El océano sostiene la vida frente al cambio climático
Noticias El océano sostiene la vida frente al cambio climático Omar García Castañeda, colaborador de Iniciativa Climática de México (ICM), especialista en modelación y estudio de sistemas socio-ecológicos. Cada año, cuando el verano se acerca y el calor se intensifica, una idea aparece en la mente: vacaciones. Gran parte de las personas imagina un descanso junto al mar. Así, playas, arrecifes y manglares se convierten en escenarios de recreación y contacto con la naturaleza, donde se prueban los sabores del mar o simplemente se contempla un atardecer. En efecto, los destinos marino-costeros tienen una relevante participación en el sector del turismo que representó cerca del 9 % del Producto Interno Bruto (PIB) nacional en el 2024 y 2025. Por otro lado, en otras temporadas vacacionales el océano suele llegar a la mesa de los mexicanos: el consumo de pescados y mariscos aumenta hasta un 70% durante Cuaresma y Semana Santa. Tan solo la pesquería del camarón genera más de 37 mil empleos y aporta más de 100 mil toneladas al sector agroalimentario, de los cuales, hasta 60% se destina a exportación, principalmente hacia Estados Unidos. Sin embargo, muchos de los ecosistemas y procesos naturales que posibilitan la recreación y el alimento están afectados por el cambio climático. Estudios indican que la mayoría asociamos este fenómeno con calor extremo, sequías, inundaciones, tormentas o incendios, pero rara vez pensamos en el océano aun cuando es de suma importancia frente al cambio climático. Las aguas marinas tienen la capacidad de absorber cerca del 90 % del exceso de calor generado por el calentamiento global y capturan aproximadamente una cuarta parte del dióxido de carbono (CO₂) que emitimos por actividades humanas, como la quema de combustibles fósiles. Lo más interesante es que gran parte de este proceso depende de organismos marinos que casi nunca vemos. El fitoplancton —microorganismos microscópicos que viven suspendidos en el océano— realizan fotosíntesis de manera similar a las plantas terrestres. Al encontrarse en enormes cantidades y absorber CO₂ de la atmósfera, el fitoplancton produce cerca de la mitad del oxígeno del planeta. La gran barrera protectora está amenazada El océano también funciona como una barrera natural frente a fenómenos extremos. Ecosistemas costeros como manglares, arrecifes coralinos y pastos marinos ayudan a proteger las costas contra huracanes, erosión e inundaciones. Los arrecifes coralinos, por ejemplo, pueden reducir hasta 97 % de la fuerza del oleaje antes de que este llegue a la costa. Los manglares ayudan a disminuir inundaciones y protegen a millones de personas alrededor del mundo frente a tormentas tropicales. Pero estos ecosistemas no sólo protegen territorios; también sostienen gran parte de la vida marina. Funcionan como zonas de crianza, refugio y alimentación para numerosas especies de importancia pesquera como: camarones, pargos, meros, roncos e, incluso, algunas especies de atún pasan sus primeras etapas de vida en estos ambientes antes de desplazarse hacia el mar abierto. De hecho, se encontrado que la biomasa de ciertas especies de importancia pesquera puede ser más del doble cuando los arrecifes coralinos están conectados con manglares. El aumento de la temperatura del océano está alterando rutas migratorias y desplazando especies hacia zonas más frías cercanas a los polos o a mayores profundidades. En algunos casos, los eventos extremos de calentamiento marino han provocado mortandad masiva de organismos. Tal es el caso de los eventos de blanqueamiento coralino, esto sucede cuando el calor estresa a los corales y estos expulsan las microalgas que viven dentro de ellos y les proporcionan energía. Si el calentamiento continúa, el coral puede morir, provocando la pérdida de refugio y alimento para especies marinas, así como una menor protección natural frente al oleaje, tormentas e inundaciones costeras. Ahora sabemos que con un calentamiento global de 1.5 °C, podría perderse entre 70 y 90 % de los arrecifes de coral del planeta; y con 2 °C, más del 99 % estaría en riesgo de desaparecer funcionalmente. NDC 3.0, central para proteger los océanos Como respuesta a los impactos del cambio climático, surgieron las Contribuciones Determinadas a nivel Nacional (NDC, por sus siglas en inglés), donde cada país