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México tiene aún la posibilidad de implementar estrategias para fortalecer la política de mitigación de gases de efecto invernadero (GEI), para lograr el objetivo de limitar el calentamiento global a un máximo de 2oC, e idealmente no mayor a 1.5 °C. Sin embargo, las emisiones del país continúan creciendo a un ritmo muy superior al necesario para cumplir con los objetivos del Acuerdo de París y reflejados en la Ley General de Cambio Climático. Para revertir esta tendencia, es clave contar con rutas de descarbonización al 2030 y 2050 para los sectores que en conjunto aportan 51% de las emisiones: electricidad; petróleo y gas, y transporte. El sector eléctrico requiere duplicar la participación de las energías renovables en 2030, retirar las centrales de carbón y combustóleo; reducir la participación de tecnologías de ciclo combinado a gas natural, e incentivar tecnologías de almacenamiento y la generación distribuida. Para el sector industria de petróleo y gas se propone un potencial de reducción de emisiones de 25,3 millones de toneladas de CO2e al 2030. De este potencial, 57% se lograría con medidas de mitigación económicamente rentables como la reducción de fugas de metano en las actividades de procesamiento de gas; eficiencia energética en los procesos de refinación de petróleo y cogeneración. El sector transporte tiene un potencial de mitigación de 210 MtCO2e anuales para el 2030, y hasta 309 MtCO2e para el 2050, pero sólo se logrará si se desarrolla una estrategia de movilidad orientada a evitar los viajes de pasajeros y carga; desplazar los viajes a modos de transporte sostenible, y mejorar la eficiencia energética mediante la transición a combustibles más limpios. DESCARGA AQUÍ: https://bit.ly/3gAGENd

Autores: Teresa de León, Ana Sofía Tamborrel y Nain Martínez El concepto ‘transición energética justa’ ha comenzado a aparecer más y más en la discusión pública en México. El tema no es nuevo, pero recientemente ha cobrado mayor visibilidad, ya que se ha puesto/retomado la mirada en las prácticas y contratos entre desarrolladores de energía y las poblaciones de los territorios en donde se insertan los proyectos, abordando los impactos sociales y ambientales de la energía renovable. Desde el consorcio que implementamos el proyecto Comunidades y Energía Renovable (CER) escribimos estas breves líneas para compartir qué es, desde nuestra perspectiva, la ‘transición energética justa’ por la que llevamos trabajando casi tres años. Cabe mencionar que con transición energética nos referimos al proceso mediante el cual dejamos de producir y consumir energía de fuentes fósiles para satisfacer nuestras necesidades energéticas, y lo sustituimos con fuentes renovables como el sol o el viento. Una transición energética es justa en dos aspectos: por sus procesos, y por sus resultados. Desde lo procedimental, una transición justa debe ser colectiva e inclusiva, producir capacidades y espacios de participación significativa y representación efectiva para que las partes interesadas y afectadas se involucren de manera informada en la toma de decisiones. Por parte de sus resultados, la transición justa debe garantizar que los beneficios y costos son repartidos de manera equitativa, tanto entre actores, como entre las generaciones del presente y el futuro. Por lo tanto, para una transición energética justa es necesario considerar sus efectos intra e intergeneracionales en el ámbito global y local; así como reconocer las capacidades y necesidades diferenciadas entre hombres y mujeres en la gestión energética. Este tipo de transición, busca crear un sector energético que reconozca el papel que tiene la sociedad en la configuración, diseño, uso y funcionamiento del sistema eléctrico (Miller, Iles y Jones, 2013). Además, busca asegurar mecanismos que permitan reconocer, subsanar y atender las desigualdades que se producen en el proceso de sustitución tecnológica. El proceso de descarbonización de nuestra matriz eléctrica no sólo debe priorizar el carácter climático/ambiental y costo-competitivo de las energías renovables para promover su expansión, como se había hecho en el pasado. Se debe reconocer que este proceso tiene/conlleva un inherente carácter social, cultural, ecosistémico, político, tecnológico y económico; así como la dinámica y continua interacción entre estas dimensiones. En este sentido, la transición energética justa es un medio para atender dos grandes pendientes en la agenda nacional: El primero, la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, con lo cual se cumplen las medidas de mitigación al cambio climático establecidas en acuerdos internacionales y leyes nacionales (UNFCCC, 2015; Ley de Transición Energética, 2015; y Ley General de Cambio Climático, 2012). El segundo, atender las necesidades energéticas de las generaciones presentes y futuras de forma segura, asequible y sostenible, y que posibilite las condiciones para crear valor para todas las partes involucradas, garantizando el acceso a energía a grupos y personas históricamente marginadas y viviendo bajo pobreza energética. Si la transición energética busca ser socialmente justa e incluyente, debe diseñarse con base en las características