En México, existen 653 acuíferos, de los cuales alrededor de 111 se encuentran sobreexplotados. Esta presión sobre los recursos hídricos se combina con el cambio climático, que intensifica sequías, altera los patrones de precipitación y aumenta la frecuencia de eventos hidrometeorológicos extremos.

Las consecuencias de esta degradación no se distribuyen de manera equitativa. Las comunidades con menor acceso a infraestructura hídrica o cuya economía depende directamente de actividades primarias como la agricultura, suelen ser las más vulnerables a la disminución o deterioro de los recursos hídricos.  En México, aunque la mayoría de la población cuenta con agua entubada, sólo alrededor del 43 % tiene acceso a servicios de agua potable gestionados de forma segura; disponibles cuando se necesitan, libres de contaminación y dentro de la vivienda. En este contexto, la gestión del agua se convierte también en una cuestión de justicia ambiental. 

Reconocer el agua como sustento de la biodiversidad, de los ecosistemas y de las comunidades permite replantear la forma en que se diseñan las políticas ambientales y climáticas. La conservación de ecosistemas no es solo una estrategia de protección ambiental: es una inversión en resiliencia climática, seguridad alimentaria y desarrollo territorial sostenible.