detalla sus esfuerzos previstos para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, adaptarse a los impactos climáticos y contribuir a los objetivos climáticos globales. En el caso de México, la NDC 3.0, presentada en noviembre pasado, destaca la conservación y restauración de ecosistemas de carbono azul, enfocado en conservar manglares y pastos marinos; la adaptación costera basada en ecosistemas. Una estrategia que tiene el potencial de ayudar a las comunidades a enfrentar los impactos del cambio climático. Asimismo, la NDC 3.0 contempla el fortalecimiento de pesquerías y acuacultura resilientes al clima (ajuste de volúmenes de pesca, temporadas de pesca, etc.), fundamentales para la seguridad alimentaria y los medios de vida costeros. Además, suma el desarrollo de una economía azul sostenible que combine conservación, turismo responsable y reducción de emisiones en actividades marítimas. El océano está mucho más presente en nuestra vida de lo que solemos imaginar. Más allá de ser un espacio de descanso, recreación o alimento, el océano representa uno de los sistemas naturales más importantes para sostener la estabilidad climática y social del planeta. Si el océano pierde su capacidad de responder frente al cambio climático, también se debilita la capacidad humana para enfrentar sus impactos. Cuidarlo es mirar hacia el mar y decidir preservar el pulso de vida que habita en él para el futuro. Texto publicado el 18 de junio en Forbes, en: https://forbes.com.mx/el-oceano-sostiene-la-vida-frente-al-cambio-climatico/ Facebook Twitter LinkedIn
Los nuevos compromisos climáticos impulsan la electrificación del transporte y el fortalecimiento de la infraestructura pública
Noticias Los nuevos compromisos climáticos impulsan la electrificación del transporte y el fortalecimiento de la infraestructura pública Emilio Romero, coordinador de electromovilidad en ICM Emilia Amezcua, investigadora en temas de movilidad y calidad del aire en ICM México no es un actor silencioso en la crisis climática: se encuentra entre los diez países que más gases de efecto invernadero emiten en el ámbito global. Una parte significativa de esa huella tiene ruedas y motor: alrededor del 23% de las emisiones de CO₂ en el país provienen del transporte. Esto significa que la manera en que nos movemos, y la manera en la que regulamos la movilidad importa para la crisis climática. En ese contexto, se debe reconocer que los más recientes compromisos climáticos de México privilegien un conjunto de acciones orientadas a transformar el sector transporte en el país a fin de fomentar una movilidad más limpia, segura e integrada Las nuevas Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC por sus siglas en inglés) incluyen la transición hacia tecnologías de cero emisiones (entre ellos, el impulso a vehículos eléctricos), fomento al cambio modal hacia maneras de movilidad sostenible y el desarrollo de nueva infraestructura con proyectos de transporte masivo e infraestructura peatonal y ciclista. Esto es un elemento especialmente relevante en contextos urbanos donde estas formas de ejercer la movilidad ya desempeñan un papel significativo. En la Ciudad de México más del 60% de viajes suceden en transporte público y más de 456,000 viajes diarios son en bicicleta. Los nuevos compromisos introducen un componente orientado a mejorar las condiciones del transporte público mediante infraestructura adecuada, como carriles exclusivos, paradas y estaciones dignas. En paralelo, se propone la electrificación del transporte público masivo e integrado. Estas medidas buscan incrementar la eficiencia operativa del transporte y a la vez mejorar la experiencia cotidiana de millones de personas usuarias que dependen de él. Este énfasis resulta particularmente importante ante el rezago estructural del sistema: la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) ha documentado que la edad promedio de los autobuses urbanos es de 15 años, por encima del límite recomendado para mantener la seguridad y la eficiencia. De igual manera, al cierre de 2023, la flota de autobuses con placas federales alcanzaba una vida útil promedio de 19.3 años, y la propia SICT estima que 41 % de la flota nacional de autobuses, camiones y tractocamiones requiere renovación. En este sentido, la mejora de la infraestructura del transporte público adquiere un carácter operativo