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● De cara a la COP26 México presenta contribuciones nacionalmente determinadas sin mayor ambición, lo que sumado a la extinción del Fondo para el Cambio Climático y la reducción de presupuesto para el tema, muestran su falta de compromiso ante la crisis climática.● México se mantiene en un escenario que nos llevaría a un incremento de más de 3o C, poniendo en riesgo el futuro de niñas, niños y jóvenes.El pasado 12 de diciembre se celebró el quinto aniversario del Acuerdo de París, derivado de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC), en el que se estableció la meta global de estabilizar emisiones de gases de efecto invernadero para evitar un aumento de 2o C e idealmente de 1.5o C en la temperatura planetaria. Para celebrar dicho aniversario, la Presidencia de la COP 26, encabezada por el Reino Unido, llamó a la Cumbre de Ambición Climática para invitar a los países de la Convención a anunciar sus nuevas metas en materia de reducción de emisiones principalmente. Algunos países de América Latina que presentaron nuevas metas fueron Argentina, Colombia, además de la reafirmación de los compromisos presentados por Costa Rica, evento en el que México brilló por su ausencia.Por otra parte, en el contexto nacional, la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático (CICC), se reunió el día de ayer para aprobar la nueva Contribución Nacionalmente Determinada (NDC por sus siglas en inglés) y el Programa Especial de Cambio Climático (PECC), éste último con un año de retraso. Para alarma de organizaciones de la sociedad civil y para la decepción de la comunidad internacional, México NO anunció nuevas metas o metas más ambiciosas, sino que “reafirmó” las metas que estableció hace 5 años, esto es, reducir 22% de gases de efecto invernadero y 51% de carbono negro.Lo anterior, no sólo deja ver la falta de ambición y compromiso que México tiene ante la emergencia climática actual y su responsabilidad como uno de los grandes emisores de gases de efecto invernadero, sino que también constituye un enorme retroceso en materia de cambio climático, ya que se viola el principio de progresividad estipulado en el Acuerdo de París, reconocido también en nuestro marco constitucional, y razón por la cual precisamente se crearon los ciclos de revisión de las NDCs cada 5 años.Todo lo anterior, sin dejar de mencionar la falta de cumplimiento al marco legal existente a nivel nacional en la materia Ley General de Cambio Climático (LGCC)), además de que México estará fuera de la posibilidad de contribuir con la estabilización de 2oC de temperatura y mucho más lejos de los 1.5o C, obligación derivada de la LGCC, que incorpora el contenido del Acuerdo de París ratificado por México.A este contexto se suman acciones como la extinción del Fondo para el Cambio Climático; la reducción en la asignación de presupuesto para el Anexo Transversal en materia de mitigación y adaptación al cambio climático -que para 2021 representa solo el 1.1% del presupuesto total de país, del cual 75.3% se destina a transporte de gas natural, lo que impacta negativamente en el cambio climático-; y el impulso de la política energética basada en fuentes fósiles en detrimento de la transición energética justa, fin al que se dirige 11.6% de los recursos del presupuesto de egresos de la federación del próximo año. En este escenario, México deja de estar en la línea frontal de combate al cambio climático y se convierte en uno de los países con NULA ambición, poniendo en riesgo el cumplimiento de derechos humanos de su población presente y futura. Aunado a ello, nuestro país no ha presentado una propuesta para dar cumplimiento a los laxos compromisos que actualmente tiene, poniendo todo su esfuerzo y recursos en acciones y políticas contrarias a ellos.La situación anteriormente expuesta, confirma la falta de interés del gobierno mexicano en la agenda climática y la falta de responsabilidad ante los impactos que el propio país está viviendo a causa de huracanes como ETA, el cual afectó severamente a regiones aledañas, así como al sur del país y que, paradójicamente, amenaza la propia infraestructura de la Refinería 2 Bocas, proyecto energético prioritario del Presidente Andrés Manuel López