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A todos nos preocupa nuestra salud y la de nuestros seres queridos. Si algo ha dejado claro la pandemia de COVID-19 es que nuestra salud está conectada a la de otros; vivimos en comunidades donde interactuamos con otros humanos y con poblaciones de animales, sean estos domésticos o silvestres. Para cuidar de nuestra salud es importante la salud de nuestra comunidad, que incluye la salud de las personas con las que convivimos y la salud de las poblaciones de animales, los bosques, las selvas y otros ecosistemas. A esta concepción integral de la salud se le conoce como el enfoque de “una salud”. Éste no es un concepto nuevo, pero cada vez es más prioritario impulsar soluciones integrales, sobre todo desde las organizaciones y responsables de las políticas de salud (como la Organización Mundial de la Salud). El concepto de “una salud” ofrece una visión holística, ya que concibe a la salud como un tema un tema que involucra no solo a médicos y profesionales de la salud, sino también a veterinarios, comunicadores, ingenieros en alimentos, productores de ganado, ambientalistas y muchas otras profesiones. Es un tema de todos los habitantes de este planeta. Sí, en las organizaciones ambientalistas también trabajamos con el fin de mejorar la salud humana. Los temas más conocidos en que los ambientalistas han trabajado relacionados con la salud tienen que ver con la calidad del aire o del agua y la reducción de la contaminación y sus impactos. También hay quienes trabajan en temas de salud relacionados a productos que comemos o utilizamos, como pesticidas o productos de limpieza. Pero ¿de qué manera se conecta el trabajo de conservación de la vida silvestre y de ecosistemas como bosques y selvas con la salud humana? Existen enfermedades que se pueden transmitir entre animales y humanos. Por ejemplo, llevamos más de un siglo tratando el problema de la rabia. En años más recientes hemos tenido varios casos de influenza aviar que ha pasado de aves a humanos, la influenza porcina H1N1 pudo haber causado la muerte de hasta 575,400 personas mundialmente en 2009 (según el CDC) y posiblemente el COVID-19 fue transmitido por algún animal de vida silvestre a una población humana. Para reducir las probabilidades de que enfermedades de la vida silvestre se transmitan a animales domésticos o poblaciones humanas es importante mantener distancia entre los animales silvestres y aquellos que utilizamos para nuestro consumo, así como de las poblaciones humanas. La primera línea de defensa ante enfermedades emergentes con origen en la vida silvestre es la conservación de los ecosistemas y su biodiversidad. Los esfuerzos para regular y restringir el comercio de animales silvestres como mascotas para consumo y otros usos, reduce los riesgos a nuestra salud. Las áreas naturales protegidas y otras áreas bien conservadas donde conviven muchas especies también nos protegen. Otra forma en que proteger los ecosistemas naturales contribuye a la salud es el papel que tienen para frenar el cambio climático. Conservar y recuperar nuestros ecosistemas es indispensable y una de las mejores medidas para reducir la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera y evitar el sobrecalentamiento del planeta. El Panel Intergubernamental de Cambio Climático[1] ha reportado que los cambios en los patrones en el clima y otros aspectos del cambio climático impactan la salud de las poblaciones humanas. Entre las condiciones que generan o agravan problemas de salud relacionados al cambio climático están la falta de agua potable, las condiciones insalubres después de inundaciones, el aumento de enfermedades gastrointestinales durante las olas de calor y los problemas respiratorios asociados al humo de los incendios forestales. De forma indirecta, la pérdida de cultivos y ganado por sequías prolongadas y olas de calor puede impactar la nutrición de las poblaciones e incluso fomentar la migración para encontrar mejores medios de vida. Finalmente, otro impacto indirecto viene por los cambios en la distribución de vectores como mosquitos o garrapatas que transmiten enfermedades (por ejemplo, la expansión geográfica de la malaria, la chikungunya o el zika). Para muchos la naturaleza y la vida silvestre parecen algo lejano. Quienes vivimos en grandes ciudades rara vez vemos cómo se degradan día con día los ecosistemas. Puede no ser fácil ver cómo nos afecta directamente y hace falta una visión a largo plazo. Cuando nos falta el agua nos preocupamos por ahorrarla o reportar fugas, pero