y de justicia urbana. Por otra parte, la incorporación de un compromiso con el fortalecimiento del sistema ferroviario nacional es uno de los elementos más relevantes de las NDC. La implementación del Programa Nacional Ferroviario, junto con la construcción de infraestructura sustentada en energías limpias, apunta a un regreso del transporte regional que podría reducir significativamente la huella ambiental de la movilidad. La ampliación de corredores ferroviarios para pasajeros (como Ciudad de México–Nuevo Laredo, Ciudad de México–Nogales y Ciudad de México–Pachuca) busca mejorar la conectividad entre regiones, mientras que el impulso al transporte ferroviario de carga pretende aumentar la cobertura y la eficiencia del Sistema Ferroviario Nacional. Cabe destacar también que, en noviembre pasado, durante la COP30, México se comprometió acelerar la adopción de camiones y autobuses de cero emisiones, con la meta de alcanzar el 100 % de ventas de vehículos nuevos de este tipo para 2040. Con esta decisión, el país se sumó a un ambicioso acuerdo global que suma a más de 40 gobiernos a través del Memorando de Entendimiento Global sobre Vehículos Medianos y Pesados de Cero Emisiones, el cual establece un objetivo intermedio de al menos 30 % de ventas para 2030. Este compromiso representa un paso importante hacia la descarbonización del transporte de carga y del transporte público pesado, sectores que actualmente concentran una proporción elevada de las emisiones del sistema de transporte nacio Las ventanas de oportunidad En este contexto, y con la finalidad de implementar los cambios y propuestas de las nuevas NDC, existen dos ventanas de oportunidad política clave para impulsar la transición hacia vehículos de cero emisiones en el sector transporte. La primera es la actualización de la norma de eficiencia energética para vehículos ligeros, o la NOM-163-SEMARNAT-SCFI-2023. Esta norma regula las emisiones de CO2 del escape de vehículos ligeros nuevos de hasta 857 kg, establece límites anuales de gCO2/km que debe cumplir cada fabricante de vehículos y ofrece un sistema de créditos por la introducción de ciertos tipos de tecnologías al mercado. Sin embargo, la versión actual de la NOM (fase 2 2025-2027) no es suficiente para lograr las metas climáticas ni de electrificación de vehículos ligeros del país, las flexibilidades contempladas en dicha norma podrían disminuir su efectividad hasta en un 30% en las reducciones de emisiones proyectadas para 2030. Para alcanzar las metas climáticas para el sector transporte, se debe apuntar a una actualización para la NOM 163 más estricta que amplíe el horizonte temporal de aplicación hacia 2030 y 2035, así como reducir flexibilidades y créditos sobredimensionados para fabricantes de vehículos. Una meta ambiciosa e ideal para la NOM-163 sería buscar disminuir las emisiones de la flota de nuevos vehículos ligeros entre un 50% y 70%. Una segunda ventana de oportunidad para impulsar la transición hacia un transporte limpio es la publicación de la Estrategia Nacional de Movilidad Eléctrica (ENME). Este documento establece metas para las ventas de nuevos vehículos eléctricos de todo tipo hacia 2030 y 2050. De igual forma establece líneas de acción para expandir la infraestructura de carga pública en las principales ciudades y corredores carreteros del país y acciones complementarias para esta transición tecnológica. La ENME debe establecer metas ambiciosas, alineadas al Pacto de Glasgow, en donde se acuerda impulsar que un 50% de las ventas de vehículos ligeros y pesados sean eléctricos o híbridos enchufables para 2030, y el 100 % para 2050. Siete millones de muertes anuales en el mundo están directamente vinculadas con la mala calidad del aire. México no es ajeno a esta realidad: el transporte es responsable
El agua: un vínculo profundo entre la naturaleza y la sociedad
