Es particularmente relevante el papel de los legisladores, quienes pueden impulsar reformas, crear marcos habilitadores y asignar recursos. La transición hacia la electromovilidad no ocurrirá sin decisiones legislativas que integren este tema entre las prioridades nacionales y locales. En ese sentido, los espacios de diálogo entre tomadores de decisión, expertos y sociedad civil son más necesarios que nunca.

Desde la sociedad civil damos la bienvenida, el próximo 23 de abril, al Parlamento Abierto sobre electromovilidad, que se realizará en el Palacio Legislativo de San Lázaro. Este encuentro representa una oportunidad clave para avanzar en esta importante agenda. Esperamos que este espacio sirva para construir consensos, identificar barreras y, sobre todo, generar propuestas concretas desde el ámbito legislativo, social y técnico.

La relevancia de este tipo de ejercicios radica en su capacidad para coordinar agendas. La movilidad, la energía, el desarrollo urbano y el cambio climático no se pueden tratar de manera aislada. La electromovilidad ofrece un punto de convergencia que obliga a trabajar de manera coordinada entre los distintos sectores.

Sin embargo, más allá de los instrumentos, lo que define el rumbo es la corresponsabilidad en la toma de decisiones, especialmente con la participación de actores diversos. Las organizaciones de la sociedad civil han sido fundamentales para posicionar la agenda climática y generar evidencia técnica. El sector público, por su parte, tiene la responsabilidad de traducir esa evidencia en política pública. Y dentro de este sector, tanto las autoridades federales como los gobiernos subnacionales y los órganos legislativos tienen un rol determinante.