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Iniciativa Climática de México

Restaurando bosques, cerrando brechas

Noticias Restaurando bosques, cerrando brechas Emilia Amezcua, investigadora en temas de movilidad y calidad del aire, ICMJosé R. Morales, gerente de cambio climático y biodiveresidad, ICM 13 junio, 2026. Cuando se habla de bosques suele hacerse desde el pasado, desde la elegía: el bosque que desaparece, el bosque que ardió, el bosque que alguna vez estuvo ahí. Ursula K. Le Guin, nunca errada, escribió que el nombre del mundo es bosque. La idea es radical: poco es paisaje, más bien es lo que contiene, organiza y hace posible la vida sobre la tierra. El 21 de marzo, Día Internacional de los Bosques, es una fecha para recordar e inundar todo espacio de las múltiples razones por las que estos ecosistemas son fundamentales: capturan carbono, regulan el ciclo del agua, protegen la biodiversidad. En otras palabras, sostienen nuestra existencia. En el contexto de la actual triple crisis planetaria (contaminación, pérdida de biodiversidad y cambio climático) donde los bosques se degradan, y a la vez, son compañeros fundamentales para mitigarla, el camino se bifurca entre la conservación y la restauración. Sin embargo, al poco tiempo ambos caminos convergen, pues estas acciones no ocurren en el vacío ni en espacios aislados, se desarrollan en territorios habitados por comunidades y pueblos que deciden quién y cómo se interactúa con los ecosistemas. La restauración de los bosques y de otros ecosistemas tiene un papel relevante por su impacto en la agenda de cambio climático y en la conservación de la biodiversidad. México, como parte de sus compromisos de acción climática, incluyó la restauración en la actualización de su Contribución Determinada a Nivel Nacional y, en 2025, publicó el Programa Nacional de Restauración Ambiental. En este renovado impulso y fervor político por restaurar los ecosistemas, es fundamental asegurar que las intervenciones en el territorio no profundicen las brechas históricas asociadas a la desigualdad de género en las comunidades. En México, entre hombres y mujeres persiste una brecha importante en la titularidad de los derechos agrarios, pues las mujeres poseen apenas el 27.47% de los derechos agrarios. Además, solo el 19.1 % de las unidades de producción agropecuaria están a cargo de mujeres. Más allá de datos estadísticos, estas son barreras estructurales: aunque las mujeres participan activamente en la producción de alimentos, en el manejo cotidiano de los recursos naturales y en las labores de restauración en campo, su contribución suele concentrarse en tareas no remuneradas o de bajo reconocimiento. En tanto, los beneficios económicos, el control de los recursos y el liderazgo formal permanecen mayoritariamente en manos de los varones. Cuando las mujeres no poseen la tierra de manera formal, quedan excluidas de incentivos gubernamentales, de apoyos para la restauración y de los espacios de toma de decisiones en ejidos y comunidades. Implica reconocer a las mujeres como guardianas de conocimientos sobre las especies en los ecosistemas, y que esos saberes deben formar parte de la base de cualquier intervención. Tradicionalmente, los proyectos de restauración se han diseñado bajo una supuesta «neutralidad de género», asumiendo que estas acciones benefician por igual a toda la comunidad. La realidad muestra lo contrario, si no se consideran las desigualdades estructurales, las medidas de mitigación corren el riesgo de ampliar las brechas existentes, sobrecargando a las mujeres con trabajo no remunerado y profundizando su ausencia en los espacios de decisión. Por ello, la restauración forestal debe concebirse como una medida transformadora de género. Esto significa que los proyectos no sólo tienen el potencial de recuperar ecosistemas por una agenda de carbono o biodiversidad, sino también de transformar las relaciones entre las personas y su vínculo con la naturaleza. Implica reconocer a las mujeres como guardianas de conocimientos sobre las especies en los ecosistemas, y que esos saberes deben formar parte de la base de cualquier intervención. Lograrlo no será sencillo. Los proyectos deben