Noticias El agua: un vínculo profundo entre la naturaleza y la sociedad Omar García Castañeda, especialista en modelación y estudio de sistemas socio-ecológicos, colaborador de Iniciativa Climática de México (ICM). México alberga cerca del 10% de la biodiversidad mundial, y gran parte de ella depende directamente de la presencia del agua. Allí donde el agua fluye en ríos, o se concentra en lagunas, humedales o acuíferos se organiza la vida: peces que desovan en estuarios; manglares que funcionan como guarderías de múltiples especies marinas y vegetación especializada, que regula los flujos hídricos. Al mismo tiempo, estos ecosistemas sostienen medios de vida humanos como la pesca artesanal, la agricultura de riego, el turismo de naturaleza y el abastecimiento de agua para comunidades y ciudades. Sin embargo, esta relación fundamental suele permanecer invisible en las discusiones públicas. Con frecuencia se habla del agua como un recurso escaso que debe administrarse, y no como el sistema vivo que sostiene ecosistemas y sociedades. Reconocer esta interconexión es el punto de partida para repensar la forma en la cual entendemos la conservación de la biodiversidad, el clima y el bienestar humano. La arquitectura invisible de los ecosistemas Los ecosistemas dependen del agua para mantener su estructura y funcionamiento. La disponibilidad, calidad y temporalidad del agua determinan qué especies pueden habitar un territorio y qué procesos ecológicos pueden desarrollarse. En este sentido, ríos, lagunas y humedales funcionan como nodos de biodiversidad al concentrar agua, nutrientes y refugio que permiten la interacción de múltiples especies y el desarrollo de procesos ecológicos clave para el mantenimiento de la biodiversidad y el funcionamiento de los ecosistemas. Uno de estos procesos ecológicos es la alta productividad biológica que se genera cuando los nutrientes transportados por el agua se acumulan en estos ambientes acuáticos, favoreciendo el crecimiento de algas, plantas acuáticas y microorganismos que sostienen complejas redes alimentarias. Esta productividad ecológica permite que desde invertebrados y peces hasta aves y mamíferos encuentren alimento y condiciones adecuadas para completar sus ciclos de vida. Cuando estos sistemas se degradan por contaminación, sobreexplotación o cambio de uso de suelo, las consecuencias ecológicas pueden ser profundas y duraderas. Por ejemplo, a escala global los ecosistemas de agua dulce se encuentran entre los más amenazados del planeta. Se estima que más del 85 % de los humedales del mundo se han perdido desde el siglo XVIII (IPBES, 2019), una de las transformaciones ambientales más aceleradas registradas en la historia reciente. La desaparición de estos ecosistemas reduce la capacidad del paisaje para almacenar y filtrar agua, recargar acuíferos y regular inundaciones y sequías. Degradación hídrica y desigualdad social En México, existen 653 acuíferos, de los cuales alrededor de 111 se encuentran sobreexplotados. Esta presión sobre los recursos hídricos se combina con el cambio climático, que intensifica sequías, altera los patrones de precipitación y aumenta la frecuencia de eventos hidrometeorológicos extremos. Las consecuencias de esta degradación no se distribuyen de manera equitativa. Las comunidades con menor acceso a infraestructura hídrica o cuya economía depende directamente de actividades primarias como la agricultura, suelen ser las más vulnerables a la disminución o deterioro de los recursos hídricos. En México, aunque la mayoría de la población cuenta con agua entubada, sólo alrededor del 43 % tiene acceso a servicios de agua potable gestionados de forma segura; disponibles cuando se necesitan, libres de contaminación y dentro de la vivienda. En este contexto, la gestión del agua se convierte también en una cuestión de justicia ambiental. Reconocer el agua como sustento de la biodiversidad, de los ecosistemas y de las comunidades permite replantear la forma en que se diseñan las políticas ambientales y climáticas. La conservación de ecosistemas no es solo una estrategia de protección ambiental: es una inversión en resiliencia climática, seguridad alimentaria y desarrollo territorial sostenible. En un contexto de cambio climático y creciente presión sobre los sistemas naturales, reconocer esta interdependencia se vuelve indispensable. El agua articula procesos ecológicos, economías locales y formas de vida que dependen de ecosistemas funcionales. Entender este vínculo no sólo redefine la manera en que pensamos la conservación, sino también la forma en que construimos sociedades más resilientes frente a los desafíos del futuro. Texto publicado en: Forbes, 26 de marzo de 2026, https://forbes.com.mx/el-agua-un-vinculo-profundo-entre-la-naturaleza-y-la-sociedad/ Facebook Twitter LinkedIn
Clima, desigualdad y derechos:¿Qué significa hablar de justicia climática?
