por José R. Morales
jose.morales@iniciativaclimatica.org
La crisis de pérdida de la diversidad biológica, entre ella de los ecosistemas, es un problema que se entrelaza profundamente con la crisis del cambio climático. Por un lado, la permanencia y restauración de los ecosistemas son indispensables para que México alcance una ruta realista de emisiones neta cero a mediados de siglo; por el otro, los ecosistemas proveen de beneficios a la sociedad por las funciones naturales que realizan como la regulación del microclima, control de enfermedades, vínculos recreativos o espirituales con la sociedad, provisión de agua, alimentos, entre otros. Una de las herramientas de política pública utilizada ampliamente en el mundo para su conservación son las áreas protegidas.
En México la estrategia de conservación de la biodiversidad a nivel gubernamental se ha centrado en la declaración de estas áreas, las cuales se definen como «zonas… en donde los ambientes originales no han sido significativamente alterados por la actividad del ser humano o que requieren ser preservadas y restauradas…» (Congreso de la Unión, 2023). Hasta mayo de este año, México contaba con 187 áreas protegidas de carácter federal y una cobertura de 10.9% de la superficie terrestre nacional —21.5 millones de hectáreas— y 22.0% de la superficie marina nacional —69.5 millones de hectáreas— (CONANP, 2023a). Sin embargo, de estas sólo 121 cuentan con un programa de manejo, de los cuales 32 tienen más de 15 años desde su diseño.
El programa de manejo es el instrumento, que además de la descripción del área protegida, establece las acciones a realizar en el corto, mediano y largo plazo en el territorio, distribuye responsabilidades y se diseña de acuerdo con el contexto político y social del momento. El Gobierno cuenta con un año, a partir de la declaración del área protegida, para la formulación del programa de manejo (Congreso de la Unión, 2023). En términos de superficie significa que alrededor de 1.1 millones de hectáreas del territorio nacional marino y 5.6 millones de hectáreas terrestres decretadas como áreas protegidas cuentan con un decreto pero no con un programa de manejo.
Esta condición, se suma a las 7.2 millones de hectáreas terrestres (111 áreas) y 65.6 millones de hectáreas marinas de áreas protegidas (9 áreas) que no se encuentran registradas en el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas, con lo cual no se garantiza un equipo operativo o administrativo. Es decir, que sólo 76 áreas protegidas en México, 17.9 millones de hectáreas de las casi 91 millones, mantienen cierta operación en territorio que intenta la conservación, gestión y restauración de los ecosistemas. El resto puede catalogarse como «parques de papel», al contar con un decreto pero sin garantizar su operación y la cogestión con las comunidades que en ellas habitan (CONANP, 2023a).
La Comisión Nacional de Áreas Protegidas (CONANP), responsable de la administración de las áreas protegidas en México, cuenta con tres principales fuentes de financiamiento público para su operación en territorio: el Programa de Conservación y Manejo de Áreas Naturales Protegidas (E016), ejecutado por la misma institución; el Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible (S046), ejecutado por habitantes de las comunidades; y el Programa para la Protección y Restauración de Ecosistemas y Especies Prioritarias (U040), ejecutado por terceros especializados.
En el 2023, se designó en el presupuesto público de la federación 131,853,525 pesos para el E016 y 359,397,474 pesos para los programas que dependen de terceros, comunitarios o especializados (46.7% para el PROCODES y 53.3% para el antiguo PROCER) (SHCP, 2023b). En otras palabras, son 5.4 pesos por hectárea que se ejecutan a través de estos programas para «evitar» las crisis de pérdida de diversidad biológica y cambio climático en las áreas protegidas de carácter federal. De los cuales, 1.5 pesos son ejecutados directamente por la CONANP en cada hectárea.