la solución de fondo está en cuidar y recuperar los ecosistemas -bosques, selvas, manglares, matorrales, praderas naturales- donde se capta el agua de la que dependemos para nuestro consumo y para la producción de nuestros alimentos. Si somos indiferentes a las decisiones sobre cuidar la naturaleza, si no apoyamos iniciativas y políticas para conservar y restaurar bosques, selvas, pastizales, arrecifes, manglares y otros ecosistemas, entonces contribuimos a que nuestro ambiente y nuestra salud sigan deteriorándose con un alto costo para todos y todas, particularmente para las generaciones jóvenes y futuras. Máxima autoridad científica internacional en materia de cambio climático ↑

¿Por qué resulta importante hablar de la COP 26? Porque la emergencia climática que estamos viviendo es sin duda el problema más importante de nuestra generación y uno que comprometerá las posibilidades de un desarrollo con bienestar para las generaciones futuras. El problema del cambio climático NO es sólo un problema ambiental. El cambio climático es el principal obstáculo en nuestro camino de desarrollo social y económico. México debe frenar de inmediato sus emisiones de gases de efecto invernadero. Hoy finalmente se entiende en el mundo que todos los planes de desarrollo e inver- sión que se formulen deben ser totalmente compatibles y congruentes con el cumpli- miento de los objetivos del Acuerdo de París. Al igual que los demás países emer- gentes y desarrollados. México debe frenar de inmediato sus emisiones de gases de efecto inverna- dero, alcanzar un pico de emisiones en esta década e iniciar una descarbonización acelerada en todos los sectores relevantes como el transporte y la generación de electricidad, así como detener por completo la deforestación. Hoy no lo está haciendo. Por su importancia, el combate al cam- bio climático es una prioridad directa- mente atendida por los jefes de Estado de las principales economías del mundo. En México, la Presidencia de la República debe entender que es su tarea coordinar un esfuerzo transversal y multisectorial sin precedente para contribuir a la solución de este problema global: con la parte que nos toca, que podemos y que nos conviene para generar nuevos empleos y prosperidad. Conoce la serie de documentos que Iniciativa Climática de México ha creado acerca de la COP26, aquí

Lilián Sánchez Flores “Si supiera que el mundo se acaba mañana, yo todavía hoy plantaría un árbol.” -Martin Luther King ¿Te gusta visitar el bosque, observar su flora y fauna, pasear bajo la sombra de sus árboles? México es privilegiado pues una tercera parte de su territorio está cubierta por bosques y selvas.[1] Estos ecosistemas brindan invaluables beneficios y funciones, como la prevención de inundaciones, la generación de oxígeno o la captura de agua y carbono. Protegerlos y preservarlos implica hacer frente a la deforestación, que puede definirse como “la pérdida de la vegetación forestal por causas inducidas o naturales”.[2] En México, las prácticas de deforestación inducida iniciaron en el periodo prehispánico. Posteriormente, durante el Virreinato, el desarrollo de la minería, la agricultura y la ganadería propició la tala de importantes extensiones de bosque. Más tarde, el Porfiriato aceleró la deforestación debido a la gran expansión de plantaciones (ej. henequén, caña de azúcar, café), la creación de sistemas ferrocarrileros y el crecimiento de centros urbanos. El siglo XX trajo consigo políticas para la conservación de bosques: se designaron Áreas Naturales Protegidas, Reservas Nacionales Forestales y se impulsaron programas de restauración y manejo forestal. Pero estos esfuerzos fueron insuficientes para contrarrestar los sistemas productivistas enfocados en la explotación del bosque y el uso del suelo para actividades de mayor valor económico. Actualmente, la tasa de deforestación bruta en México ronda las 212 mil hectáreas anuales, lo equivalente a 2.5 veces el área de la ciudad de Nueva York. Esto impacta de diferentes maneras, vivamos o no cerca de un bosque. Al talar extensiones de bosque se pierden sus capacidades para absorber carbono y regular el clima, lo que nos vuelve más vulnerables al cambio climático. La deforestación también impacta la disponibilidad y calidad del agua, porque los bosques filtran la lluvia y permiten que ésta llegue más limpia a los mantos acuíferos que nos proveen agua potable. Sin bosques también aumentan las inundaciones, porque estos actúan como barreras naturales al paso de grandes cantidades de agua. Por ejemplo, las graves inundaciones de Tabasco en 2020 ocurrieron, en parte, por la deforestación de la cuenca del Grijalva-Usumacinta. La Comisión Nacional Forestal identifica las siguientes amenazas que requieren soluciones para prevenir, regular y frenar la deforestación: Incremento de la frontera agrícola y ganadera Tala ilegal e incendios forestales Plagas y enfermedades de los árboles Expansión de áreas urbanas e industriales La existencia de estas amenazas confirma una necesidad: es indispensable un cuidado activo de los bosques. En México el 60% de los bosques y selvas pertenecen a campesinos o personas indígenas bajo las figuras legales del ejido y la comunidad.