Obrador. Esto evidencia la gran vulnerabilidad frente al cambio climático a la que están expuestos el territorio nacional, el medio ambiente, la economía y las personas en México.Con este tipo de acciones, el gobierno de México adquiere una deuda climática histórica con toda su población; particularmente, con la juventud y la niñez de este país, las poblaciones vulnerables y los pueblos indígenas, quienes son los más afectados por los efectos del cambio climático y ante los cuales no ha habido una respuesta oportuna y eficaz.Contactos:● Verónica Olvera, Coordinadora de Comunicación,olvera.casillas.v@gmail.com● Ricardo Ruiz, Área de Comunicación, CEMDA, ricardo_ruiz@cemda.org.mxOrganizaciones firmantesGrupo de Financiamiento Climático para Latinoamérica y el Caribe, GFLAC Centro Mexicano de Derecho Ambiental A.C. CEMDACiudadanos por un Clima Vivible / Citizens’ Climate LobbyGreenpeace México A.C.Fundación para la investigación de la calidad del aire A. C. (Redspira) Cambio de Ruta, A.C.Centro de Energía Renovable y Calidad Ambiental A.C. (CERCA) Iniciativa Climática de México A.C.Asociación Mexicana de Energía Renovable y Medio Ambiente A.C.Representada por el Presidente del Consejo Directivo, Raúl Asís Monforte GonzálezGFLAC, Frente de Organizaciones de Transporte Colectivo y Alternativo A.C. (FOTCA) Alianza Mexicana contra el FrackingFundación TlálocExtinction Rebellion México

Pronunciamiento sobre el Dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos Segunda, respecto de las Iniciativas con Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Protección y Desarrollo Sostenible del Medio Ambiente. La iniciativa de reformas al artículo 4º constitucional denominada Protección y Desarrollo Sostenible del Medio Ambiente presenta serias deficiencias. La primera de ellas es que el desarrollo sostenible involucra diversas variables -social, económica y ambiental-, de tal forma que no se puede hablar de un desarrollo sostenible del medio ambiente. Dicha propuesta de reforma es regresiva en lo que se refiere a garantizar el derecho humano a un medio ambiente sano para el desarrollo y bienestar de las personas, y es contraria a los compromisos del Estado mexicano en materia de progresividad, principio que se desdobla en dos obligaciones: la primera consiste en mejorar continuamente el goce de los derechos humanos y, la segunda, se refiere al deber estatal de abstenerse de tomar medidas deliberadamente regresivas que reduzcan los niveles de protección de los derechos vigentes o supriman los ya existentes, que es lo que subyace a la reforma. Contar con preceptos jurídicos determinados (definidos en ley) brinda seguridad jurídica a los gobernados y evita la discrecionalidad administrativa y judicial. Hoy día hablar de medio ambiente sano, bienestar y desarrollo es hablar de conceptos jurídicos que encuentran respaldo normativo y jurisprudencial, tanto a nivel nacional como internacional; sin embargo, incluir nociones relativas al cuidado del planeta y de todos los sistemas de vida es incorporar conceptos jurídicos indeterminados que, lejos de fortalecer el contenido y alcance del derecho en cuestión da lugar a imprecisiones en la interpretación y alcance del derecho y, por ende, contribuye a la ineficacia en el acceso a la justicia. Recordemos que, en razón de evitar esto, se modificó el mismo artículo 4º que inicialmente reconocía el derecho a un medio ambiente “adecuado”, calificativo que fue cambiado por “sano”, pues este último puede verificarse, mediante el análisis del cumplimiento de una serie de normas oficiales mexicanas que permiten valorar su cumplimiento o no. El precepto actual refiere de manera categórica que es responsabilidad del Estado garantizar el derecho a un medio ambiente sano. Sin embargo, la iniciativa confunde el contenido y alcance jurídico del término “garantía”, con los relativos a conservar, proteger y restaurar, que implican a todas las personas y no sólo al Estado. Si bien, las empresas deben involucrarse en la protección ambiental y de los derechos humanos, no puede perderse de vista la obligación del Estado como garante primero de los derechos, sin que ello nulifique la corresponsabilidad de la sociedad en cuanto a la protección del medio ambiente y los derechos humanos. Por