En medio de la crisis del COVID-19, el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) aprobó un Acuerdo para “garantizar la eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad y seguridad del Sistema Eléctrico Nacional” ante la pandemia. Dicho Acuerdo establece una serie de bloqueos para la operación efectiva de centrales de generación de energía proveniente de fuentes renovables, como el sol y el viento, en favor de la generación de energía con combustibles fósiles.
La validez de los argumentos presentados para llevar a cabo este Acuerdo presenta numerosas dudas tanto para el sector privado como para la sociedad civil. Y preocupa el hecho de que al dar un trato preferencial a los combustibles fósiles, se continúen contaminando los ecosistemas, afectando a la salud de las personas, y arriesgando un alza en los costos de energía para los mexicanos en el largo plazo.
Frenar la producción de energías renovables en el país representa una dificultad adicional para dar cumplimineto a los compromisos internacionales presentados ante el Acuerdo de París por el Estado Mexicano en sus Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC), además de poner en riesgo el cumplimiento de la meta de generar el 35% de nuestra energía a partir de fuentes limpias para 2024, estipulado en la Ley de Transición Energética y la Ley General de Cambio Climático.
La crisis climática es el desafío más urgente que enfrenta nuestra nación y nuestro planeta. Científicos del IPCC, el grupo de ciencia climática más preeminente del mundo, nos han demostrado que debemos de reducir a la mitad las emisiones globales de gases de efecto invernadero para 2030 si queremos evitar una catástrofe climática.
Por esta razón, The Climate Reality Project América Latina se une a distintas organizaciones de la sociedad civil y a la ciudadanía en general, para pronunciar su preocupación sobre las medidas adoptadas por la CENACE y exigir mecanismos de transparencia y rendición de cuentas por la publicación del Acuerdo para “garantizar la eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad y seguridad del Sistema Eléctrico Nacional”.
Estamos alineados con el interés del gobierno federal por alcanzar la soberanía energética del país, y sabemos que esta meta se puede lograr al mismo tiempo que se protege la salud de sus ciudadanos, y se reducen los precios por electricidad.
Una transición justa hacia una economía de energía limpia no sucederá de la noche a la mañana. Si bien es cierto que gran parte de nuestra economía todavía depende de los combustibles fósiles, y que aún existen muchos desafíos asociados con la reconfiguración de nuestro sistema energético actual, el objetivo de la transición energética es desarrollar otras alternativas tangibles que hagan obsoleto el uso e implementación de los combustibles fósiles.
Trabajemos a favor de fuentes de energía y proyectos que:
- Resulten en cero o casi cero emisiones de gases de efecto invernadero.
- No tengan un impacto negativo o desproporcionado en las comunidades locales.
- Tengan un consentimiento previo, informado y libre antes de desarrollar nuevas instalaciones por parte de las comunidades.
- Minimicen alteraciones y daños ambientales en la mayor medida posible.
Exigimos
- Transparencia en los procesos regulatorios del Sistema Eléctrico Nacional.
- Apertura al diálogo por parte de las autoridades mexicanas, en específico de la Secretaría de Energía.
- Respeto por los derechos humanos, la salud y la seguridad de todas y todos los que habitamos en México.