enfrentarse al menos a dos grandes retos. El primero es la desigualdad estructural, muchas mujeres trabajan parcelas que no están a su nombre y, por lo tanto, no pueden acceder a los beneficios económicos de la restauración. El segundo reto es la necesidad de incorporar presupuestos y mecanismos específicos con perspectiva de género en una medida que, por sí misma, ya resulta costosa de implementar de manera efectiva. Sin embargo, cuando las mujeres cuentan con autonomía económica y liderazgo técnico, la supervivencia y biodiversidad de las especies plantadas aumenta y la cohesión social se fortalece. Restaurar un ecosistema es un acto de justicia, en el cual se devuelve la vida a la tierra y, al mismo tiempo, se cuestionan las relaciones de poder que llevaron a su degradación, se recuperan saberes y procesos de memoria que ponen en el centro el cuidado del territorio, e integra a las mujeres rurales en la acción climática. Es importante recordar que la acción climática no es solo una cuestión de CO₂, sino también de derechos humanos. Las medidas que se implementen no deben —y no pueden— profundizar las desigualdades existentes en el territorio. Integrar la perspectiva de género en la restauración forestal es una condición necesaria para enfrentar uno de los mayores desafíos de nuestro tiempo, pues necesitamos que todas las vidas, humanas y no humanas, participen en la reimaginación y reelaboración de nuestro sistema planetario.  El nombre del mundo es bosque porque ahí, entre robles, cedros y el canto de todas las aves, es posible encontrar relatos de cómo deberíamos ordenarnos para que la tierra y sus ciclos no nos sean ajenos. Que este 21 de marzo sea un punto de partida para que los bosques no sólo cuenten por sus árboles, sino también por su igualdad y justicia social. Texto publicado en: Greentology, 14 de abril de 2026, https://greentology.life/edicion-digital-gt/greentology-edicion-no-48-abril-2026-ciudades-y-territorios-sistemas-urbanos-para-la-sociedad-del-futuro/ Facebook Twitter LinkedIn

El desafío de llevar la NDC a la práctica y las posibilidades que abren las Plataformas País

Noticias El desafío de llevar la NDC a la práctica y las posibilidades que abren las Plataformas País Dylan Furszyfer, gerente de política energética, Iniciativa Climática de México junio 11, 2026. En 2015, en el marco de la consolidación del Acuerdo de París para combatir el cambio climático, México fue el primer país en desarrollo en presentar sus Contribuciones Determinadas a nivel Nacional (NDC). Desde entonces, nuestro país ha propuesto objetivos climáticos más ambiciosos. Por ejemplo, en la actualización de su NDC presentada en 2025, México se comprometió a abatir alrededor de 140 millones de toneladas de CO₂e para el 2030 y definió metas absolutas de mitigación para 2035, alineadas con el objetivo de cero emisiones netas para mediados de siglo. Estos compromisos plantean un reto central en materia de financiamiento: ¿cómo movilizar los recursos necesarios para cumplirlos en el corto y mediano plazo? La Estrategia de Movilización de Financiamiento Sostenible reconoce que para avanzar en los objetivos de desarrollo sostenible —incluidas las metas climáticas— se requiere movilizar recursos a una escala significativa. El documento también señala que entre 2023 y 2030, la brecha de financiamiento asociada a estos objetivos se estima en 13.6 billones de pesos, lo que implica una movilización anual aproximada de 1.7 billones de pesos.  En efecto, la movilización de financiamiento sostenible es fundamental para cumplir con nuestros objetivos climáticos, y, por ello, desde 2020, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ha impulsado el desarrollo de instrumentos para canalizar recursos hacia objetivos ambientales y sociales. Ese año, el gobierno federal emitió el primer bono soberano vinculado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y, desde entonces, ha recurrido a los mercados de deuda nacionales e internacionales para captar financiamiento etiquetado. De forma paralela, el Presupuesto de Egresos de la Federación comenzó a vincularse progresivamente a los ODS. Cabe resaltar que para 2025 el 84.5 % del presupuesto reportó alineación