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El proceso de como las juventudes aportan a las cumbres climáticas globales Hace unos años tuve la fortuna de participar en la COY14 en Córdoba Argentina, recordando lo provechoso y nutritivo que fue aquel evento, ahora en el 2023 fui parte de la LCOY en la ciudad de México, llevado a cabo los días 22, 23 y 24 de agosto, organizado por las organizaciones juveniles, Reacciona  A.C. Legaya y Soema. La LCOY o Local Conference of Youth, es una cumbre climática bajo YOUNGO, la afiliación juvenil oficial de la UNFCCC. Esta cumbre busca propiciar un espacio para educar, empoderar y articular a la juventud, con el fin de poder aportar a las conferencias internacionales en materia de cambio climático. Es una versión nacional de la RCOY, la conferencia regional, que este caso es de Latinoamérica y el Caribe; para luego culminar en la COY (Conference of Youth), evento juvenil previo a la conferencia de las partes, la COP

Mensaje de las organizaciones agrupadas bajo la iniciativa Combustibles Prohibidos Al igual que el Planeta, México se encuentra en un momento crítico frente a los desafíos ambientales que definirán el presente y futuro que dejaremos a las próximas generaciones. La emergencia climática requiere tomar acciones urgentes e inmediatas para frenar el calentamiento global, contribuir al bienestar de las personas y garantizar el goce efectivo de los derechos humanos. Nuestro país necesita combatir la pobreza energética, satisfaciendo las necesidades de acceso a la energía de toda su población, con una visión de justicia, equidad, perspectiva de género y respeto a los derechos humanos. Para lograr lo anterior, proponemos impulsar, con el apoyo de las comunidades locales y las organizaciones de la sociedad civil, una ruta de TRANSICIÓN ENERGÉTICA JUSTA E INCLUYENTE. En esta ruta, los combustibles fósiles deben quedar fuera del futuro energético de México, empezando por el carbón y el combustóleo, que en el corto plazo deben considerarse combustibles prohibidos por ser altamente contaminantes del aire, del agua, suelo y océanos, afectar gravemente la salud de las personas y generar emisiones que contribuyen a agravar la crisis climática planetaria. La ruta de transición energética que proponemos incluye: Dejar de utilizar combustibles fósiles, empezando por el carbón y el combustóleo, para la generación de energía eléctrica. El orden de despacho de las centrales eléctricas deberá tomar en cuenta como prioridad criterios de justicia climática, sustentabilidad, emisiones, resiliencia, seguridad y confiabilidad. Las centrales de generación eléctrica con carbón y combustóleo pasarán al final del orden de despacho. Se deberá establecer un programa de retiro y sustitución de centrales altamente contaminantes antes del 2030, enfocado principalmente en las centrales termoeléctricas que utilizan combustóleo y carbón. Promover una transición energética justa. Ello significa definir de manera participativa una ruta lejos de los combustibles fósiles, que sea socialmente incluyente, con perspectiva de género, que atienda los impactos en las generaciones actuales y futuras, incorpore las necesidades de comunidades locales y garantice el respeto de los derechos humanos. Resulta imprescindible generar espacios de diálogo para desarrollar de forma colectiva programas sociales que detonen desarrollo local sustentable y diversifiquen la economía en comunidades donde se aplique el programa de retiro del carbón. Construir un sistema energético incluyente. Para lograr ese objetivo se requiere integrar las visiones y necesidades de todas y todos, así como asegurar la participación amplia, significativa y con representación efectiva de todos los sectores en los procesos de toma de decisión en el sector energético. Garantizar energía sustentable para todas y todos. Se deberán promover alternativas sustentables, descentralizadas y locales que permitan democratizar las tecnologías, garantizando el acceso, generar autosuficiencia energética, resiliencia climática e incentivar el bienestar entendiendo las necesidades y contextos locales. Eliminar las emisiones contaminantes. Para garantizar los derechos humanos a la salud y a un medio ambiente sano, se requiere contar con aire, agua y suelo saludables. Ello implica avanzar hacia la descarbonización de la economía y dejar de emitir a la atmósfera Gases de Efecto Invernadero y partículas contaminantes, así como dejar de arrojar a nuestros cuerpos de agua descargas industriales, residuos peligrosos y derrames contaminantes de hidrocarburos. Distribuir con justicia los costos y los beneficios de la transición energética. Se pondrá énfasis en maximizar los beneficios locales sociales, económicos y ambientales y asegurar su distribución equitativa, entre sectores y entre las generaciones del presente y el futuro, de tal manera que se actúe con una mirada de justicia climática. Reducir la pobreza energética. Para alcanzar esta meta es necesario garantizar el acceso a la energía eléctrica de manera equitativa, asequible, segura y sustentable para todas las personas, principalmente para los grupos y personas históricamente excluidos. Este objetivo implica construir un marco regulatorio que incentive la implementación de proyectos de