y necesidades territoriales identificadas por las poblaciones que habitan y usan ese territorio, sin que esto implique vulnerar el interés público por diversificar y ampliar la matriz energética, al contrario, siguiendo los fundamentos de la transición energética el interés público es apropiado, definido y defendido por las poblaciones en sus territorios, en sus propios términos. En este sentido, es importante destacar que la participación social no puede ser entendida como un elemento ‘adicional’, ‘opcional’ o como una ‘concesión’ por parte del Estado, sino como un proceso que debe ser activo, libre y significativo. La transición energética justa se impulsa y garantiza desde las estructuras de gobernanza del sector energético y la planeación eléctrica, hasta el diseño de cada territorio y cada proyecto. Para esto, se deben fortalecer o adecuar las capacidades, instituciones, políticas, programas e instrumentos de política pública sectoriales, y las prácticas de desarrolladores de proyectos. Desde CER, creemos que en una transición justa es posible una gestión estratégica de la energía que incluya proyectos de todas las escalas (generación distribuida, mediana escala y gran escala) y diversos esquemas de propiedad (privado, público, comunitario o colectivo). Estamos convencidas también que las mujeres y hombres de las poblaciones locales y las comunidades, pueden ser aliadas de la energía renovable, siempre con poder en la toma de decisiones sobre su territorio. Los proyectos deben representar oportunidades de desarrollo local (lo que eso signifique para la población local) asegurando la creación de valor para todas las partes. Para facilitar una transición energética justa, exitosa, e inclusiva hay algunos otros aspectos que son clave: la planeación territorial y ecológica previa, la transparencia y la rendición de cuentas, la reducción de asimetrías de poder, y el enfoque de derechos humanos, perspectiva de género y transformación positiva de conflictos. Por supuesto una transición energética justa no resuelve por sí sola las muchas desigualdades históricas y estructurales, pero sí puede contribuir hacia un sector que avance en la respuesta a algunos de los retos más grandes que enfrentamos como país y humanidad: el cambio climático, la pobreza energética, las desigualdades en el uso y acceso a los recursos naturales. Para eso trabajamos desde CER. Te invitamos a explorar nuestra página web para conocer más sobre nuestro trabajo y darnos tu opinión. Referencias Cámara de Diputados (2015). Ley de Transición Energética. Disponible en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LTE.pdf (Revisada el 29 de mayo de 2020). Cámara de Diputados (2012). Ley General de Cambio Climático. Disponible en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGCC_130718.pdf (Revisada el 29 de mayo de 2020). Miller, C., Iles, A., and Jones, C. (2013). The Social Dimensions of Energy Transitions, Science and Culture, 22(2), pp. 135-148. García-Ochoa, R. (2014). Pobreza energética en América Latina, Documento de proyecto, Chile: CEPAL, pp. 1-36. Disponible en: https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/36661/1/S2014039_es.pdf UNFCCC. (2015). Aprobación del Acuerdo de París. Disponible en: http://unfccc.int/resource/docs/2015/cop21/spa/l09s.pdf

Artículo escrito por Mónica Valtierra Iniciaremos con un breve repaso sobre el contenido de las últimas dos semanas, hablamos sobre la importancia de limitar el calentamiento del planeta por debajo de 1.5°C de acuerdo a lo que los científicos del mundo estiman y así, garantizar la vida de los ecosistemas y millones de personas. Esta meta se puede lograr si los países vinculan sus objetivos de reducción de emisiones con el potencial que estas tienen para calentar la Tierra, y pueden hacerlo por medio de presupuestos de carbono que indician el máximo de emisiones que nos quedan si queremos lograr el objetivo de 1.5°C. Ahora, una vez que cada país ha logrado definir cuáles son sus topes máximos de emisiones y establecen estos como una meta fija en un periodo de tiempo, ¿cómo hacer para asegurarnos de que otros países y sectores también van por ese camino? Esto se logra gracias a que cada año, los países del mundo se reúnen durante la Conferencia de las Partes (la COP) para discutir propuestas, necesidades y acuerdos, estos se transforman en compromisos concretos conocidos como las Contribuciones Nacionalmente Determinadas, llamadas NDC por sus siglas en inglés. Desafortunadamente, la crisis del COVID-19 ha hecho que los países pospongan la siguiente COP pero, al igual que este virus, la crisis del cambio climático no espera y actualmente ya podemos ver sus pasos muy cerca de nuestra vida diaria, es urgente que la acción climática continúe y que nos alineemos a la meta de 1.5°C Nuestros gobiernos no sólo deben comprometerse seriamente para combatir esta crisis a tiempo, tienen también que ser voceros de la lucha y promover que todos vinculen sus compromisos de reducción de emisiones con la meta de 1.5°C. Para lograrlo, esta semana pide a tu gobierno que no sólo trace sus metas de mitigación con presupuestos de carbono, también que se convierta en líder y promotor de la acción climática global urgente y efectiva.