con al menos uno de los ODS. En 2023, la SHCP avanzó en la consolidación de esfuerzos a través de la creación de Estrategia de Movilización de Financiamiento Sostenible, cuyo objetivo es fomentar la movilización y reorientación de flujos públicos y privados hacia actividades con impacto ambiental y social. La estrategia se estructura en tres pilares: 1) gestión financiera pública sostenible, orientada a integrar la sostenibilidad en la gestión de las finanzas públicas; 2) movilización de financiamiento sostenible, enfocada en redirigir flujos financieros en los mercados de deuda y capital; y 3) acciones transversales, destinadas a garantizar una implementación inclusiva y equitativa.  Un elemento central de esta arquitectura es la Taxonomía Sostenible de México (TSM), que establece criterios técnicos para clasificar actividades económicas sostenibles con base en seis objetivos ambientales y cinco sociales, entre ellos, destacan: la mitigación y adaptación al cambio climático, biodiversidad, igualdad de género y acceso a servicios básicos. De acuerdo con los resultados del programa piloto de la TSM, su implementación ha permitido identificar retos metodológicos, necesidades de fortalecimiento de capacidades institucionales y áreas de mejora en la disponibilidad y calidad de la información, lo que refleja que su aplicación se encuentra aún en proceso de consolidación. En 2025, Hacienda implementó el Marco de Referencia Soberano de Financiamiento Sostenible, ampliando los tipos de instrumentos elegibles y reforzando la vinculación entre la deuda sostenible y el gasto público mediante los Gastos Sostenibles Elegibles. El marco incorpora mecanismos de seguimiento, reporte anual y gobernanza, en coordinación con la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático y el Consejo Nacional de la Agenda 2030. Las Plataformas País: un mecanismo viable de financiamiento Sin embargo, y aunque hay avances sustanciales, estos instrumentos no resuelven, por sí mismos, los cuellos de botella y la incertidumbre política de inversión para cumplir las metas climáticas. En sectores clave para la NDC, como lo es el eléctrico, persisten retrasos en infraestructura de transmisión, barreras regulatorias y señales mixtas hacia la inversión privada. El propio gobierno ha señalado la necesidad de atraer entre 6 y 9 mil millones de dólares anuales en inversión privada para alcanzar la meta de que 45 % de la electricidad provenga de fuentes limpias en 2030, una cifra que, para el criterio de algunos, aún no se refleja en los flujos observados. En este contexto, el desarrollo de una Plataforma de País (CP por sus siglas en inglés) ha sido planteado como un mecanismo para articular y coordinar los distintos esfuerzos de financiamiento climático. Varios países ya han puesto en marcha, o están en proceso de desarrollar estos mecanismos, y el G20 ha incorporado las CP en su agenda de discusión. De acuerdo con un reporte recientemente publicado por  la Iniciativa Climática de Mexico, una CP podría alinear recursos públicos, privados e internacionales de acuerdo a nuestras prioridades climáticas, mediante la coordinación entre dependencias públicas, banca de desarrollo, organismos financieros internacionales, inversionistas y otros actores relevantes, con el fin de impulsar proyectos concretos vinculados a la sostenibilidad. Una CP, por lo tanto, permitiría escalar el uso de financiamiento concesional, garantías y esquemas de financiamiento combinado, además de mejorar la preparación de proyectos y reducir riesgos para el capital privado. También, desde un punto de vista mas práctico, facilitaría la operación entre los instrumentos desarrollados por Hacienda y las necesidades reales de implementación en los territorios. Igualmente importante, gran parte de los actores fundamentales en la toma de decisión ambientales estarían representados, por lo cual, se hablaría de una transición verdaderamente incluyente (p.ej., Comité Directivo, Unidad de Gestión, Secretaría Técnica, Grupos de Trabajo y Socios de Apoyo). Ahondado a lo anterior, existen recursos a fondo perdido del Fondo Verde del Clima que podrían apoyar la creación de un secretariado técnico para esta plataforma. México ha recibido alrededor de 7.9 millones de dólares en fondos de preparación; aunque una parte ya ha sido comprometida, podrían existir apoyos adicionales limitados. Estos recursos podrían fortalecer la coordinación y dar continuidad operativa a la plataforma. En resumen, México cuenta con metas climáticas ambiciosas y con un conjunto de instrumentos de financiamiento sostenible orientados a apoyarlas. El reto se encuentra en articular