energía colectiva y comunitaria en espacios urbanos y rurales. Redirigir el gasto público destinado actualmente a combustibles fósiles. Urge reducir subsidios y presupuesto a proyectos de combustibles fósiles y canalizarlos a la transición energética como se describe en los puntos anteriores, así como a programas de adaptación y mitigación del cambio climático. Aprovechemos la oportunidad de construir colectivamente una política energética transparente, justa, incluyente, que garantice la protección de los derechos humanos y que sea sustentable, que optimice los beneficios sociales, económicos, ambientales y climáticos para el país y todas y todos sus habitantes. CONOCE DE DÓNDE VIENE TU ENERGÍA DIFUNDE ESTA INFORMACIÓN #combustiblesprohibidos #descubreelorigendetuenergía Datos de contacto: Ricardo Ruiz ricardo_ruiz@cemda.org.mx Jorge Villarreal jorge.villarreal@iniciativaclimatica.org

Por Lilián Sánchez Flores ¿Recuerdas mi blog anterior? En él afirmaba que para lograr la protección de los bosques mexicanos se requiere un cuidado activo, manejo comunitario sustentable del territorio y financiamiento para que cuidadoras y cuidadores de estos ecosistemas reciban un salario justo por su trabajo. A su vez es importante reducir la demanda de productos que incentivan la deforestación. Históricamente, el financiamiento para el cuidado de los bosques proviene del presupuesto gubernamental. La Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) otorga apoyos económicos a cuidadoras y cuidadores forestales a través de diferentes mecanismos. El programa “Apoyos para el Desarrollo Forestal Sustentable” distribuye financiamiento bajo distintos esquemas, siendo el Pago por Servicios Ambientales (PSA) el más común y el que más presupuesto recibe. Los esquemas de PSA parten de la idea de que la naturaleza, a través de sus múltiples funciones, brinda “servicios” al ser humano, los cuales tradicionalmente quedan fuera de la ecuación económica. En 2003 el Congreso aprobó reformas a la Ley Federal de Derechos con las cuales la CONAFOR obtuvo un presupuesto de 192 millones de pesos (que en 2004 ascendió a 300 millones) para el PSA.[4] La idea original de los PSA incluía promover el acceso a mercados nacionales e internacionales relacionados con la captura de carbono y la conservación de la biodiversidad de los ecosistemas forestales.[5] Esto permitiría la sostenibilidad en el tiempo de los esfuerzos de restauración, protección y conservación forestal. Sin embargo, el PSA ha enfrentado distintas barreras, y se ha convertido principalmente en un programa de asistencia social y no de transición hacia otros mecanismos financieros de largo plazo. ¿Por qué es peligroso depender sólo del presupuesto gubernamental para la protección forestal? Cuando un proyecto de nación no prioriza el cuidado del territorio forestal o cuando se atraviesa una crisis presupuestal, los recortes económicos impactan directamente en los programas gubernamentales e, históricamente, aún más los de corte ambiental. Tan sólo entre 2019 y 2020 el presupuesto federal destinado al PSA pasó de 1,021 millones de pesos a 556 millones de pesos, es decir, una reducción del 45.5%.[6] Los proyectos forestales de carbono, que ponen a la venta créditos de reducción de emisiones, son una alternativa para garantizar la permanencia de esfuerzos de conservación o restauración de bosques. En combinación con actividades como la agroforestería y la certificación de productos forestales es posible lograr que las comunidades adquieran ingresos dignos por su importante labor de protección y cuidado forestal. Sin embargo, es preciso que estos esquemas aseguren que las comunidades sigan siendo las dueñas de los territorios en los que habitan. México cuenta con experiencia para la implementación de estos proyectos, con resultados exitosos cuando se consideran las salvaguardas ambientales y sociales. Para lograrlo ha sido importante el uso de estándares robustos[7] que aseguran su cumplimiento. Ejemplo de estas experiencias es el proyecto Scolel’te, de la cooperativa AMBIO, desarrollado bajo el estándar internacional Plan Vivo y que cubre 9 mil hectáreas forestales e incorpora a 90 comunidades en Chiapas. Otro ejemplo es el de los proyectos de la Integradora de Comunidades Indígenas y Campesinas en Oaxaca (ICICO), que ha logrado la venta de más de 230 mil créditos de carbono con apoyo de protocolos de la Reserva de Acción Climática.[8] También existen proyectos forestales que utilizan otros estándares confiables como Verified Carbon Standard de Verra o Gold Standard. En los próximos años se espera que surjan más iniciativas de este tipo. Los proyectos forestales de carbono no están exentos de retos (barreras legales, tenencia de la tierra, monitoreo, capital inicial, etc.). Pese a estas barreras pueden ser parte de la solución para el gran reto de la protección forestal. Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, Estudio de tendencias y perspectivas del sector forestal en América Latina al año 2020: Informe Nacional México, disponible en: http://www.fao.org/3/j2215s/j2215s00.htm#TopOfPage ↑ Definición establecida por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) ↑ Lucía Madrid, et. al. “La propiedad social forestal en México”, en Investigación Ambiental, Vol. 1, Núm. 2, pp. 179-196. ↑ Este esquema tuvo como antecedentes experiencias locales en Veracruz (en la zona montañosa de Coatepec) y la Ciudad de México (con el programa “peso por árbol”). ↑ Gustavo A. Del Ángel-Mobarak (cood.), La Comisión Nacional Forestal en la historia y el futuro de la política forestal de México, Ciudad de México: Centro de Investigación y Docencia Económica-Comisión Nacional Forestal, 2012, p. 148. ↑ Lucía Madrid y Karol Hernández, “¿Hacia dónde van los apoyos al sector forestal en la nueva administración?”, Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible, 2021, disponible en: https://www.ccmss.org.mx/wp-content/uploads/2021_02_SubsidiosForestales.pdf, p. 7 (consulta: 20 de junio de 2021). ↑ Un estándar robusto para proyectos de carbono forestal establece metodologías para la cuantificación de remociones de CO2, su certificación y maximización del impacto positivo de reducción de carbono, sumado a esfuerzos de conservación, biodiversidad, mejora social, entre otros. ↑ Para una discusión más amplia de estos dos proyectos puede consultarse Benjamín Rontard, et. al., “Pagos por captura de carbono en el mercado voluntario en México: diversidad y complejidad de su aplicación en Chiapas y Oaxaca”, en Sociedad y Ambiente, 2020, núm. 22, pp. 212-236. ↑

Por José Morales  Recuerdo la primera ocasión que escuché el concepto de «tragedia de los comunes» dentro de la obra de Elinor Ostrom. Al igual que a varias personas en aquel caluroso salón a las afueras de Mérida, me pareció de lo más adecuado para describir lo que sucede a lo de uso «común». El consenso, al menos entre economistas, es que aquellos recursos de uso colectivo inevitablemente terminarán en sobreexplotación, hasta consumirse por completo. Rememoro este concepto al leer la meta nacional de Deforestación Neta Cero y a ocho años del 2030 —año parteaguas para las metas de cambio climático—. ¿De quién depende y a quién le corresponde la conservación de los bosques?, ¿qué se necesita para llegar ahí? Este texto dista de responder las preguntas, pero sí pretende no retirar el dedo del renglón y hacer un breve «corte de caja» en el cumplimiento de esta meta. Desde la firma del Acuerdo de París, México publicó sus compromisos de adaptación y mitigación al cambio climático, entre estos, se redactó la meta de Deforestación Neta Cero, que es el resultado entre pérdidas y ganancias de tierras forestales. No implica detener la deforestación, sino que ésta no sea mayor que las hectáreas que se restablecen de manera natural —ganancia— o los permisos otorgados de cambio de uso de suelo —alrededor de 12 mil hectáreas por año—. La plataforma en línea Global Forest Watch publicó el reporte de pérdida de cobertura arbórea a nivel global en el 2020, donde México ocupó el lugar número 10, con 237.4 mil hectáreas. Esta pérdida representa emisiones equivalentes a las de 10.7 millones de vehículos, algo así como el parque vehicular de Ciudad de México, Jalisco y Oaxaca juntos. Para llegar a la meta de Deforestación Neta Cero, en el 2030, México tendría que comprometerse a reducir la deforestación bruta anual de 15.5 mil hectáreas a partir del 2021, una superficie similar a 21,708 veces la cancha del estadio Azteca. ¿Quiénes son responsables de lograrlo? La constitución no deja margen a dudas: la Nación. Aunque se ha transmitido el dominio de las tierras a particulares o sociedades, el aprovechamiento de los recursos naturales es a través de concesiones otorgadas por la Federación con objeto de hacer una distribución equitativa, cuidar de su conservación, lograr el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de vida. Sin embargo, el presupuesto del sector ambiental y en particular la institución obligada a desarrollar, favorecer e impulsar las actividades productivas, de conservación y restauración en materia forestal —léase Comisión Nacional Forestal— ha disminuido su presupuesto en 30% desde el 2018. Esto se traduce en menores capacidades del Estado para promover acciones encaminadas al desarrollo rural sustentable, la conservación de ecosistemas o la  protección y vigilancia de los recursos naturales. Esta administración le está apostando más —literalmente 9.5 veces más presupuesto— a los programas sociales en las zonas rurales de México, en un intento de impulsar la agricultura campesina —en aras de modelos menos intensivos—, que a fortalecer las instituciones en materia forestal.  Las zonas con mayor cobertura forestal en el país se encuentran en aquellas con altos índices de pobreza y marginación, mayormente en propiedades de uso común. ¿Por qué esto me recuerda a la «tragedia de los comunes»? Porque Elinor Ostrom establece que no existe nadie mejor para gestionar sosteniblemente un recurso que las partes involucradas, sean éstas de carácter social o privado. No obstante, para que esto ocurra hay condiciones: a) disponer de los medios e incentivos para hacerlo, b) mecanismos de comunicación efectivos, y) reparto equitativo de los costos y beneficios. Estas condiciones dependen de instituciones ambientales y forestales sólidas, capaces de mediar y encontrar soluciones ante la disyuntiva entre la conservación y el desarrollo. Ante el actual panorama, me pregunto ¿lograremos la deforestación neta cero para el 2030?