[3] Son estas personas quienes se encuentran en contacto directo con los bosques, por tanto, conocer sus necesidades es prioritario para que los esfuerzos de protección y manejo forestal sean realmente efectivos. La mayoría de estas personas requieren un ingreso digno para cubrir sus necesidades básicas (alimento, ropa, acceso a servicios) y dignificar el trabajo que realizan, es decir, cuidar los bosques requiere de financiamiento, dinero. Tradicionalmente autoridades gubernamentales como la CONAFOR o la SEMARNAT han ejercido el rol de administradoras de programas forestales. Sin embargo, el presupuesto disponible para implementarlos ha disminuido (entre 2015 y 2021 el presupuesto designado a instituciones ambientales federales se redujo aproximadamente un 65%) y depende de la visión o prioridades que asigna el gobierno en turno. Pero ¿debería la protección forestal depender únicamente del presupuesto gubernamental? ¿Qué pasa si un gobierno decide que no es prioritario proteger los bosques? En un siguiente blog exploraré el programa de Pago por Servicios Ambientales para la protección forestal y una alternativa para la obtención de financiamiento. A México aún le queda un arsenal importante de bosques por conservar y proteger. Al cuidarlos también cuidamos nuestra salud y aumenta nuestra resiliencia al cambio climático. Por ello es indispensable implementar más y mejores soluciones que pongan fin a la deforestación. Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, Estudio de tendencias y perspectivas del sector forestal en América Latina al año 2020: Informe Nacional México, disponible en: http://www.fao.org/3/j2215s/j2215s00.htm#TopOfPage ↑ Definición establecida por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) ↑ Lucía Madrid, et. al. “La propiedad social forestal en México”, en Investigación Ambiental, Vol. 1, Núm. 2, pp. 179-196. ↑

5 DE FEBRERO, 2021 Por Mariana Gutiérrez Grados Revisión de estilo Mónica Valtierra El panorama político del segundo país más contaminante del mundo, responsable de 13% de las emisiones globales[1] está cambiando. El nuevo gobierno de los Estados Unidos (EE.UU.) tiene la posibilidad de incrementar la ambición del mundo para hacer frente al cambio climático. La ambiciosa meta de EE.UU. de alcanzar cero emisiones netas al 2050 anunciada por Joe Biden desde antes de ser electo presidente[2], amplió las posibilidades de una nueva dinámica global y en la relación bilateral con México. Por otro lado, la administración López Obrador ha intentado en diversas ocasiones modificar el sistema eléctrico nacional para suspender y reviertir proyectos de inversión en energías limpias y renovables[3], ha desmantelado instituciones ambientales[4] y promueve megaproyectos de infraestructura sin evaluaciones de impacto social ni ambiental[5]. En este artículo se hace un recuento de algunos de los retos ambientales y climáticos que podrían delinear el vínculo diplomático y comercial entre ambos países durante los próximos meses, en relación a la agenda ambiental de las partes. En 2016, la llegada de Donald Trump a la presidencia implicó un revés en la agenda climática estadounidense y la trayectoria en la trayectoria de liderazgo mostrada por la administración de Obama[6] frente a la comunidad internacional. Bajo la visión “America First”, el desdén por el conocimiento científico y negación al cambio climático; a pocos meses de haber iniciado su mandato, Trump anunció la salida de EE.UU. del Acuerdo de París, el pacto global para combatir la crisis climática más importante actualmente. Con el argumento de no afectar a los negocios y empresarios estadounidenses, la administración del expresidente Trump, debilitó las instituciones ambientales y revocó más de 100 disposiciones ambientales, hizo a un lado los criterios de cambio climático en las decisiones de infraestructura y planeación energética, flexibilizó los