El costo de la transición: paradigmas y desafíos de la restauración ecológica

Noticias El costo de la transición: paradigmas y desafíos de la restauración ecológica José R. Morales, gerente de cambio climático y biodiversidad junio 12, 2026. La restauración de los ecosistemas es considerada una de las medidas con mayor potencial de mitigación y clave para alcanzar los compromisos de acción climática, tanto a escala global como nacional. En México, esta relevancia se materializó al asumir un papel protagónico en el Reto Bonn y en la Iniciativa 20×20, comprometiéndose a restaurar 8.4 millones de hectáreas. Sumando a estos compromisos, en el 2025, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales publicó el Programa Nacional de Restauración Ambiental 2025-2030. Una de las posibles razones es el costo de la restauración: aunque puede aportar múltiples beneficios en distintas agendas públicas, su costo de implementación es considerablemente más alto que otras medidas en el sector forestal o agropecuario. A diferencia de la reforestación, un proyecto de restauración puede alcanzar importes aproximados de 1,500 USD por hectárea, sin considerar los gastos de mantenimiento. Además, estos costes varían según el ecosistema, las prácticas y la accesibilidad al sitio. En el 2016, la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad identificó sitios prioritarios para la restauración ecológica. Si consideramos únicamente la superficie que aún presenta potencial de restauración —es decir, aquella que hasta 2018, con base en la información disponible de uso de suelo y vegetación, no se transformó en asentamientos humanos o humedales ni se recuperó de manera natural— se estima una extensión prioritaria de 27.5 millones de hectáreas. Al considerar el costo aproximado de implementación por hectárea, se requeriría una inversión inicial cercana a 42 mil millones de dólares. Este monto equivale a casi veinte veces los recursos asignados a programas como Sembrando Vida. Estos costos pueden pasar a segundo plano si se considera que restaurar implica recuperar la funcionalidad ecológica de los territorios, garantizando la provisión de agua, alimentos y el secuestro de carbono. Sin embargo, para que esta medida sea verdaderamente escalable y sostenible, es necesario trascender de la visión romántica y reconocer la complejidad técnica, económica y social que conlleva. Restaurar no es sólo intervenir una superficie; es transformar la relación de la sociedad con el paisaje, lo cual puede redefinir su modelo social y económico. Los resultados muestran reducciones potenciales del 43% en frijol, 38% en maíz grano, 30% en sorgo grano y 24% en trigo grano. Para lograrlo, más allá del costo operativo, «palas y jornales», debemos considerar el costo de transición. Migrar de un modelo productivo basado en actividades agropecuarias intensivas hacia uno con vocación forestal implica un costo de oportunidad para las familias campesinas. En otras palabras, supone una transformación profunda de sus medios de vida. Para un productor convertir una parcela de cultivo anual en un sistema forestal o agroforestal puede significar una reducción inmediata en la producción de alimentos básicos que sostienen su seguridad alimentaria. En el marco de la actualización de la NDC 3.0, en Iniciativa Climática de México realizamos un ejercicio prospectivo para estimar la posible reducción en la producción de cuatro cultivos si, hacia 2060, se implementara la ambiciosa meta de restaurar 27.5 millones de hectáreas. Los resultados muestran reducciones potenciales del 43% en frijol, 38% en maíz grano, 30% en sorgo grano y 24% en trigo grano. Estos hallazgos, sumados a lo documentado en la literatura, evidencian un riesgo latente: al priorizar