambia la economía, cambia la forma en que la gente se relaciona con su entorno. Desiertos, mares, selvas, zonas industriales, sierras forestales, metrópolis densas y comunidades rurales conviven en un mosaico complejo de realidades ecológicas, económicas y sociales distintas entre sí.  Por ello, las políticas climáticas que funcionan en la zona industrial de Nuevo León difícilmente serán idénticas a las que necesita una región agrícola del Bajío o una zona con alta cobertura forestal en Chiapas. Lo que es urgente en una ciudad con problemas crónicos de movilidad y calidad del aire no es lo mismo que enfrenta un territorio costero vulnerable a huracanes cada temporada. Y a eso se suma algo más profundo: las distintas formas de organización comunitaria, los arreglos políticos locales, las capacidades institucionales, la historia económica y territorial de cada estado o región. La diversidad no es sólo geográfica: es política. En ese contexto, el reconocer y entender esa diversidad, es lo que permite construir la acción climática efectiva en estados y municipios. Parafraseando al zapatismo, México es un territorio donde caben muchos territorios. Pero en un país como el nuestro, este reconocimiento y articulación no ocurre por simple inercia. Requiere guía, coordinación, confianza y reglas compartidas. Requiere que actores distintos —federación, estados, municipios— empujen en la misma dirección, aunque no partan del mismo lugar. En ese sentido, la acción climática es necesariamente una gestión colectiva. Ese espíritu ya estaba presente en la Ley General de Cambio Climático de 2012. No fue casual que incluyera un Sistema Nacional de Cambio Climático ni que asignara responsabilidades explícitas a estados y municipios. La arquitectura legal reconoció algo que suena -nuevamente- evidente pero que no enfatizamos: sin territorio no hay implementación. Desde entonces, los estados han avanzado de manera diferenciada pero sustantiva, creando el andamiaje necesario para atender el cambio climático. Han actualizado marcos legales, diseñado estrategias, creado mecanismos de precio al carbono, fortalecido esquemas de coordinación y desarrollado medidas de adaptación y protección de ecosistemas. Los municipios también han hecho lo propio, algunos con más recursos que otros, pero con una creciente conciencia de que la acción climática no es un accesorio, sino una variable que atraviesa transporte, residuos, agua y desarrollo urbano. La NDC como punto de encuentro y el financiamiento como oportunidad La Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC, por sus siglas en inglés) presentada en la COP30 marca una dirección clara. Define las nuevas metas y ejes de acción en mitigación y adaptación, detalla los instrumentos y las condiciones sobre la que se basa la implementación. Pero estas metas no se cumplen en abstracto, y mucho menos en condiciones económicas y geopolíticas que dificultan alcanzar los objetivos planteados. Por ello la NDC se ancla de varias palancas.  Una de ellas es reconocer que su implementación depende de la articulación multinivel. La implementación efectiva de la NDC sólo se materializa si las decisiones territoriales se alinean con ese horizonte. Estas decisiones determinarán, a su vez, el presente y el futuro de los propios territorios. Los escenarios climáticos brindan claridad en cómo serán los posibles impactos, y las rutas de descarbonización ofrecen guía de cómo orientar el desarrollo socioeconómico y la protección ambiental para evitar impactos aún mayores.  Muchos estados y municipios cuentan con instrumentos de planeación y otras herramientas que han permitido la construcción de un andamiaje de política públicas para la acción climática. Un andamiaje perfectible, por supuesto. Pero, donde hay una ventana de oportunidad amplia es en la carencia de estructuras técnicas para convertir las prioridades de política en proyectos financieramente bien armados, con claridad en riesgos, con viabilidad presupuestal. Hablar de financiamiento climático no significa depender exclusivamente de fondos internacionales concesionales. Significa revisar presupuestos estatales, generar incentivos correctos, estructurar proyectos con rigor, reducir riesgos para atraer inversión privada y alinear planeación territorial con decisiones de inversión. En ese sentido, es necesario impulsar un plan de inversión en cuestiones climáticas como el que han implementado países como Brasil y Sudáfrica bajo el esquema conocido como Plataformas País. Dichas plataformas son mecanismos liderados por el gobierno nacional, con el respaldo de donantes internacionales que aportan financiamiento inicial para su creación y recursos adicionales para su implementación. Se trata de planes que llevan inherentemente el deseo de atender simultáneamente aspectos como el empleo, el combate a la pobreza y el desarrollo económico y social, pero con un enfoque de justicia y equidad. El impulso de una Plataforma País para México con la participación de los estados y municipios cobra más relevancia. No como una política más, sino como un instrumento de decisiones donde se ordena la conversación entre prioridades nacionales, capacidades subnacionales y fuentes de financiamiento. Sin esa gestión estructurada, el riesgo es la dispersión y fragmentación de los instrumentos financieros, y la falta de capacidades para aprovecharlos. Desde esta lógica, la diversidad territorial puede traducirse en una cartera coherente de proyectos viables. La NDC tendrá mayores posibilidades de implementarse de forma efectiva cuando los distintos niveles de gobierno se reconocen corresponsables y coordinen decisiones que, en última instancia, afectan el mismo territorio. Además, es en el territorio donde se posibilita una participación sustantiva, activa, de las comunidades, poblaciones y ciudadanía. Fortalecer la acción climática en la diversidad de territorios en nuestro país no fragmenta la política nacional. La aterriza, la ordena y le da dirección en un país que es, por naturaleza, plural y diverso.  En México basta recorrer unas horas para ver cómo el paisaje cambia por completo. Si algo nos ha enseñado la historia del país es que la diversidad no