lineamientos entorno a la disposición de residuos tóxicos, la gestión de humedales y de los recursos hídricos, entre muchas otras medidas[7]. La llegada de la pandemia por COVID-19 y sus efectos en el aumento de la desigualdad social y económica entre países[8], posicionó al multilateralismo, la solidaridad internacional y la atención de retos que trascienden los límites políticos-administrativos, como el cambio climático, al centro del debate público internacional. La inacción política para hacer frente a los efectos económicos del COVID-19, el proteccionismo, la generación de conflictos y la centralidad política del populismo que caracterizó el mandato del expresidente Trump, contrastó con la propuesta del candidato del partido demócrata encabezado por Joe Biden; motivando el cambio en el balance de poder a favor de los demócratas. A un mes del inicio de la administración de Joe Biden y la vicepresidenta Kamala Harris en EE.UU., la agenda climática ha sido posicionada como pilar de la seguridad nacional y se han dado pasos claros para combatir al cambio climático con la enmienda de retrocesos de la política climática doméstica, entre ellos: el reingreso de Estados Unidos al Acuerdo de París, la cancelación del controvertido gasoducto Keystone XL[9] y la convocatoria del presidente Biden a una cumbre climática de líderes para el próximo 22 de abril en donde se dará a conocer el nuevo Compromiso Nacionalmente Determinado de EE.UU.[10]. Sin embargo, aún en medio de la pandemia global, el nuevo gabinete enfrenta la enorme tarea de unificar un país polarizado y revertir el desmantelamiento institucional heredado de la administración anterior. En México, las elecciones presidenciales de 2018 dieron un giro en el régimen político. La llegada de Andrés Manuel López Obrador – con la primacía de “no dejar a nadie atrás, no dejar a nadie afuera”[11], significó para muchas personas, una posibilidad para atender los sectores sociales más pobres y reorientar los esfuerzos gubernamentales para garantizar el bienestar social. Sin embargo, las acciones del gobierno mexicano colocan este ideal lejos de la realidad ante los numerosos y repetidos intentos de imponer bloqueos regulatorios al sistema eléctrico nacional que suspendan y reviertan planes y proyectos de inversión en energías limpias y renovables[12], el desmantelamiento de las instituciones ambientales[13] y la puesta en marcha de megaproyectos de infraestructura sin evaluaciones de impacto social ni ambiental[14]. Los bloqueos regulatorios podrían significar, para México -cuyo PIB se contrajo 8% al cierre del 2020[15], una pérdida aproximada de $20 mil millones de dólares[16] tan sólo en indemnizaciones por la infraestructura contratada. Cabe destacar también que, contrario al Acuerdo de París y el marco legal en materia de cambio climático y energía mexicano, la administración que encabeza López Obrador, prioriza una política basada en los combustibles fósiles[17], mientras paraliza inversiones y proyectos de energía renovable. Por el contrario, otros países del G20, se movilizan aceleradamente a impulsar y promover la permanencia de las energías limpias y renovables y, transitan hacia una economía de cero emisiones netas de carbono[18]. Desde 2019, México es el segundo país del G20 que más subsidios destina a los combustibles fósiles, asignando 17 billones de dólares en subsidios a los fósiles como petróleo y gas[19]. Cabe señalar que la mayor parte de lo que se destina a petróleo se dirige a PEMEX, una las empresas más contaminantes del mundo[20]. Mientras se continúa con la inercia de derrochar el dinero en una tecnología altamente contaminante y ahora, bajo el argumento de reducir gastos gubernamentales, AMLO sugiere desaparecer órganos autónomos que representan el 2% del gasto del presupuesto público[21]. En particular preocupa la desaparición del órgano garante de acceso a la información, la transparencia y la rendición de cuentas tales como el Instituto Nacional de Transparencia (INAI). En este contexto, las relaciones de México con sus socios comerciales pueden detonar roces con las decisiones recientes del gobierno actual derivado de los acuerdos señalados en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) en materia laboral, derechos humanos y energía, así como, lo dispuesto en Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (TIPAT) y la extensa red de Tratados de Libre Comercio de México. De seguir con una política preferente a actividades económicas y energéticas que incrementarían considerablemente las emisiones de gases