la expansión de la cobertura forestal, podría debilitarse la capacidad de las comunidades para producir su propio sustento e inclusive comprometer la seguridad alimentaria nacional. Las comunidades afectadas podrían verse obligadas a comprar lo que antes producían, lo que a su vez se traduce en un aumento de las importaciones. ¿Por qué ocurre esto? Porque la restauración compite directamente por el uso del suelo. Por ello, una política de restauración no puede basarse únicamente en metas de superficie; debe diseñarse e implementarse integrando, al menos, estos ocho elementos: Diversificar los modelos de restauración, como el enriquecimiento forestal, la regeneración natural y la restauración productiva. Mejorar la productividad de los sistemas agroalimentarios existentes para liberar tierras, sin comprometer la oferta de alimentos. Garantizar mercados para los nuevos productos maderables y no maderables. Asegurar precios justos para las personas propietarias de las nuevas tierras forestales. Integrar componentes forestales en los medios de vida actuales, como los sistemas agroforestales. Implementar mecanismos de compensación que brinden seguridad financiera durante la transición. Reducir las pérdidas y desperdicios de alimentos, estimados en 30 % de la producción agropecuaria total. Promover canastas regionales que valoren la agrobiodiversidad propia de cada región. La correcta implementación de estos elementos exige considerar no solo la ecología, sino también respetar la multiculturalidad y las necesidades de las poblaciones locales. Así, la restauración puede convertirse en una acción climática tangible y medible, pero, sobre todo, en una acción humana. Al colocar en el mismo nivel la dignidad de las personas y la salud de los ecosistemas lograremos que la restauración sea el motor de una acción climática justa. Texto publicado en: Expansión ESG, 9 de junio de 2026, https://esg.expansion.mx/opinion/2026/06/09/el-costo-de-la-transicion-paradigmas-y-desafios-de-la-restauracion-ecologica Facebook Twitter LinkedIn

México acelera la agenda renovable

Noticias México acelera la agenda renovable Luisa Sierra, directora ejecutiva del Instituto de Desarrollo, Energía y Ambiente (IDEA). junio 11, 2026. México ha dado señales importantes en materia de política energética. La presentación de la Contribución Determinada a Nivel Nacional 3.0 (NDC 3.0) durante la COP30, celebrada en Belém en noviembre de 2025, fijó compromisos concretos: alcanzar el 38.5% de generación eléctrica por fuentes limpias para 2030 y el 43.3% para 2035. Por primera vez, el país estableció metas absolutas de emisiones netas – entre 364 y 404 millones de toneladas de CO₂ equivalente para 2035 de forma no condicionada – en lugar de porcentajes relativos. Ese cambio no es menor: medir compromisos en términos netos exige diseñar políticas más sólidas y obliga a rendir cuentas con mayor precisión. La NDC 3.0 no existe de manera aislada. Está alineada con el Plan de Desarrollo del Sector Eléctrico (PLADESE) 2025–2039, que funge como el principal instrumento rector de la política energética nacional y que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 de octubre de 2025. El PLADESE traza una hoja de ruta de 15 años que contempla agregar 75,559 MW de nueva capacidad de generación, de los cuales 78% corresponderán a tecnologías limpias. En el corto plazo, entre 2025 y 2030, se prevén 33,555 MW adicionales (incluyendo los sistemas de almacenamiento), con una participación preponderante de energía solar fotovoltaica y eólica. La coherencia entre ambos documentos es, en sí misma, un avance institucional: la política climática y la planeación sectorial hablan el mismo idioma. Ahora bien, las metas escritas solo cobran sentido cuando se acompañan de mecanismos concretos de implementación. Y en eso, octubre de 2025 marcó un hito importante. La gran señal para reactivar el sector El 17 de octubre de 2025, la Secretaría de Energía (SENER) publicó la Convocatoria para la Atención Prioritaria de Solicitudes de Permisos de Generación Eléctrica e Interconexión al Sistema Eléctrico Nacional, en alineación con la planeación vinculante. Se trató del primer mecanismo formal bajo el nuevo