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México acelera la agenda renovable
Luisa Sierra, directora ejecutiva del Instituto de Desarrollo, Energía y Ambiente (IDEA).
México ha dado señales importantes en materia de política energética. La presentación de la Contribución Determinada a Nivel Nacional 3.0 (NDC 3.0) durante la COP30, celebrada en Belém en noviembre de 2025, fijó compromisos concretos: alcanzar el 38.5% de generación eléctrica por fuentes limpias para 2030 y el 43.3% para 2035. Por primera vez, el país estableció metas absolutas de emisiones netas – entre 364 y 404 millones de toneladas de CO₂ equivalente para 2035 de forma no condicionada – en lugar de porcentajes relativos. Ese cambio no es menor: medir compromisos en términos netos exige diseñar políticas más sólidas y obliga a rendir cuentas con mayor precisión.
La NDC 3.0 no existe de manera aislada. Está alineada con el Plan de Desarrollo del Sector Eléctrico (PLADESE) 2025–2039, que funge como el principal instrumento rector de la política energética nacional y que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 de octubre de 2025. El PLADESE traza una hoja de ruta de 15 años que contempla agregar 75,559 MW de nueva capacidad de generación, de los cuales 78% corresponderán a tecnologías limpias. En el corto plazo, entre 2025 y 2030, se prevén 33,555 MW adicionales (incluyendo los sistemas de almacenamiento), con una participación preponderante de energía solar fotovoltaica y eólica. La coherencia entre ambos documentos es, en sí misma, un avance institucional: la política climática y la planeación sectorial hablan el mismo idioma.
Ahora bien, las metas escritas solo cobran sentido cuando se acompañan de mecanismos concretos de implementación. Y en eso, octubre de 2025 marcó un hito importante.
La gran señal para reactivar el sector
El 17 de octubre de 2025, la Secretaría de Energía (SENER) publicó la Convocatoria para la Atención Prioritaria de Solicitudes de Permisos de Generación Eléctrica e Interconexión al Sistema Eléctrico Nacional, en alineación con la planeación vinculante. Se trató del primer mecanismo formal bajo el nuevo marco regulatorio para que la inversión privada pueda participar en la expansión renovable del país.
Los resultados anunciados en diciembre de 2025 por la Secretaria de Energía, Luz Elena González, son elocuentes: 20 proyectos aprobados -15 fotovoltaicos con 2,471 MW y cinco eólicos con 849 MW -, que suman una capacidad adicional de 3,320 MW. La inversión comprometida asciende a 4,058 millones de dólares (costo promedio estimado), distribuidos en 11 estados de la república. De estos 20 proyectos, 2 no continuaron en el proceso, por lo que 18 proyectos con una capacidad de 3,090 MW son los que comenzarán de inmediato las obras, pues éstos ya cuentan con terrenos y permisos ambientales. El 78% entrará en operación en 2028.
Más allá de los megavatios, lo que este ejercicio demuestra es que el sector privado sí está dispuesto a participar bajo las nuevas reglas. Desde la publicación de la convocatoria en octubre se registraron 98 manifestaciones de interés. Aunque el proceso fue exigente – los plazos eran acotados y los requisitos técnicos, financieros y sociales, rigurosos – la respuesta fue positiva y el resultado, concreto. Para quienes seguimos de cerca la transición energética eso importa.
La escala del desafío y el rol de la inversión privada: mantener el impulso
La convocatoria resultó en 3,090 MW de los 5,970 MW ofertados, lo que representa el 52% de la capacidad disponible en esta primera ronda. Es un inicio sólido, pero también una señal de que la tarea por delante es enorme. El PLADESE identifica que el sector privado deberá desarrollar 10,995 MW en el periodo 2025–2030, de los cuales 7,405 MW serán de nueva capacidad. Esto significa que esta primera convocatoria apenas cubre una fracción del camino. La arquitectura de planeación vinculante, con el Estado manteniendo una participación de al menos 54% en la generación inyectada a la red, requiere que el capital privado se convierta en un socio activo y eficiente para llenar el espacio que corresponde al otro 46%.
El PLADESE también prevé la incorporación de 5,551 MW en sistemas de almacenamiento con baterías hacia 2030, así como inversiones de alrededor de 191,750 millones de pesos en transmisión que son responsabilidad exclusiva del Estado a través de la Comisión Federal de Electricidad. La combinación de generación renovable con redes modernas y almacenamiento es lo que permitirá pasar de tener energía limpia instalada a tener energía limpia disponible cuando se necesita.
El resultado de esta primera convocatoria debe entenderse como un punto de partida, no como un destino. El país necesita que las siguientes rondas sean ágiles, predecibles y progresivamente más accesibles para una gama más amplia de desarrolladores, incluyendo empresas medianas o incluso cooperativas energéticas. La certidumbre regulatoria de largo plazo, la claridad en los costos de interconexión y la expansión y fortalecimiento continuo de la red de transmisión serán factores determinantes para que el apetito del sector privado se sostenga en el tiempo.
Hay también una dimensión que merece atención: la distribución territorial de los beneficios. Los 18 proyectos aprobados en esta primera ronda se ubican en 11 estados. Eso es positivo. Pero la transición energética solo será verdaderamente justa si los municipios y comunidades donde se instalen estos proyectos reciben, además de empleos durante la construcción, beneficios tangibles en el largo plazo: tarifas accesibles, infraestructura comunitaria y mecanismos reales de participación. Las Disposiciones Administrativas de Carácter General (DACG) que acompañan a la convocatoria ya establecen que al menos el 0.5% del monto de inversión debe destinarse a un Plan de Gestión Social. Ese piso es un avance; el reto es que sea un piso, no un techo.
La escala del desafío y el rol de la inversión privada: mantener el impulso
México tiene compromisos climáticos ambiciosos, instrumentos de planificación articulados y un mecanismo para que el capital privado participe en la expansión renovable. La primera convocatoria de la SENER demostró que, cuando existen señales, el mercado responde. La pregunta relevante ya no es si México puede avanzar hacia una matriz eléctrica más limpia, sino si logra hacerlo a la velocidad y escala que las metas requieren.
Para ello, la continuidad y mejora de las convocatorias es indispensable. Así como esta primera ronda dejó capacidad sin asignar, también abre la oportunidad de aprender, ajustar y convocar de nuevo. El apetito existe. Aprovecharlo, con seriedad técnica, visión de largo plazo y un genuino compromiso con la justicia energética, es la responsabilidad compartida del Estado, el sector privado y la sociedad en su conjunto.
Texto publicado en: Energy 21, 20 de marzo de 2026, https://energy21.com.mx/mexico-acelera-la-agenda-renovable/