En el 2022, México presentó la actualización de su Contribución Determinada a nivel Nacional, donde pasó de un compromiso nacional de mitigación de 22 a 35% de reducción de emisiones con respecto a una línea base. Uno de estos nuevos compromisos fue el incremento de la superficie de áreas protegidas, 2 millones de hectáreas más al 2030 (INECC, 2022). En la conferencia matutina del pasado jueves 5 de octubre, el Presidente Andrés Manuel reafirmó su aspiración de ser la administración federal con mayor número de áreas protegidas decretadas (Gobierno Federal, 2023). Con este objetivo, en el transcurso del 2023 se han decretado 17 áreas naturales, la primera en mayo (4,843.6 hectáreas), trece en agosto (22,761.6 hectáreas) y tres en septiembre (640,115.6 hectáreas).
Actualmente, México cuenta con 203 áreas protegidas, siendo decretadas 20 nuevas áreas en esta administración con una superficie total de 767,526.09 hectáreas. La titular de la SEMARNAT ha declarado que esperan alcanzar 225 áreas protegidas de carácter federal al finalizar la administración, con un incremento de cerca de 3 millones de hectáreas a la superficie actual. Pese a los esfuerzos en el aumento de la superficie, el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2024 contempla una reducción porcentual para el próximo año de -4.4% en los programas presupuestarios que son ejecutados en las áreas protegidas (SHCP, 2023a). Es decir, con el incremento de la nueva superficie hasta inicios de octubre, por cada hectárea la CONANP operará con 28 centavos menos de su ya de por sí austero presupuesto.
El incremento de la superficie como área protegida no garantiza su efectividad si no está directamente vinculado con un incremento en el financiamiento para la operación, gestión y bienestar de la biodiversidad y de las comunidades que en ellas habitan. El presupuesto anual mínimo considerado en algunos estudios para garantizar la conservación de las áreas protegidas es alrededor de 300 pesos por hectárea (McCarthy, 2013), el Gobierno Federal asigna el 1.7% de este monto. De continuar esta tendencia, incremento de superficie sin financiamiento, las Direcciones de las áreas protegidas reportarán resultados en el umbral del marco legal, pero sin lograr los objetivos de conservación.
México requiere integrar de manera clara las diferentes estrategias de conservación —áreas protegidas, áreas voluntarias, unidades de manejo de vida silvestre, etc— en la agenda pública, aceptando que históricamente la naturaleza ha subsidiado gran parte de la economía nacional. En el cierre de la actual administración, el Presidente y la titular de la SEMARNAT dejarán las áreas protegidas de México en uno de dos posibles caminos, el primero donde las áreas protegidas operan con menos de 5 pesos por hectárea, 9.7 millones de hectáreas sin planeación y 75.8 millones hectáreas no registradas en el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas. O tienen la oportunidad de mandar un mensaje claro: en esta era de ebullición, y ante la crisis de pérdida de biodiversidad, México necesita menos parques de papel.
Referencias
Congreso de la Unión. 2023. Ley general del equilibrio ecológico y la protección al ambiente. Última Reforma DOF 08-05-2023. Consultado en: https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGEEPA.pdf
CONANP. 2023a. Áreas Naturales Protegidas. Consultado en: https://www.gob.mx/conanp/documentos/areas-naturales-protegidas-278226
Gobierno Federal. 2023. Conferencia matutina del 5 de octubre del 2023. Consultado en: https://www.youtube.com/watch?v=T0ijouA1nbw
INECC. 2022. Contribución determinada a nivel nacional: actualización 2022. Consultado en: https://unfccc.int/sites/default/files/NDC/2022-11/Mexico_NDC_UNFCCC_update2022_FINAL.pdf
Mccarthy, D. 2013. Costing conservation. Significance, 10(1), pp. 9–13. Consultado en: https://academic.oup.com/jrssig/article/10/1/9/7028852
SHCP. 2023a. Paquete económico 2024. Consultado en: https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/Infografia_PPEF_2024
SHCP. 2023b. Portal de transparencia presupuestaria. Consultado en: https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/