marco regulatorio para que la inversión privada pueda participar en la expansión renovable del país. Los resultados anunciados en diciembre de 2025 por la Secretaria de Energía, Luz Elena González, son elocuentes: 20 proyectos aprobados -15 fotovoltaicos con 2,471 MW y cinco eólicos con 849 MW -, que suman una capacidad adicional de 3,320 MW. La inversión comprometida asciende a 4,058 millones de dólares (costo promedio estimado), distribuidos en 11 estados de la república. De estos 20 proyectos, 2 no continuaron en el proceso, por lo que 18 proyectos con una capacidad de 3,090 MW son los que comenzarán de inmediato las obras, pues éstos ya cuentan con terrenos y permisos ambientales. El 78% entrará en operación en 2028. Más allá de los megavatios, lo que este ejercicio demuestra es que el sector privado sí está dispuesto a participar bajo las nuevas reglas. Desde la publicación de la convocatoria en octubre se registraron 98 manifestaciones de interés. Aunque el proceso fue exigente – los plazos eran acotados y los requisitos técnicos, financieros y sociales, rigurosos – la respuesta fue positiva y el resultado, concreto. Para quienes seguimos de cerca la transición energética eso importa. La escala del desafío y el rol de la inversión privada: mantener el impulso La convocatoria resultó en 3,090 MW de los 5,970 MW ofertados, lo que representa el 52% de la capacidad disponible en esta primera ronda. Es un inicio sólido, pero también una señal de que la tarea por delante es enorme. El PLADESE identifica que el sector privado deberá desarrollar 10,995 MW en el periodo 2025–2030, de los cuales 7,405 MW serán de nueva capacidad. Esto significa que esta primera convocatoria apenas cubre una fracción del camino. La arquitectura de planeación vinculante, con el Estado manteniendo una participación de al menos 54% en la generación inyectada a la red, requiere que el capital privado se convierta en un socio activo y eficiente para llenar el espacio que corresponde al otro 46%. El PLADESE también prevé la incorporación de 5,551 MW en sistemas de almacenamiento con baterías hacia 2030, así como inversiones de alrededor de 191,750 millones de pesos en transmisión que son responsabilidad exclusiva del Estado a través de la Comisión Federal de Electricidad. La combinación de generación renovable con redes modernas y almacenamiento es lo que permitirá pasar de tener energía limpia instalada a tener energía limpia disponible cuando se necesita. El resultado de esta primera convocatoria debe entenderse como un punto de partida, no como un destino. El país necesita que las siguientes rondas sean ágiles, predecibles y progresivamente más accesibles para una gama más amplia de desarrolladores, incluyendo empresas medianas o incluso cooperativas energéticas. La certidumbre regulatoria de largo plazo, la claridad en los costos de interconexión y la expansión y fortalecimiento continuo de la red de transmisión serán factores determinantes para que el apetito del sector privado se sostenga en el tiempo. Hay también una dimensión que merece atención: la distribución territorial de los beneficios. Los 18 proyectos aprobados en esta primera ronda se ubican en 11 estados. Eso es positivo. Pero la transición energética solo será verdaderamente justa si los municipios y comunidades donde se instalen estos proyectos reciben, además de empleos durante la construcción, beneficios tangibles en el largo plazo: tarifas accesibles, infraestructura comunitaria y mecanismos reales de participación. Las Disposiciones Administrativas de Carácter General (DACG) que acompañan a la convocatoria ya establecen que al menos el 0.5% del monto de inversión debe destinarse a un Plan de Gestión Social. Ese piso es un avance; el reto es que sea un piso, no un techo. La escala del desafío y el rol de la inversión privada: mantener el impulso México tiene compromisos climáticos ambiciosos, instrumentos de planificación articulados y un mecanismo para que el capital privado participe en la expansión renovable. La primera convocatoria de la SENER demostró que, cuando existen señales, el mercado responde. La pregunta relevante ya no es si México puede avanzar hacia una matriz eléctrica más