Autoría: Lis Camacho, Dahely Castelán, Rafael Fonseca, Viridiana González, July Puentes y Ana Tamborrel La emergencia climática, la desigualdad, las condiciones de alta vulnerabilidad y los compromisos climáticos, son algunos de los factores por los que México debe implementar con urgencia medidas de mitigación y adaptación al cambio climático. México se ha comprometido a reducir emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en un 35% de forma no condicionada a financiamiento internacional para el año 2030 en su Contribución Determinada a nivel Nacional (NDC, por sus siglas en inglés) vigente. No obstante, para alcanzar esta meta el país enfrenta un enorme reto para lograr la descarbonización de los sectores que más contribuyen al cambio climático y son altamente dependientes de los combustibles fósiles. En específico, el sector eléctrico es uno de los que más contribuye a las emisiones de GEI pues la generación de electricidad es responsable de cerca del 20% de las emisiones totales del país (SEMARNAT & INECC, 2023), y de las cuáles el 69% son generadas por fuentes fósiles, como el gas fósil, combustóleo, carbón y diésel. En este contexto, la Transición Energética Justa (TEJ) se presenta como una oportunidad para impulsar la transformación de un modelo energético basado en los combustibles fósiles a uno descarbonizado, al mismo tiempo que busca abordar las desigualdades estructurales y las injusticias climáticas y energéticas. Esto implica reconocer, mitigar y remediar los impactos diferenciados que ha dejado la dependencia a los combustibles fósiles y distribuir equitativamente costos y beneficios derivados de la transición. Ahora, ante la urgencia climática que estamos viviendo, existen múltiples perspectivas sobre cómo abordar los desafíos que enfrentamos en el sector energético. La diversidad de los territorios y de las poblaciones locales en México han planteado discusiones enriquecedoras sobre las distintas formas de emprender procesos de transición energética. Reconociendo esta diversidad y sin pretender simplificarla, la Iniciativa Climática de México busca con este artículo ofrecer una conceptualización inicial sobre la transición energética justa, partiendo de la premisa de que este concepto debe discutirse a partir de un proceso colectivo y abierto. ICM define la TEJ como un proceso gradual y participativo de transformación de un modelo energético basado en los combustibles fósiles a uno descarbonizado, que busca atender la emergencia climática, reducir las desigualdades estructurales y mejorar el bienestar y calidad de vida de las personas, al mismo tiempo que reduce las emisiones de GEI y otros contaminantes. Esto implica: La TEJ no es un proceso aislado y reconoce que el sistema energético se encuentra interrelacionado con otros sistemas sociales y ecológicos. Abordar la transición de un sistema eléctrico desde una perspectiva de justicia implica reconocer sus dimensiones sociales, políticas y ambientales, e identificar cómo, dónde, quién y para quién se produce la energía, cuestionando también la forma en que se consume, distribuye y transmite la energía, así como quién toma las decisiones, quiénes se benefician y cómo impacta en los esfuerzos para atender el cambio climático. La TEJ es un proceso que permite generar un diálogo entre las acciones de mitigación de GEI, la política energética y el desarrollo socioeconómico regional y nacional, con un enfoque de género, inclusión social y técnicamente viable. Para garantizar que una transición sea realmente justa es esencial contemplar de manera integral los posibles impactos específicos y diferenciados en las regiones y sectores de la sociedad donde se llevará a cabo este proceso y cuáles serían sus resultados. Esto implica garantizar espacios de participación significativa y de toma de decisiones, centrados en las personas y comunidades directamente afectadas, incorporando enfoques territoriales, ambientales, de derechos humanos, de género, étnicos e interculturales. Para asegurar estas condiciones, es necesario definir colectivamente los principios y acciones prioritarias que regirán la TEJ en el país y contar con mecanismos institucionales que permitan la coordinación y corresponsabilidad entre los sectores involucrados en los procesos inherentes de la transformación de la matriz eléctrica. Así, la transición energética justa también representa una oportunidad única para lograr una verdadera transformación que contribuya a cerrar las brechas de desigualdad, siempre que se aborde como un ejercicio de desarrollo socioeconómico participativo y equitativo donde todos los sectores de la sociedad sean parte activa del proceso y se garantice la plena incorporación de los derechos humanos de los grupos en situación de vulnerabilidad en estos esfuerzos. Estos enfoques coinciden con el enfoque de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), que hace un llamado a fomentar estrategias de transición sensibles al género para la mitigación y adaptación, que tengan como principios proteger, respetar y promover los derechos humanos, así como buscar el empoderamiento económico, el acceso al trabajo decente, la educación, medios de vida sostenibles y sistemas de protección social inclusivos y sensibles al género. Asimismo, para garantizar una transición energética justa se requiere asegurar que existan mecanismos de transparencia y rendición de cuentas que garanticen acceso equitativo a la información pública, asequible y efectiva así como instrumentos que permitan dar seguimiento a los resultados, beneficios e impactos de los proyectos energéticos. Todo esto con el propósito de establecer condiciones que brinden una base sólida para la colaboración y el trabajo conjunto hacia un futuro energético más justo y sostenible. Por lo anterior, se entiende que la TEJ es un proceso que busca ajustar el rumbo del desarrollo del país hacia un futuro descarbonizado, garantizando procesos justos que contribuyan a mejorar de manera significativa el bienestar y la calidad de vida de la población, sin profundizar las desigualdades estructurales y las injusticias climáticas y energéticas, al mismo tiempo que se garantiza el cumplimiento a los compromisos nacionales e internacionales que tiene México en relación al cambio climático, como es el caso del Acuerdo de París, mediante su NDC, además de la Ley General de Cambio Climático y la Ley de Transición Energética. Para poder cumplir con los compromisos climáticos de México es urgente encaminarnos hacia la descarbonización del sector eléctrico desde una perspectiva de justicia, lo cual implica que la transición energética no solo reduzca las emisiones, sino