En medio de la crisis del COVID-19, el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) aprobó un Acuerdo para “garantizar la eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad y seguridad del Sistema Eléctrico Nacional” ante la pandemia. Dicho Acuerdo establece una serie de bloqueos para la operación efectiva de centrales de generación de energía proveniente de fuentes renovables, como el sol y el viento, en favor de la generación de energía con combustibles fósiles. La validez de los argumentos presentados para llevar a cabo este Acuerdo presenta numerosas dudas tanto para el sector privado como para la sociedad civil. Y preocupa el hecho de que al dar un trato preferencial a los combustibles fósiles, se continúen contaminando los ecosistemas, afectando a la salud de las personas, y arriesgando un alza en los costos de energía para los mexicanos en el largo plazo. Frenar la producción de energías renovables en el país representa una dificultad adicional para dar cumplimineto a los compromisos internacionales presentados ante el Acuerdo de París por el Estado Mexicano en sus Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC), además de poner en riesgo el cumplimiento de la meta de generar el 35% de nuestra energía a partir de fuentes limpias para 2024, estipulado en la Ley de Transición Energética y la Ley General de Cambio Climático. La crisis climática es el desafío más urgente que enfrenta nuestra nación y nuestro planeta. Científicos del IPCC, el grupo de ciencia climática más preeminente del mundo, nos han demostrado que debemos de reducir a la mitad las emisiones globales de gases de efecto invernadero para 2030 si queremos evitar una catástrofe climática. Por esta razón, The Climate Reality Project América Latina se une a distintas organizaciones de la sociedad civil y a la ciudadanía en general, para pronunciar su preocupación sobre las medidas adoptadas por la CENACE y exigir mecanismos de transparencia y rendición de cuentas por la publicación del Acuerdo para “garantizar la eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad y seguridad del Sistema Eléctrico Nacional”. Estamos alineados con el interés del gobierno federal por alcanzar la soberanía energética del país, y sabemos que esta meta se puede lograr al mismo tiempo que se protege la salud de sus ciudadanos, y se reducen los precios por electricidad. Una transición justa hacia una economía de energía limpia no sucederá de la noche a la mañana. Si bien es cierto que gran parte de nuestra economía todavía depende de los combustibles fósiles, y que aún existen muchos desafíos asociados con la reconfiguración de nuestro sistema energético actual, el objetivo de la transición energética es desarrollar otras alternativas tangibles que hagan obsoleto el uso e implementación de los combustibles fósiles. Trabajemos a favor de fuentes de energía y proyectos que: Resulten en cero o casi cero emisiones de gases de efecto invernadero. No tengan un impacto negativo o desproporcionado en las comunidades locales. Tengan un consentimiento previo, informado y libre antes de desarrollar nuevas instalaciones por parte de las comunidades. Minimicen alteraciones y daños ambientales en la mayor medida posible. Exigimos Transparencia en los procesos regulatorios del Sistema Eléctrico Nacional. Apertura al diálogo por parte de las autoridades mexicanas, en específico de la Secretaría de Energía. Respeto por los derechos humanos, la salud y la seguridad de todas y todos los que habitamos en México.