último, el texto vigente expresa claramente que existe una corresponsabilidad social en cuanto a la protección y preservación del medio ambiente; por lo que alude a la responsabilidad y remediación por el daño y deterioro ambiental conforme a la ley en la materia, esto es, la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, lo cual incluye acciones y omisiones que son susceptibles de revisión. Mientras que la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente cuenta con el articulado respectivo a los derechos de acceso a la información y participación, los cuales sí son sujetos de revisión en el marco de la ratificación del Acuerdo de Escazú. En definitiva, se actúa de forma regresiva al proponer esta reforma que, deliberadamente, desdibuja la responsabilidad del Estado mexicano, como primer garante de los derechos humanos; alejándonos del desarrollo sostenible y de la justicia y equidad social, razón por la que llamamos a no aprobar esta modificación del artículo 4° constitucional. FIRMANTES I. Instituciones académicas y organizaciones civiles Observatorio Académico y Seminario Universitario de Sociedad, Medio Ambiente e Instituciones, UNAM Bicitekas, AC CartoCrítica. Investigación, mapas y datos para la sociedad civil Centro de Energía Renovable y Calidad Ambiental Centro Mexicano de Derecho Ambiental Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible FOTCA Fundación Tlaloc Iniciativa Climática de México Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo ITDP Poder Latam Red de Género y Medio Ambiente Redspira, Fundación para la Investigación de la Calidad del Aire, AC Reforestamos México Transita seguro Wildlands Network Programa México II. Personas Adrián Fernández Bremauntz, SUSMAI, UNAM Aleida Azamar Alonso, UAM Alfonso de la Vega, SUSMAI, UNAM Ana María Castro Méndez, Universidad Autónoma del Estado de Morelos Ana María Ramírez Sánchez, Facultad de Derecho, UNAM Ana Rosa Moreno Sánchez, Facultad de Medicina, UNAM Ana Wegier del Instituto de Biología, UNAM Antonio Suárez, Facultad de Arquitectura y SUSMAI, UNAM Alejandra Verónica Zúñiga Ortega, Universidad Veracruzana, Alonso Aguilar, Posgrado y SUSMAI, UNAM Areanna Hernández Jiménez, Universidad Juárez Autónoma de Tabasco Armando Adriano Fabre, Universidad Veracruzana Beatriz Cárdenas González, doctorada en Ingeniería Ambiental Carlos Ruz Saldívar, Universidad Veracruzana César Caballero Novara, México César Villegas Delgado, Universidad de Sevilla Daniel Cerqueira, Due Process of Law Foundation Daniel Roman Rojas, Universidad de Guadalajara Dolores González Casanova, Dirección General de Cooperación e Internacionalización, UNAM Edgar Omar Oláez Preciado, Colectivo Trabajo Por la Tierra e Integrante de la LIMAA Eduardo Viedma Paoli. Universidad Politécnica y Artística del Paraguay Elsa Cristina Roque Fourcade, UAM-A Elvira Medina Alvarado, Universidad de Guadalajara Ena Carnero Arroyo, Universidad Nacional de Trujillo Enoc Alejandro García Rivera, Centro de Investigaciones Sociales, UAT Fernanda Figueroa, Facultad de Ciencias, UNAM Francisco Jalomo Aguirre, Universidad de Guadalajara Francisco Javier Camarena Juárez, Abogado Ambiental, México Fredy Francisco Génez, Universidad Politécnica y Artística del Paraguay Giovanni A. Figueroa Mejía, Universidad Iberoamericana, Ciudad de México Guadalupe Lorena Isidoro Cuevas, Universidad Autónoma Metropolitana – Azcapotzalco Guadalupe Ponce Vélez, Instituto de Ciencias del Mar y Limnología, UNAM Guillermo Estrada, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM Helena Cotler, Centro Geo y SUSMAI Henry Jiménez Guanipa, RICEDH Jazmín Robles Lamas, Universidad de Guadalajara Jorge Peláez Padilla, Universidad Iberoamericana, Ciudad de México Julio César Gómez Labougle, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, UAT Laura Álvarez Tejada, Asociación Jalisciense de Derecho Ambiental, AC

Los países del #G-20 están experimentando los impactos del cambio climático. Entre 1999 y 2018, estos países perdieron alrededor de 220 mil vidas. México entre los impactos más severos (en comparación con otros riesgos).

G20 REDUCE SUS EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO MIENTRAS AUMENTA LA ENERGÍA RENOVABLE EN LA MAYOR PARTE DE SUS ECONOMÍAS: REPORTE INTERNACIONAL