Noticias Clima, desigualdad y derechos: ¿Qué significa hablar de justicia climática? Lisbeth Camacho, gerente de transición energética justa y justicia climática Florencia García, analista en transición energética justa y justicia climática Miriam Silva, analista en transición energética justa y justicia climática Durante años usamos el concepto de calentamiento global para describir el aumento sostenido de la temperatura promedio del planeta. Más adelante comenzamos a utilizar el término cambio climático, que permitió comprender que el problema no se limita al incremento de la temperatura, sino que implica transformaciones profundas del sistema climático: alteraciones en los patrones de lluvia, fenómenos extremos como huracanes más intensos, sequías prolongadas y olas de calor más frecuentes. Estas alteraciones provienen de un modelo energético y productivo basado en la quema de combustibles fósiles, que ha incrementado de manera sostenida la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera. Sus efectos impactan de manera desigual a personas y ecosistemas, alterando ciclos naturales y poniendo en riesgo a múltiples especies. Por eso, hablar únicamente de cambio climático ya no es suficiente para entender la complejidad del fenómeno. Hoy el concepto de crisis climática nos permite comprender que estos fenómenos rebasan lo ambiental. No estamos ante un episodio aislado, sino ante las consecuencias acumuladas de decisiones económicas y políticas que siguen sosteniendo un modelo de desarrollo que concentra beneficios y distribuye riesgos de manera desigual. No se trata únicamente de reducir toneladas de carbono, sino de preguntarnos quién se benefició del modelo de desarrollo y quién está pagando sus consecuencias. Pero entender la crisis climática sin la variable de justicia, también resulta incompleto. La justicia climática reconoce que, dentro de esta crisis, no todas las personas han contribuido de la misma manera a la acumulación histórica de emisiones ni cuentan con la misma capacidad para enfrentar sus impactos. Quienes menos han emitido suelen ser quienes más sufren: pierden su vivienda ante un huracán, su cosecha ante la sequía o su salud ante el calor extremo. Además, reconoce que la crisis deteriora bienes comunes: bosques que regulan el agua, manglares que protegen las costas, suelos fértiles que sostienen la producción de alimentos y mares cuya biodiversidad garantiza equilibrio ecológico y sustento para comunidades enteras. Cuando la biodiversidad se erosiona, no solo desaparecen especies, se debilitan las redes que sostienen la vida y las economías locales. La dimensión de género no puede ignorarse. Hablamos de justicia climática cuando comprendemos que lo que está en juego no es sólo la temperatura promedio del planeta, sino la posibilidad real de ejercer derechos fundamentales para sostener la vida. El derecho a la vivienda se debilita cuando los eventos extremos se intensifican; el derecho al agua se tensiona cuando las sequías se prolongan; el derecho a la salud se compromete ante olas de calor cada vez más frecuentes. El derecho a un medio ambiente sano se pone en riesgo cuando los ecosistemas pierden su capacidad de regenerarse. La vulneración de estos derechos no depende solo de la intensidad de los fenómenos, sino de las condiciones sociales y económicas de cada persona. Esto marca la diferencia entre recuperarse en meses o quedar en precariedad durante años. La dimensión de género no puede ignorarse. En contextos de escasez o desastre, son con frecuencia las mujeres quienes asumen mayores cargas de cuidado y sostienen la reconstrucción comunitaria. Sin embargo, su trabajo sigue sin reconocerse y sus voces permanecen subrepresentadas en los espacios de decisión. Desde una perspectiva interseccional, también es necesario reconocer que pueblos originarios y comunidades afromexicanas han sido sistemáticamente desplazados de estas decisiones, mientras sus saberes se invisibilizan y sus territorios se convierten en escenario de proyectos que no siempre les benefician ni respetan su autonomía. Precisamente porque la crisis se vive de forma desigual y se entrecruza con múltiples vulnerabilidades, la respuesta debe ser integral y de largo plazo. Se requieren políticas que reduzcan emisiones de manera planificada, sin trasladar los costos de la transición a quienes ya enfrentan mayores desventajas, y que garanticen la participación vinculante de las comunidades más impactadas en las decisiones sobre su territorio. Democratizar la política climática es condición para que las soluciones sean legítimas y efectivas, y para fortalecer la organización colectiva y la voz de quienes históricamente han sido excluidos. Ante este panorama, debemos repensar el modelo de desarrollo. No es sostenible medir el éxito únicamente en términos de crecimiento económico cuando ese crecimiento depende de actividades que profundizan la crisis climática, amplían las brechas sociales y deterioran los sistemas naturales que hacen posible la vida. Las decisiones para el desarrollo deben alinearse con la protección de la vida, la equidad y el bienestar colectivo. Y aunque el reto es enorme, también lo es la capacidad de respuesta social. La esperanza no está en promesas vacías, sino en lo que ya ocurre en muchos territorios: organización colectiva que permite la defensa del agua, el cuidado de los ecosistemas y respuestas solidarias ante los riesgos. Si esa fuerza se acompaña de decisión institucional y de una inversión clara en alternativas sostenibles, podemos reducir emisiones, fortalecer la resiliencia y construir un futuro más digno para todas y todos. Texto publicado en: Animal Político, 26 de febrero de 2026, https://grupoanimal.mx/opinion/clima-desigualdad-derechos-justicia-climatica Facebook Twitter LinkedIn